Hace mucho que la delincuencia ocupa uno de los principales lugares en las preocupaciones de los panameños. En su columna del 25 de agosto de 2007, publicada en este diario, el Dr. Carlos Iván Zúñiga señaló: “Para los inversionistas nacionales y extranjeros esa inseguridad que origina el crimen es más peligrosa y negativa que un día de huelga de trabajadores”.
Los gobiernos panameños han permitido que la criminalidad continúe creciendo, inclusive fomentándola a través de las actuaciones delincuenciales de muchos funcionarios. La intromisión de la política en los procesos judiciales también contribuye al agravamiento de la inseguridad ciudadana, lo mismo que la penetración del crimen organizado en la fuerza pública.
Como lo demuestran las estadísticas, los homicidios van en aumento. Según el Ministerio Público, en 2018 se produjeron 439 asesinatos, lo que representa una tasa de 10.5 por cien mil habitantes. Esta cifra se elevó a 480 en 2019 (11.3 por cien mil habitantes) y 500 (11.6) en 2020.
El Ministerio Público informó de 89 asesinatos entre enero y febrero de 2021 (https://ministeriopublico.gob.pa/estadisticas-judiciales/homicidios/=).
A este ritmo, terminaremos 2021 con 534 asesinatos (12.3 por cien mil habitantes). Si bien estas cifras son más bajas que en otros países de la región, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) considera que una tasa superior a 10 homicidios por cada cien mil habitantes revela condiciones de criminalidad epidémica.
Desde hace mucho tiempo, los funcionarios a cargo de la seguridad pública sostienen que la mayoría de los homicidios están relacionados con la mafia internacional. Panamá continúa siendo punto de transbordo de narcóticos y su centro bancario sigue recibiendo señalamientos de vulnerabilidad al blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, por parte de Estados y organismos extranjeros.
La oficina estadounidense de Asuntos relacionados con Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (U.S. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) destaca el uso de las aguas territoriales y costas de Panamá, así como su frontera con Colombia, por parte de grupos criminales que trafican personas y estupefacientes. También menciona el uso de contenedores que cruzan el canal por parte de organizaciones delictivas dedicadas al contrabando de drogas y otros artículos.
Los grupos delincuenciales, asegura el informe, “explotan la ubicación estratégica de Panamá, la economía dolarizada y las leyes favorables e inadecuadamente aplicadas para lavar el producto de actividades ilegales a través del contrabando de dinero en efectivo, empresas fantasmas y las zonas de libre comercio de Panamá” (traducción del autor) (https://www.state.gov/bureau-of-international-narcotics-and-law-enforcement-affairs-work-by-country/panama-summary/).
Ciertas áreas urbanas, especialmente en distritos marginales, así como islas y litorales, están controlados por bandas criminales locales y mafias de la droga. El Ministerio de Seguridad aduce haber identificado al menos 159 pandillas en todo el país, principalmente en las provincias de Panamá (90), Colón (33) y Chiriquí (19) (La Prensa, 11 de enero de 2021).
La policía se muestra renuente a intervenir contra el pandillerismo por temor a represalias o porque hay vínculos entre funcionarios (incluyendo miembros de la fuerza pública) y las bandas criminales. El descubrimiento de un cargamento de droga ilícita en posesión del gobernador de Guna Yala, en septiembre de 2020, puso de relieve las conexiones entre funcionarios y organizaciones ilegales (La Prensa, 15 de septiembre de 2020).
Más recientemente, se informó acerca del desmantelamiento de una red criminal que tenía entre sus asociados a un “subteniente de la Policía Nacional, quien se encargaba de dar seguridad, abrir retenes y escoltar automóviles que transportaban las drogas” (La Prensa, 11 de abril de 2021).
El Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos (U.S. Department of State Overseas Security Advisory Council, OSAC) ha catalogado a la ciudad de Panamá como un lugar de alto riesgo. Su más reciente informe sobre delincuencia y seguridad (2020) también advirtió sobre actividades delictivas en áreas urbanas de Chiriquí, Colón y Herrera.
Lugares como la ciudad de Colón, el distrito de San Miguelito y áreas del distrito de Arraiján, junto a sectores de la ciudad capital como Curundú, El Chorrillo, partes de Calidonia, Juan Díaz, Panamá Viejo, Pedregal, Río Abajo y Santa Ana, son considerados sectores de alta peligrosidad, caracterizados por “mayor actividad de pandillas con menor presencia policial”. Además, OSAC destacó la presencia de organizaciones criminales en Darién y la costa del Golfo de los Mosquitos, sobre el Mar Caribe (https://www.osac.gov/Country/Panama/Content/Detail/Report/1d98be31-437c-4d89-9cb7-1836ec6e8188).
Según la Contraloría General de la República, la población estimada combinada de estas áreas al 1 de julio de 2020 era de 1 millón 14 mil 224 personas, lo que representa el 24% de la población estimada de la república a esa fecha. Estas áreas cubren aproximadamente el 29% del territorio del país.
Evidentemente, el crimen organizado hace de las suyas en Panamá, poniendo en riesgo la seguridad pública y mermando considerablemente nuestras posibilidades para salir adelante, entre otros aspectos, por su efecto negativo sobre la inversión privada, como lo señaló el Dr. Zúñiga. Pero, en vez de priorizar el combate a la delincuencia, la fuerza pública se dedica a hostigar a las personas que no tienen puesta la mascarilla y a coimear a los conductores desprevenidos.
¿Dónde está la hoja de ruta del Sr. Cortizo para mejorar la seguridad pública? Su ilustrado gobierno, en vez de contribuir a la solución, agrava el problema.
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.
