Panamá ocupó el puesto 36 de 180 países en el índice de percepción de corrupción, de Transparencia Internacional en 2019.
La corrupción es una plaga que afecta todas las agendas latinoamericanas. La evidencia de su crecimiento ha sido notoria en un período relativamente breve. Este fenómeno ocupa un lugar destacado en las promesas de campaña y planes políticos.
Es un flagelo que se ha convertido en un obstáculo para la efectividad del sistema democrático, afectando, principalmente, la factibilidad de promover el desarrollo sostenible, mediante políticas públicas.
Una consecuencia del incremento de la corrupción en el país, es una creciente desigualdad social y el debilitamiento de instituciones sociales y políticas. El papel de los “donantes” de campañas políticas en el proceso electoral y el predominio de la cultura proselitista y populista no sólo exacerba la desconfianza entre los ciudadanos, sino que afecta la confianza en las instituciones. La convergencia de estos factores hacen de la región el caldo de cultivo de comportamientos corruptos y del predominio de intereses particulares, sobre los sociales.
La corrupción no sólo ocurre en casos donde están vinculados altos funcionarios o empresarios y millones de dólares. Un acto corrupto tiene la misma gravedad, cuando se hurta un centavo, que cuando lo ocurrido lesiona gravemente el patrimonio nacional y los procesos democráticos.
En las redes sociales, los jóvenes somos los mejores politólogos y expertos en temas sociales. Muchas veces, no nos detenemos siquiera a reflexionar si estamos ejerciendo efectivamente la ética y buena ciudadanía a través de nuestras conductas, aunque nadie nos vea. Es fundamental hacernos una autoevaluación: “debemos ser congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos”. No es correcto decir qué está mal o quién lo hace mal si, al final, nuestros actos nos igualan a quienes señalamos con el dedo.
La percepción de corrupción está influyendo en la manera cómo los jóvenes vemos el presente y el futuro. Se puede afirmar que muchas veces no sabemos identificar la corrupción en nuestros propios actos.
Si como adultos no entendemos y no le explicamos a los niños, que tomar un lápiz o dinero, que no nos pertenece es malo, no lo identificarán como un acto corrupto.
La educación en ética y valores cívicos inicia en el hogar y continúa a lo largo de la vida estudiantil y profesional del individuo. No debemos soslayar el importante papel de las casas de estudios superiores, en la buena formación profesional y ética.
A mayor escolaridad, se debiera arraigar más profundamente el valor de practicar conductas éticas. En ese contexto, se potencia el papel de un joven universitario en la sociedad porque tiene acceso a experiencias sociales y cívicas, que le permite ejercitarse en la vida democrática.
Según informes, solo el 20% de los estudiantes que teminan sus estudios secundarios ingresan a la universidad, y de estos, solo el 10% culminan sus estudios superiores. Esta realidad puede ser utilizada como un indicador de la salud democrática del país. Pasar por la universidad no lo es todo: aunque estemos más graduados que un “termómetro”, ello no equivale a nuestro grado de desarrollo ciudadano y profesional.
Como ciudadanos, debemos cuidar nuestras acciones y responsabilizarnos de sus consecuencias. Los errores suceden sin que pensemos, en su impacto. No llamemos “errores”, a actos premeditados, cuyas repercusiones vislumbramos. No sólo es pensar que nadie lo sabrá, sino comprender que no está bien, más aún si aspiramos a ser agentes de cambio. Enseñemos con el ejemplo.
Todos, como ciudadanos, tenemos la gran responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de nuestro país. Nuestra participación ciudadana incluye cerciorarnos que todos los procesos que se ejecuten en los órganos del Estado y en la Administración Pública sean transparentes, con principios éticos y sin mediar una actuación corrupta.
Practiquemos la misma rectitud y honestidad que exigimos en otros: es el primer paso para alcanzar el país que tanto queremos. El cambio empieza en ti y en mí. No justifiquemos actos corruptos sin importar quién los cometa. No seamos cómplices.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación
