La Caja del Seguro Social (CSS) es un botín político y económico, caja menuda, de los gobiernos y de otras fuerzas económicas dominantes en Panamá. Hace cerca de 80 años fue creada por un presidente con visión de estadista, como una alternativa de atención a la salud pública y una solución de seguridad social a la población del país. Es la mayor empresa privada de Panamá. Su presupuesto representa entre el 20% y 25% del sector público. El pastel, la piñata, son inmensos. No pertenece a los gobiernos, que la han secuestrado, sino a sus cotizantes y asegurados presentes y jubilados, como propietarios que son de la entidad y de su patrimonio, pero tiene como administrador a los gobiernos nacionales, caracterizados en buen grado por su falta de competencia profesional y honestidad.
En el transcurso de los años se ha deteriorado el funcionamiento de la CSS y su calidad y efectividad para dar atención y resolver los programas fundamentales, como son salud y enfermedad, prestaciones económicas y riesgos profesionales. Al aumento de beneficiarios por razones demográficas y políticas se agrega el pobre crecimiento de cotizantes y aporte de fondos. Sumemos la Administración, con su buena dosis de faltas profesionales y carencia de honestidad. Es así como en la actualidad, el programa relativo a la seguridad social hace frente a perspectivas de insolvencia atemorizantes, que amenazan a corto plazo el futuro y la vida diaria de miles de panameños que durante años aportaron sus cuotas para buscar una pensión adecuada y razonable de jubilación. Situación a la que con irresponsabilidad criminal, las dos pasadas administraciones del Estado panameño han evadido hacer frente.
Dos son los factores que llevan a este estado de cosas: el robo, saqueo, despojo o atraco sistemático de los fondos de la CSS, y las sucesivas administraciones incompetentes y deshonestas, con su lamentable punto máximo en las juntas directivas de la organización.
Nos ocuparemos de enumerar de dónde se roba directamente o indirectamente a la CSS, a quienes roba la CSS y por qué se dan estos robos, para finalizar con algunas propuestas de como dar fin al robo. No es un recuento con fines politiqueros, insidiosos. Tiene la limitación de no cuantificar los daños, porque no suele llevarse recuento contable o estadístico del robo. Sustentado por la abrumadora convicción del público. No tiene que ver con el coronavirus, porque el problema en sí ya es una pandemia.
Quiénes roban a la CSS:
Los gobiernos nacionales, que pagan sus cuotas patronales y su endeudamiento con atraso.
Los bancos y entidades que manejan fondos e inversiones de la CSS en términos y condiciones comparativamente desfavorables para esta.
Las empresas que no pagan sus cuotas patronales en la oportunidad y magnitud debida.
Los empleados de empresas que hacen arreglos fraudulentos para disminuir el monto de cuotas por pagar.
Las empresas farmacéuticas y de otro tipo que cargan sobreprecios a los bienes y servicios contratados por la CSS.
Los empleados que, en cantidad excesiva e innecesaria, son contratados para prestar servicios en la CSS.
El gobierno, los partidos políticos, los diputados y otros elementos del poder político que presionan a la CSS para la contratación de empleados innecesarios, a base de clientelismo político y relaciones familiares.
Los médicos que no cumplen con la atención de los pacientes en los horarios y calidad de servicio requerido.
Las agrupaciones de médicos y otros profesionales, que presionan y extorsionan a la CSS para obtener ventajas salariales y
los contratistas que no completan las obras en los periodos y condiciones contratados.
Los organismos que obtienen jubilaciones especiales de montos excesivos respecto al resto de los jubilados y pensionados (Fuerza Pública, poder judicial, docentes y otros).
Los asegurados que desperdician cupos médicos y medicamentos que les han sido asignados, al no acudir a las citas.
La inmensa población de asegurados, pensionados y jubilados (APJ), que con su indiferencia, pasividad y mansedumbre avalan implícitamente el despojo impune de la CSS.
A quiénes roba la CSS:
A los APJ, a quienes no presta servicios de salud adecuados.
A los APJ, a quienes no informa oportuna ni verazmente de la situación económica, actuarial ni contable de la CSS.
A los pensionados y jubilados a quienes paga pensiones, cuyos montos ha reducido a base de instrumentos contrarios a su propia ley.
A los APJ, cuya información de cuotas no mantiene precisa ni actualizada, perjudicando el monto final de sus prestaciones.
A los familiares de asegurados que han fallecido o han sido envenenados por prácticas médicas y hospitalarias erróneas.
A los APJ, cuando lleva a cabo de manera institucional o fraudulenta moratorias o arreglos para rebajar o borrar cuotas patronales y otros compromisos con la CSS.
A la economía en su conjunto, cuando pone en riesgo las calificaciones de crédito del país.
Quiénes son los responsables de los robos:
Las administraciones y juntas directivas (petrificados monumentos a la incompetencia), al permitir por acción u omisión los robos a la CSS y los que esta lleva a cabo, antes enumerados.
El Ministerio Público, el poder judicial y la Contraloría, por no aplicar, dentro de sus respectivas áreas de competencia, las normas y procedimientos para defender los intereses de la CSS.
Por omisión, la inmensa población de APJ, que con su indiferencia, pasividad y mansedumbre avalan implícitamente el despojo de la CSS.
Cómo detener y eliminar los robos:
Proporcionar verdadera independencia y capacidad de acción y decisión a la CSS en el ámbito económico y operativo, dotando al conjunto de asegurados y patronos de la facultad de designar al administrador y controlar su funcionamiento, eliminando la facultad de los gobiernos.
Pasar los servicios de salud al Minsa.
Desarrollar las actividades de la CSS a base de programas en todos los niveles de actividad que tengan objetivos y metas, supervisión y aplicación de normas administrativas, penales y pecuniarias por incumplimiento o acción deficiente.
Los problemas de la CSS que hemos enumerado pueden ser solucionados con medidas temporales o permanentes. En los días que corren se hacen convocatorias a diálogos, mesas redondas, foros y otros conciliábulos. Solamente se plantea la apremiante expectativa de la insolvencia del programa Invalidez, Vejez y Muerte, perdiéndose la visión completa y sistemática del problema.
¿Tienen los participantes de los grupos de discusión la altura de propósito, el desprendimiento y la capacidad profesional para buscar soluciones profundas y permanentes?
Se trata de grupos de intereses enquistados como un cáncer en la etapa terminal, en el sufrido organismo de la CSS. ¿Habrá un verdadero diálogo o un monólogo entre muchos, un pacto de villanos con condiciones preconcebidas que ya se anuncian con prepotencia y desfachatez? ¿Rebatiña de intereses diversos de organizaciones empresariales, profesionales, sindicales y de otro tipo? ¿Acuerdo forzoso entre la soga y el ahorcado? ¿Saldrá de allí siquiera un parche con medidas paliativas que tendrán que ser revisadas cada corto período? ¿Qué parirá el nuevo pacto: un niño sano, un aborto, un mortinato, un engendro, un discapacitado o un ser disfuncional? Como en las discusiones pasadas, ¿será nuevamente el asegurado quien sufra el rigor de las medidas? ¿Hay disposición para tomar soluciones permanentes y efectivas? Se puede confiar a los lobos el cuidado y protección del rebaño?
El autor es ciudadano
