Sidney Sitton, en nombre de Ricardo Martinelli, amenazó con presentar demandas y secuestros a los principales medios de comunicación, periodistas y ciudadanos a raíz de una noticia por un posible caso de corrupción que hoy está siendo investigado por el Ministerio Público. Esta amenaza llevó al Consejo Nacional de Periodismo, al Forum de Periodistas por la Libertad de Expresión y a la Asociación Panameña de Radiodifusión a realizar una conferencia de prensa en la Cámara de Comercio, para denunciar la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Esta amenaza se suma a decenas de querellas que el expresidente Martinelli ha presentado por calumnia e injuria contra periodistas y ciudadanos por expresar su opinión en medios de comunicación y redes sociales. Hasta la fecha, ninguna de esas querellas ha prosperado, muchas ya han sido archivadas, no sin antes haber expuesto a los querellados a los rigores de un sistema penal.
Durante la dictadura, el gobierno controlaba los medios de comunicación repartiendo a discreción frecuencias de radio y televisión, imponiendo censura previa, cerrando periódicos y persiguiendo a los periodistas que se atrevían a denunciar la corrupción. Hoy es más difícil, el gobierno no controla las redes sociales y literalmente cualquier persona puede denunciar un acto de corrupción y divulgar la información en segundos a una audiencia sin límites.
El control ahora es a través del miedo. Con un sistema de justicia corrupto y débil, es a través de demandas y querellas como quieren controlar la información. Con la excusa de proteger la honra o buscando delitos ambiguos como la violencia de género, la violencia política o el maltrato al menor, los mismos políticos inescrupulosos que hoy no pueden censurar a punta de cierre de medios de comunicación, presentan recursos legales para amedrentar a todo el que los exponga. En el proceso, generan autocensura en quienes no quieren verse subiendo y bajando las escaleras del AVESA por atreverse a expresarse con libertad.
En Panamá no tenemos garantías para ejercer nuestra libertad de expresión y es responsabilidad del gobierno garantizarla. Los cientos de querellas penales presentadas contra medios, periodistas y ciudadanos son el equivalente al cierre de los medios de comunicación que vivimos en la dictadura.
Para proteger la libertad de expresión y el derecho de los panameños de estar informados es imperativo que la Asamblea Nacional apruebe una ley que despenalice la calumnia e injuria, establezca límites a los montos por demandas civiles de calumnia e injuria y elimine la posibilidad de secuestrar medios impresos y digitales. Por otro lado, los diputados deben aprobar una ley que blinde el sistema judicial en contra de la presentación de demandas por delitos ambiguos cuyo fin es coartar la libertad de expresión.
Nunca estaremos de acuerdo con todos los medios de comunicación, sin embargo, solo la diversidad de medios nos garantizará que tengamos el acceso a la información que nos permita formar nuestro propio criterio y tomar decisiones informadas sin manipulación. No es un tema de medios y periodistas, nos toca a nosotros los ciudadanos exigirles a quienes hoy ejercen el poder que respeten la libertad de expresión y nuestro derecho a escoger por que medios nos queremos informar.
La autora es directiva de Movin y copresentadora de Sal y Pimienta.
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