Es un hecho irrefutable que el mundo jurídico está en permanente evolución; que el futuro nunca es lo que el pasado fue (aunque sobre este se construya); que es dinámico; progresivo; y como decía Einstein “lo único permanente en el tiempo es el cambio” y que, una vez logrado un fin, aparecen nuevos fines. Así hasta hace poco el cannabis sativa o marihuana, era mayoritariamente ilegal y por tanto combatida en todo aspecto, vale decir, plantación, distribución (tráfico) y consumo.
Hoy ya no es tan así. Países como Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Argentina, Uruguay, por mencionar algunos, legislaron incorporando leyes menos restrictivas y hasta permisivas en algunos casos, incluyendo el denominado consumo recreativo. Durante mucho tiempo, el ilegal negocio de la marihuana implicaba recodos lóbregos, miradas solapadas y pacas o fardos moldeados a según fuese la forma más eficiente para su ilegal ingreso al mercado en la mira.
De repente todo cambió, en especial por los resultados de investigaciones científicas serias, que mostraron los beneficios médicos de la planta y como consecuencia de lo anterior; los productos cannábicos aprobados para uso medicinal y recreativo en algunos Estados de los Estados Unidos y Canadá, generando consecuencias inesperadas, desde el sector económico hasta el jurídico y financiero.
El mercado asoma prometedor, pues se especula que el gasto mundial en productos de cannabis se habrá más que duplicado a $32 mil millones de dólares en el 2020. Inclusive, recientemente compañías de productos elaborados de cannabis tienen presencia en una bolsa de valores en los Estados Unidos, lo cual representa un hito para la industria.
Panamá sin embargo pertenece a las jurisdicciones en donde aún constituye delito en distintos grados el consumo, tráfico o cultivo de cannabis.
Dicho lo anterior, aparece la dicotomía jurídica a la que hacíamos referencia al principio de nuestro escrito. Imaginen que una sociedad panameña, decidiera incursionar y participar del negocio del cannabis en las jurisdicciones en donde se permita la exportación de la droga, obviamente hacia países que así lo permitan. Por ejemplo; esta sociedad panameña, se adjudica por licitación licencias para la exportación de cannabis desde Colombia hacia California, Alaska, Colorado, Maine, Massachussets, Nevada, Oregón, Washington y Vermont (Estados de los Estados Unidos que moldearon en alguna medida sus leyes con respecto al cannabis) obteniendo de paso dicha sociedad, ingentes ganancias, lucrando de un negocio que, si bien es legal en las jurisdicciones en que se perfecciona, conlleva la disrupción, choque o enfrentamiento con las leyes del país del cual es originaria. Pero sigamos. Varios serán los problemas que deberá enfrentar nuestra ficticia sociedad. El primero sería cómo repatriar las utilidades generadas, dado que el cannabis sigue siendo ilegal según la ley federal, y los bancos se muestran reacios en la apertura de cuentas bancarias.
En materia tributaria, por ser una sociedad offshore que no realiza operaciones que se perfeccionan o surtan sus efectos dentro de la República de Panamá, no tendría que pagar tributo alguno; únicamente estaría obligada a llevar registros contables y documentación de respaldo en cualquier lugar que determinen sus organismos de administración.
Concluimos expresando que la libertad de empresa consagrada y desarrollada en el título X de nuestra carta magna es por sobre todo un principio de economía de mercado que reconoce la iniciativa privada. No se trata de asentir un derecho indiscriminado para acometer cualquier empresa, sino el de fortalecer y mantener libre la actividad empresarial cuyo ejercicio está regulado por la normativa aplicable, en este caso, el derecho internacional público y privado.
“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida.” Woody Allen
El autor es miembro de la Fundación Libertad
