Que los estadounidenses quieren tener presencia militar en Panamá es harto conocido. Trataron con el gobierno del presidente Endara, el de Moscoso y ahora con el del presidente Cortizo, con el Croan. Con el presidente Pérez Balladares fueron más directos: pidieron bases militares para realizar todo tipo de acciones.
Cierto, el consumo de drogas ha desarrollado una actividad altamente lucrativa, impulsa la creación de carteles, la circulación de dinero en todos los sistemas bancarios, la violencia en nuestros barrios,produciendo dolor en familias humildes, y la asimilación a la causa de la mafiocracia de empresarios, políticos, jueces, fiscales, policías, diputados, funcionarios y hasta religiosos.
Esta realidad se viene usando para crear la ilusión de que, incrementando –y legalizando– la presencia militar de Estados Unidos en el territorio nacional, se resuelve el problema. Ilusión sí, pues en Estados Unidos, a sus autoridades no se les ha ocurrido incorporar el ejército en la represión contra este crimen. Cuando lo hicieron en México, desató ríos de sangre, haciendo la medicina peor que la enfermedad.
La creación del Croan no resolverá esta situación. Al contrario, generará problemas que ya fueron resueltos en los Tratados Torrijos-Carter, y nos deja en entredicho ante la comunidad internacional al violar el Tratado de Neutralidad y la Constitución, al permitirse la presencia militar extranjera.
La respuesta al crimen organizado sólo se logra con acuerdos que involucren autoridades civiles y policiales, y a los países envueltos en la producción, transporte y consumo de drogas.
Esa fue la propuesta que hicimos para el CMA, mientras que los negociadores estadounidense insistieron en una base militar, similar al acuerdo sobre el Croan.
Esta propuesta la hicimos al diálogo nacional para debatirla con altura y patriotismo, ya que el documento, conocido después de su firma, no considera los aspectos que perfeccionan los acuerdos internacionales ni toman en cuenta las suspicacias, rechazos y confrontaciones que su contenido genera.
Además, nuestra fuerza pública está preparada para enfrentar estos retos, pues cuenta con los instrumentos legales para actuar con los componentes que la conforman, posee los mecanismos en Panamá y en Estados Unidos, así como con organismos internacionales, para intercambiar información, con las condiciones legales para que las autoridades judiciales investiguen y procesen a quienes delinquen. El equipamiento requerido aparecerá cuando definamos nuestra propia política de seguridad nacional.
Con el patrullaje de fuerzas militares extranjeras en el mar territorial, el control migratorio de autoridades norteamericanas en Tocumen, las oficinas del FBI en Panamá para operar y judicializar casos penales, la injerencia permanente en nuestro sistema bancario y, ahora, con el compromiso adquirido con el Croan, parecemos un Estado fallido, en camino a convertirnos en un Estado en fideicomiso, mediante acuerdos que comprometen a todos los panameños.
El momento es propicio para que el presidente Cortizo suspenda los efectos del acuerdo y permita un debate serio a través del diálogo nacional, en el que las organizaciones políticas, la sociedad civil y el gobierno expongan sus criterios sobre este sensitivo asunto. El PRD se movilizó y rechazó el acuerdo de patrullaje conjunto establecido por Endara y Moscoso; su directorio y su presidente Ernesto Pérez Balladares, rechazaron la presencia militar en el CMA, haciendo valer sus posiciones de principios de sus documentos fundamentales.
Por último, la seguridad nacional es un asunto extremadamente serio que ningún Estado soberano que se precie serlo puede trasladar a otro Estado. Quizá en el norte haya prosperado la idea peregrina de que es propicio el momento, que consideren que la imagen negativa que se ha creado contra Panamá deba aprovecharla para imponernos semejante aberración, aplicando la máxima que a mayor corrupción menor soberanía y más concesiones.
O, como dicen en ciertos corrillos, que los halcones nos conviertan en plataforma de agresión contra otros países del continente que no le son gratos.
Eso no puede ser permitido. Con ello abrimos brechas que ya habíamos cerrado.
El autor es abogado y exministro de Trabajo
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