Cada 31 de octubre ONU-Hábitat conmemora el día mundial de las ciudades estimulando reflexiones sobre políticas públicas que impulsen su desarrollo incluyente y sostenido con base en tres elementos: inclusión social, crecimiento económico y cuidado ambiental.
Las ciudades son espacios complejos y dinámicos siempre en transformación que pueden potenciar los conflictos o facilitar el desarrollo humano. Precisamente por ello los gobiernos deben asegurar que los aspectos ambientales, económicos, sociales y materiales marchen adecuadamente para hacer de las ciudades motores de desarrollo donde los ciudadanos puedan aprovechar las oportunidades que las áreas urbanas brindan, y alcanzar su justo anhelo de vivir en condiciones dignas.
Actualmente más de cuatro mil millones de personas habita en ciudades, eso equivale a que el 54% de la población mundial vive inmersa en espacios que concentran cultura, ideas, ciencia, conocimiento, infraestructuras, posibilidades de socializar, comerciar y comunicarse; pero también deben enfrentar conflictos, injusticias, destrucción e inequidades de índole variada.
En el año 2020 Panamá albergó 4 millones 279 mil habitantes de los cuales el 68.4% vivía en áreas urbanas enfrentando innumerables adversidades. Esto nos lleva a pensar que los ciudadanos debemos exigir a las autoridades que ejecuten procesos de ordenamiento territorial y planificación urbana para vencer los desafíos derivados de un crecimiento urbano y demográfico acelerado y anárquico vinculado a diversas crisis: población migrante, asentamientos informales, déficit habitacional, inseguridad y violencias, deterioro ambiental, escasez de áreas públicas, aumento de las desigualdades y efectos del cambio climático.
Para emprender la epopeya de construir ciudades sostenibles que garanticen los derechos de los ciudadanos y mejoren su calidad de vida se requiere del diseño y ejecución de políticas públicas claras, orientadas a un desarrollo incluyente que detenga las desigualdades e inequidades económicas, sociales y territoriales. En ese sentido Borja (2010) afirma “...Las políticas públicas sólo son legítimas si hacen efectivos estos derechos o progresan en esa dirección: por ejemplo, si reducen la desigualdad social. Cuando no es así en una democracia, los gobiernos dejan de ser legítimos”.
Asimismo, es necesario distribuir equitativamente las inversiones del estado, modificando el modelo de desarrollo transitista que persiste tanto en el plano político como económico. Actualmente el 66% del PIB nacional se concentra en el sector servicios y geográficamente en las provincias de Panamá y Colón que agrupan el 80% del PIB; consecuentemente, los otros sectores y regiones dependen del flujo de recursos desde estas provincias que concentran los centros de alta productividad.
Mejorar la calidad de vida de las personas va de la mano con reducir desigualdades. En ese sentido, según informes del Índice de compromiso con la Reducción de la Desigualdad (CRI) Panamá quedó en el puesto 108 de 158 países posición desventajosa en comparación con las puntuaciones de Chile (34), Argentina (35), o Costa Rica (40) (año 2018).
El índice muestra el empeño de los países para reducir la brecha entre ricos y pobres y cumplir así con el objetivo #10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estableciendo una escala de 157 países midiendo la acción de los gobiernos en tres áreas: Gasto Social (en salud, educación y protección social); Fiscalidad (progresividad fiscal: impuesto a la renta, a la renta empresarial, IVA y prácticas fiscales nocivas), y Derechos laborales (de hombres y mujeres y salario mínimo).
En este último aspecto Panamá obtuvo 78, la mejor calificación de las tres áreas. En fiscalidad, que incluye las políticas, instituciones y prácticas impositivas aplicadas para reducir la desigualdad, Panamá obtuvo su peor calificación (144), y en derechos laborales llegó al puesto 81.
Por otra parte, la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación y gestión de las ciudades depende de las posibilidades de acceso a información oficial y oportuna sobre procedimientos, inversiones y disposiciones de las administraciones municipales y nacional. El acceso a los datos es esencial para habilitar la fiscalización ciudadana, mecanismo clave para garantizar que tales decisiones sean tomadas para satisfacer necesidades colectivas y no afanes individuales.
Para finalizar cito a Noam Chomsky (12/11/96) “No hay más razones hoy de las que nunca hubo, para creer que estamos gobernados por leyes sociales desconocidas y misteriosas y no simplemente por decisiones que se toman en instituciones que están sujetas a las decisiones humanas: Instituciones humanas que tienen que enfrentar la prueba de la legitimidad y si no pasan la prueba de la legitimidad las podemos reemplazar por otras que sean más libres, más justas...”.
Emprendamos el camino hacia mejores ciudades reorientando políticas públicas e instituciones panameñas siendo ciudadanos fiscalizadores y exigentes con quienes en nuestro nombre hacen las primeras y dirigen las segundas.
La autora es arquitecta y catedrática e investigadora Universidad de Panamá
