Quince años atrás escribí sobre la “caquistocracia”, el régimen político en que gobiernan las personas menos aptas, capaces o experimentadas: el gobierno de los peores.
A pesar de sus raíces procedentes del griego antiguo—“kakistos” (“lo peor”) y “kratia” (“poder”, “autoridad”, “gobierno”)—la palabra es de origen moderno.
Según Avi Selk, periodista del Washington Post, su primer uso conocido se remonta a 1644, durante la guerra civil inglesa. En tiempos recientes, ha sido utilizada para describir el gobierno de Donald Trump (“Kakistocracy, a 374-year-old word that means ‘government by the worst,’ just broke the dictionary”, 13 de abril de 2018).
Hace tres lustros la usé para referirme al gobierno panameño de la época, bastante malo y proveniente, como el de ahora, del partido de los cuarteles (La Prensa, 4 de noviembre de 2005). Accedió al poder impulsado por las coimas del CEMIS y dio inicio al festín de Odebrecht, cuyas conexiones con los jerarcas de aquel momento jamás han sido exploradas por un Ministerio Público incompetente y parcializado.
Esa administración, bajo la cual aumentaron dramáticamente los impuestos, el costo de la vida y la violencia, tuvo como uno de sus principales objetivos la militarización de los servicios de seguridad, lo cual ha significado su transformación en organizaciones mafiosas en alianza con el crimen organizado. Bien merecía el rótulo de “caquistocracia”.
La desgracia es que, desde entonces, en vez de mejorar, la calidad de los gobiernos ha caído en picada. Si lo que teníamos en 2005 era malo, hoy es mil veces peor: un gobierno absolutamente inepto, totalmente, incapaz, completamente bajuno, infinitamente rapaz.
Tras su instalación, muy rápidamente perdió su exigua legitimidad electoral, producto de comicios cuestionados y corruptos. Partió por endeudarnos por miles de millones de dólares, de cuyo uso no ha rendido cuentas. Intentó una reforma constitucional chabacana e incompleta, que sus propios secuaces en la Asamblea Nacional convirtieron en una rebatiña.
Su pésimo manejo de la seguridad ciudadana estalló en una masacre carcelaria, poniendo en evidencia la penetración del crimen organizado en los servicios de seguridad, iniciada durante la caquistocracia imperante de 2004 a 2009. Entonces, reventó la pandemia, que nos encontró totalmente faltos de preparación para enfrentar una emergencia de semejante magnitud.
El actual gobierno caquistocrático se asesoró con un grupo “técnico” de sujetos que quizás tengan limitados conocimientos sobre infectología o epidemiología, pero carecen completamente de formación cívica, sensibilidad social, criterios económicos, cultura política y los más básicos elementos de la administración pública. Apoyado en esos “técnicos”, impuso, mediante decretos violatorios de la constitución, un confinamiento que suprimió, además de derechos constitucionales, las actividades productivas del país, causándole tremendas penurias a la población.
Su limitado plan de ayuda social —tardío y pésimamente implementado— ha sido un foco de clientelismo y un aliciente directo (por su inoperancia) para infringir la cuarentena. Es que la gente tiene que comer. Parece que la caquistocracia y sus mediocres asesores, en su hartazgo de fondos mal habidos, no entienden ese concepto.
A cuatro meses del inicio de esta pesadilla, la urgencia sanitaria se ha agravado y la situación socioeconómica ha experimentado un deterioro alarmante. Para salir adelante, el país requiere un liderazgo político que ni el Sr. Cortizo ni el Sr. Carrizo pueden proporcionar, porque carecen de capacidad y credibilidad.
Pensar en cuatro años más bajo esta caquistocracia da escalofríos. Afortunadamente, el artículo 189 de la ley fundamental plantea la posibilidad de una solución constitucional.
Los Sres. Cortizo y Carrizo deben reconocer su incapacidad para gobernar, nombrar un gabinete de personas de comprobada honradez y calificaciones —fuera de su corrupto partido cuartelario—y renunciar a los cargos que malamente ejercen desde el 1 de julio de 2019.
Conforme a la constitución, un miembro del gabinete se encargaría de la presidencia con el fin de convocar una nueva elección presidencial en un lapso no mayor de 6 meses, según el mencionado artículo 189. Los comicios serían supervisados por un organismo electoral independiente, transparente e imparcial, instituido con ese fin y se elegiría, junto con un nuevo presidente y vicepresidente, a los integrantes de una asamblea nacional constituyente.
He allí la fórmula constitucional y democrática para salir del atolladero en que nos tiene metidos este gobierno de los peores.
El autor es politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.
Este artículo fue modificado a las 9:25 a.m. del miércoles 22 de julio de 2020...
