Si el proceso de descentralización no incluye formación en cultura de valores, así como en técnicas y métodos para fiscalizar la cosa pública, el fracaso está asegurado. Así pensaba el recordado Raúl Leis, una de las personas que más abogó en este país por poner en ejecución un proceso que empoderara los gobiernos locales y, en consecuencia, a los ciudadanos.
Cuatro años después de iniciada la tan esperada descentralización (la reglamentación es del año 2017) la realidad es muy triste, porque los pocos avances alcanzados durante la pasada Administración están siendo burlados, desmantelados, desvirtuados, mientras los ciudadanos luchan en sus comunidades por impedir arbitrariedades e imposiciones.
En esos días las consultas ciudadanas que establece la ley para que los residentes opinen sobre los proyectos que necesita su comunidad, están enfrentando métodos que nada tiene que ver con la democracia, ni con los procesos que previó la ley.
Hace unos días, por ejemplo, el Municipio de Panamá convocó a una audiencia pública a los vecinos del corregimiento de Bella Vista, con el alegado propósito de consultarlos en torno a unas obras que proponían hacer con 5 millones de dólares. Quienes asistieron con entusiasmo -a pesar de las irregularidades en la convocatoria-, se encontraron con un personal municipal hostil que ponía todo tipo de trabas y limitantes a la participación.
Los proyectos presentados por el Municipio de Panamá -aceras en dos avenidas del corregimiento que llaman “mejoramiento de eje urbano”- fueron sometidos a un nada transparente proceso de votación, sin que los funcionarios contestaran las preguntas sobre los detalles del proyecto. Al final, una de esas aplanadoras tan frecuentes en los días dorados de la “yunta pueblo-gobierno” se impuso, sin que la airada protesta de quienes participaron en la consulta fuera escuchada.
Tras la caricatura de consulta ciudadana, el funcionario municipal a cargo puso punto final con una perla, al “explicar” con aires condescendientes y trasnochados conceptos la importancia de hacer un presupuesto, “como el que hacen las mujeres para ir al supermercado o los hombres cuando pintan las casas”.
Algo similar ocurrió en la consulta liderada por el representante de corregimiento de cuyo nombre prefiero no acordarme, pero que es conocido por insultar públicamente a todo aquel que le pide cuentas. Usando las viejas y deplorables tácticas de gobiernos autocráticos, se propuso desvirtuar la voluntad de los residentes del corregimiento que dirige, abultando la consulta ciudadana con personas que, sin saberlo, son usadas, manipuladas y más tarde abandonadas. La cultura en valores que mencionaba Raúl Leis como indispensable en un buen proceso descentralizador, brilla aquí por su ausencia.
Descentralizar implica un acto de voluntad y mucho empeño. Además, requiere conocimiento, preparación, pericia. No es un proceso fácil. Justamente por ello, la ley que regula el proceso hace mucho énfasis en el papel del funcionariado, la necesidad de su formación para alcanzar la capacitación técnica necesaria, la obligatoriedad de implementar la carrera administrativa municipal, en fin, profesionalizar el servicio civil para lograr la solidez institucional que permita poner en ejecución con eficiencia y transparencia el proceso de descentralización.
La realidad, como sabemos, va por caminos muy distintos. El municipio de Panamá, por ejemplo, ha sufrido una de las más dramáticas barridas de funcionarios de que se tenga conocimiento, desde el triunfo del Partido Revolucionario Democrático y su candidato a alcalde, José Luis Fábrega. Dos años después, se mantiene la inestabilidad laboral en el municipio que debía servir de modelo y guía al resto de los gobiernos locales del país en el proceso descentralizador. Así las cosas, aunque hubiese voluntad -que no la hay- es imposible avanzar.
Mientras escribo este artículo, escucho con preocupación los datos del Informe sobre el Estado Global de la Democracia realizado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), que evidencian un claro y peligroso deterioro de la calidad de la democracia en el mundo, la región y Panamá.
Las patologías de la democracia panameña son claras: debilidad institucional, ausencia de rendimiento de cuentas e impunidad, el dañino clientelismo que hace de la política un mero instrumento para el privilegio, la renuncia de los partidos políticos a su papel en defensa del sistema democrático y un claro aumento del autoritarismo.
Todos esos elementos son evidentes en el principal municipio del país. Y justamente por ello es indispensable mantener viva la llama de la descentralización, fortaleciendo la democracia desde abajo, con instituciones locales eficientes, transparentes, así como ciudadanos activos, involucrados, dispuestos a enfrentar la mentira, el abuso de poder, la arbitrariedad es fundamental. Por el momento, lo único que parece que se está descentralizando, es la corrupción.
La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos
