Las instituciones panameñas de salud pública han manejado la pandemia de la Covid-19 con una determinación impresionante. El trabajo de reducir al máximo posible los contagios está lejos de haber terminado, sin embargo, estamos en un momento en que cada persona tiene que comprometerse con este objetivo. Aun siendo optimista acerca del comportamiento de la gran mayoría, confieso que hay algo que me preocupa mucho: ¿cómo evitar que la crisis de la Covid-19 se convierta en una crisis de los derechos de los niños, niñas y adolescentes?
En el enorme caudal de historias de la pandemia que se han ido acumulando día tras día, hay una muy reciente que nos cuentan los doctores del Centro de Salud de Soloy, en la comarca Ngäbe-Buglé. Los médicos están preocupados porque, como resultado de la falta de transporte, ha disminuido sensiblemente el número de mujeres gestantes que solían concurrir a hacerse los chequeos prenatales. No tenemos información sobre otros centros de salud, pero es lógico suponer que esto está ocurriendo a lo largo y ancho del país, y no solo en áreas rurales y apartadas.
Según un estudio publicado hace pocas semanas en la revista científica The Lancet, en un escenario de reducción en servicios de salud materno-infantil de 39 a 49%, derivado del surgimiento de barreras de acceso, disminución en la demanda y menor disponibilidad de insumos y recursos humanos, las muertes maternas e infantiles podrían aumentar de forma significativa.
Esto nos deja consternados porque Panamá había hecho avances importantes en materia de salud materno-infantil en los último 10 años. Y precisamente este es uno de los efectos por ahora invisibles de la pandemia: estamos comenzando a experimentar retrocesos en materia de servicios a la población más vulnerable. La lista de corregimientos elaborada por el Minsa en la que se indica los que muestran la mayor velocidad de contagio del virus, coincide con áreas urbanas de alta densidad y concentración de familias en situación de pobreza, en la que adultos y niños comparten una serie de privaciones como el hacinamiento y la falta de acceso regular a agua potable.
Aunque todos los impactos de la pandemia siguen siendo inciertos a largo plazo, sabemos que sus efectos en la vida de los niños y niñas son más severos y podrían ser duraderos, si no se toman medidas al respecto. Al parecer, los niños y niñas son menos susceptibles a contagiarse del virus, pues según las cifras aportadas por el Minsa, la población menor de 18 años de edad representa alrededor del 9% del total de personas contagiadas en el territorio nacional.
Su menor representación en las cifras de pacientes no excluye que algunos niños requieran hospitalización y atención de cuidados intensivos. En Panamá, a la fecha en que escribo este artículo, se han contabilizado 7 personas fallecidas por la enfermedad del coronavirus con menos de 20 años.
Más allá de estas cifras, no debemos perder de vista que los niños también son vulnerables cuando sus padres, sus madres o sus cuidadores son afectados por la enfermedad.
No contamos con números que nos permitan dimensionar a cuantos niños y niñas el coronavirus ha dejado sin cuidado adecuado. Sabemos que los servicios de salud, educación y protección han sido afectados y muchas veces interrumpidos; sabemos que muchas familias han perdido sus ingresos y con ello la capacidad de alimentar a sus hijos está siendo amenazada.
Todo esto requiere acción inmediata, pues en cualquier situación donde los humanos enfrenten retos que ponen en peligro su sobrevivencia, los niños y las niñas siempre se encontrarán entre los más vulnerables, poniéndose nuestro futuro post-coronavirus en más riesgo que antes de la pandemia.
¿Qué hay que hacer entonces? El equipo de especialistas de la Oficina de Unicef en Panamá que lidero ha preparado un documento titulado “Un llamado a la acción por la niñez en Panamá”, disponible en la página web (www.unicef.org/panama) con informaciones y análisis sobre la situación de los derechos de los niños.
Allí se hacen también recomendaciones prácticas de política y gestión pública tendientes a impedir que nos sobrevenga una crisis adicional a la que ya enfrentamos. Asegurar que no haya interrupción de servicios de vacunación rutinarios, cuidados pre y post natales y protección contra la violencia y abuso; proveer agua y saneamiento en las escuelas para un retorno seguro a las aulas, y cerrar la brecha digital con inversión pública en zonas de pobreza, son ejemplos de acciones que el país debería realizar de todas maneras y que la Covid-19 hace imperativas. Lo podemos lograr si toda la sociedad prioriza esta causa: las familias, las comunidades, las asociaciones comunitarias y civiles, y, sobre todo, el Estado.
Ese consenso social será falso y esa priorización no será verdadera si no hay inversión en la niñez en un momento tan crítico como este.
La autora es representante de Unicef en Panamá