La censura impuesta por el Tribunal Electoral a sendas cuñas políticas televisivas bien merece el calificativo de disparate de año. Vaya estreno nacional que se ha dado el Fiscal Electoral. Si esto se da sin siquiera haber arrancado propiamente la contienda presidencial, imagínense lo que viene.
En primer lugar, es evidente un total desconocimiento de la práctica política moderna. No me cabe duda alguna de que el Fiscal Electoral está lleno de buenas intenciones. Pero esas intenciones legales debería acompañarlas con algo de contexto político en torno a lo que es posible hacer o no. Las llamadas campañas sobre el pasado (negativas, si así las queremos llamar) son totalmente legítimas siempre que no entren en la injuria.
Porque una cosa muy distinta es calificar personalmente a un funcionario o político, y otra denunciar que nunca presentó un proyecto de ley o que se opuso a tal o cual iniciativa. El electorado tiene pleno derecho a recibir información en relación con posiciones políticas e iniciativas que en el pasado tomaron los candidatos o gobiernos por los cuales votaron. No se trata aquí solo de que el aspirante demuestre lo bueno que llegará a ser, sino también de que el que se reelige pruebe que lo fue. Es muy peligroso confundir, reitero, campaña sucia con negativa. Lo negativo es completamente legítimo, así no nos guste.
El que usa esa táctica atenderá sus consecuencias. Lo sucio entra en lo personal, en la mentira, en la injuria. En este sentido, todavía no hemos sabido de ninguna acción similar del Fiscal Electoral/Tribunal Electoral para detener la enorme campaña sucia que se desarrolla (de lados y lados) a través de anónimos y direcciones de correos electrónicos falsas. Solo hace unos días, por ejemplo, McCain sacó al aire un aviso en el que retrataba –basado en su récord público– a Obama como una vacía estrella de rock comparable a Paris Hilton y Britney Spears. Como es natural, la campaña de Obama contestó el ataque, pero a nadie en esa democracia se le ocurrió sugerir siquiera que se sacara el anuncio del aire. Habría sido un exabrupto, como lo es esto que ha ocurrido acá.
El otro disparate es aquello de que el “derecho a uso de la imagen” prohíbe utilizar sin su autorización video o fotografías de un político o funcionario. Abrir esa puerta es crear la posibilidad de que mañana nadie pueda informar sobre una persona al no contar con su permiso. Tremendo en una época en que la tecnología está democratizando el acceso a los medios de información. ¿Hay que tener permiso para utilizar las fotografías en que un legislador mostró un fajo del billetes en el caso Cemis? ¿Acaso el electorado no tiene derecho a saber dónde se congelaban los “durodólares”? Las imágenes que se generen como consecuencia de la función pública nunca deberán estar sometidas a ningún tipo de autorización. Eso le pertenece al Estado, que somos todos.
La medida del Tribunal Electoral, por otro lado, claramente se tomó pensando en los intereses de los candidatos, no en los del electorado. Eso pone de manifiesto de qué lado están las instituciones del país. ¿Quién defiende a los ciudadanos de la avalancha de publicidad exterior mal colocada que sufrimos todos los días?
Otro elemento a considerar, y que sorprende bastante, es la ingenuidad del comando de campaña de la ingeniera Herrera. Porque lo único que han hecho con solicitar la censura es precisamente lo que sus adversarios más buscaban: trasladar la presión a Herrera y resucitar la campaña de Navarro. Casi todos los espacios de opinión están discutiendo el tema; la noticia crece y crece. No han conseguido otra cosa que “ponerle patas a la historia”, amplificar el efecto de las cuñas y convertir a Navarro en víctima (y de paso, a Herrera en victimaria). Además, terminaron descalificando la posibilidad de contarle al electorado sobre algunos pendientes de la gestión alcaldicia de Navarro. ¿Nos queda alguna lección de todo esto? Pues que las campañas políticas se manejan con la cabeza, no con el corazón.
El autor es periodista.
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