El miércoles 23 de septiembre, se conmemora el día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas, fecha instaurada desde 1999 por la Conferencia Mundial contra el Tráfico de Personas. El tráfico y la trata con fines de explotación sexual es considerada la esclavitud del siglo XXI. Sus principales víctimas son mujeres, niñas y niños. Es un grave problema íntimamente ligado a las guerras, a la feminización de la pobreza, a la inmigración y a la delincuencia organizada, entre otros factores, y sus víctimas son sometidas a falta de libertad, a las amenazas, la extorsión, la violencia e, incluso, la muerte.
Se estima que cada año, 1.8 millones de personas en el mundo son víctimas de este delito, cuyas víctimas son principalmente mujeres, niñas y niños, siendo el segundo delito y el negocio transnacional más lucrativo y rentable del mundo, después del tráfico de drogas, armas y órganos.
Delitos dirigidos por mafias organizadas y que, según informes de Naciones Unidas, las ganancias superan más de 40 mil millones de dólares; dinero generado a costa del sacrificio, la vida, la dignidad y la libertad de mujeres, niñas y niños, atrapados en la aldea global del mercado sexual, a quienes se les violenta impunemente, frente a la tolerancia social y de los Estados, sus más elementales derechos humanos.
Panamá no escapa a este grave fenómeno, pues es un país de origen, tránsito y destino de la trata y el tráfico. Sin embargo, la indiferencia social y la tolerancia estatal son factores que contribuyen a seguir manteniendo este inhumano comercio, que no disminuye y que no ha sido abordado de manera eficaz.
De allí la importancia de quienes luchamos contra la violencia hacia las mujeres, niñas y niños, de insistir en la denuncia, en el reclamo, en la sensibilización a todos los sectores, para que de manera efectiva trabajemos por eliminar este flagelo. Como lo dice la activista camboyana y víctima de la trata, Somaly Mam: “ La compraventa de seres humanos y la concepción de la mujer como objeto de consumo son contrarias a la dignidad humana, aunque medie consentimiento”.
La autora es abogada
