Después de las elecciones generales de 2019, Panamá finalizó su sexta ronda de reformas electorales. Es un proceso que pone en evidencia la permanente revisión y perfeccionamiento de la legislación electoral del país y representa una oportunidad histórica para discutir y mejorar las reglas del juego en futuros comicios.
La institucionalización de las reformas electorales en Panamá, a través de la Comisión de Nacional de Reformas Electorales, es un ejemplo de trabajo conjunto y participativo, basado en los principios de equidad, transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, existen rezagos importantes en reformas que incluyen los derechos políticos que garanticen el derecho y fomenten la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos de las mujeres.
La lucha por la participación de las mujeres en la política panameña nunca ha sido lineal. Hace 75 años se aprobó el derecho al voto para las mujeres; hace 24 años que se introdujo en la legislación la cuota del 30% de las candidaturas en las primarias para mujeres.
Han transcurrido 22 años desde que la ciudadanía eligió a su primera y única mujer presidenta y, durante más de 11 años, se ha tratado de incorporar el principio de paridad en las reformas electorales, a través de la incidencia organizada y colectiva de las mujeres.
A pesar de estos esfuerzos y recorridos, Panamá está aún muy lejos de alcanzar la representación sustantiva de la mitad de su población, las mujeres, en los puestos de elección: diputadas, alcaldesas y representantes de corregimiento.
La incorporación del principio de paridad y las modificaciones propuestas eran una oportunidad para revertir esta tendencia de estancamiento en la representación de mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones.
Se trató de dar un impulso a la democracia inclusiva, una normativa que facilitaría que las mujeres tuvieran oportunidad de ser elegidas, favoreciendo así que sus necesidades e intereses se reflejaran en la legislación y políticas públicas, y contribuyendo a que el Estado pueda responder mejor a las aspiraciones de bienestar y progreso de la ciudadanía. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada, lo que supone un estancamiento, el cual permanece desde hace ya dos quinquenios, en la normativa electoral.
Resulta crucial avanzar hacia una democracia paritaria, asegurando la igualdad sustantiva y la paridad en toda la estructura del Estado para cerrar la brecha de la discriminación y la desigualdad de género, y que se asegure el ejercicio de iguales derechos y oportunidades.
En este sentido, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres destacamos que la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones en la política, la economía y lo social es condición indispensable para lograr un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Recordamos que la Agenda 2030, como horizonte de progreso que acordaron los Estados miembros de Naciones Unidas en 2015, identifica varias metas relacionadas en varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El objetivo 5, “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”; el 10, “reducción de las desigualdades”, y el 16, “paz, justicia e instituciones sólidas”.
Los derechos humanos y los principios fundamentales de igualdad y no discriminación son la base de las sociedades democráticas y el Estado de derecho.
Varios tratados y compromisos internacionales, de los que Panamá es signatario, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, establece la obligación a los Estados parte a tomar las medidas apropiadas, incluyendo reformas legislativas, para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública.
Además, la Plataforma de Acción de Beijing establece la importancia de avanzar en la igualdad y los derechos políticos de las mujeres. Esto implica la obligación para los Estados de incorporar el derecho internacional en la legislación interna, y garantizar que los postulados constitucionales de igualdad se reflejen en sus acciones y en el sistema legal y jurídico nacional.
El reto entonces es pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva para lograr un impacto efectivo en las condiciones de desigualdad y discriminación que afectan a las mujeres (que son el 50% de la población) y también a todos los grupos en situación de vulnerabilidad.
Las autoras son directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres y representante residente del PNUD, respectivamente
