El término clientelismo puede definirse como el acto de dar bienes materiales a cambio de apoyo electoral. Sin embargo, en Panamá esta práctica refuerza el ciclo que mantiene a la ciudadanía en un estado parasitario, humillante y dependiente. Es una variante o sustituto de la corrupción y su principal consecuencia sobre la vida de los ciudadanos es que el acceso a determinados recursos es controlado por “patrones” políticos, que reparten dádivas a sus clientes a cambio de apoyo. “Pan para hoy, hambre para mañana”.
El clientelismo puede tomar diferentes formas: la entrega de bienes o servicios, la solución de problemas específicos o incluso la oferta de trabajo a costa del erario público. Más aún, la mayoría de las víctimas/cómplices de esta perversa práctica política está convencida de que el gobierno es responsable de brindarles este tipo de ayuda.
En Panamá, a pesar del crecimiento económico registrado en la última década, existe una deuda importante con la población en términos de necesidades básicas como salud, educación, vivienda y alimentación, lo que sumado a la carencia de valores éticos componen una compleja problemática de naturaleza sociocultural. Precisamente son estas las condiciones necesarias para que prospere el modelo clientelista. Son perfectas para una clase política sin argumentos, pero con recursos para satisfacer de forma momentánea esas necesidades y, en consecuencia, refuerzan la cultura de dependencia. Gracias a esto, los ciudadanos se acostumbran a tener expectativas erradas con respecto a lo que deben recibir de la clase política.
También es una realidad que las familias realmente necesitan algún tipo de ayuda inmediata. La mala distribución de la riqueza, el fracaso de los programas de desarrollo social y el comportamiento oportunista de los gobernantes frente a estos problemas, permite que se aprovechen de la desgracia para crear planes de “ayuda” mediocres que se convierten en focos de corrupción. Tal es el caso del famoso Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Pero, además de los negativos y contraproducentes efectos económicos y sociales, el clientelismo tiene profundas secuelas políticas que lo convierten en un obstáculo para el desarrollo positivo de esa actividad, pues desvirtúa su propósito y dificulta la credibilidad del ciudadano con respecto al sistema. En consecuencia, las prácticas clientelistas generan un círculo vicioso en el que los políticos, ya en el poder, deben seguir pagando por el apoyo recibido.
Justo ahora, cuando Panamá parece tener las condiciones para eliminar este tipo de prácticas –tan criticadas en el pasado gobierno y en las elecciones–, se anuncia que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó una partida de $1.5 millón asignada a la Asamblea Nacional con el propósito de dotar a los diputados ($25,000 c/u) con bonos alimenticios para repartir entre sus electores. Esto es inaceptable. Ahora más que nunca se necesita credibilidad y para eso debe haber coherencia entre la palabra y la acción. Decir que están en contra del clientelismo y luego aprobar esta partida pone en duda las intenciones que tiene el actual gobierno de combatir la corrupción y las prácticas relacionadas. Deben tener humildad y corregir.
Sin lugar a dudas las personas decentes, honestas y trabajadoras de Panamá estamos convencidas de que las prácticas clientelistas deben terminar. Sin embargo, no podemos olvidar que todo gran cambio, y más de naturaleza político cultural, debe realizarse de forma progresiva.
Lo primero es entender la raíz del problema a profundidad, conocer cuáles son las aristas que componen ese enmarañado ecosistema de dependencia sociopolítica y, sobre todo, los intereses ocultos. Hecho esto, es necesario desarrollar una estrategia capaz de facilitar la transición eficaz del Estado parasitario y dependiente hacia uno digno e independiente. Esto requiere una visión compartida que involucre a figuras clave de la sociedad, como los líderes políticos, la sociedad civil, la empresa privada, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, etc. Con el objetivo claro se debe crear consciencia mediante campañas simples y consistentes que eduquen sobre el verdadero rol de los diputados e instituciones gubernamentales, a su vez culturizar en la importancia de una participación ciudadana consciente, honesta y libre.
Este esfuerzo todavía no se ha hecho, pero es parte fundamental de la gestión de cambio necesaria para lograr una transformación social sostenible. Es preferible que exista un plan integral y progresivo para generar un impacto a largo plazo, que hacer algo a medias y de forma inconsistente. Llegó el momento de dar inicio a un verdadero cambio sociopolítico en Panamá.