En las últimas semanas se ha hablado sobre el proyecto de ampliar la cinta costera rodeando el Casco Antiguo de Panamá para conectarla con el Puente de las Américas.
Encendidas protestas por un grupo de asociados y residentes de esa parte de la capital, declarada en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, tratan de impedir, con los más diversos argumentos, este proyecto de mejoramiento urbano que adelanta el Gobierno nacional.
Sostienen que el proyecto obligaría a la Unesco a sacar al Casco Antiguo de dicha lista y que causaría un daño irreparable al patrimonio histórico. Sin embargo, examinemos mejor esta cuestión.
En 1972 un importante grupo de Estados adoptó, en el seno de la Unesco en París, la Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, que tiene el propósito fundamental de “establecer un sistema de cooperación y asistencia internacional determinado a secundar a los Estados parte”, obviamente los más interesados “para proteger, conservar y revalorizar su patrimonio y no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño directa o indirectamente al mismo”.
Creó, además, un comité ejecutivo con su secretaría permanente, adscrito a la Unesco, para también “llevar al día y publicar la lista del patrimonio mundial en peligro, la lista de los bienes cuya protección exija grandes trabajos de conservación para los que se haya pedido ayuda, porque están amenazados por peligros graves y precisos como la amenaza de desaparición”.
En consecuencia, la inscripción de bienes como patrimonio en peligro solo se puede hacer por solicitud de un Estado, único con la potestad de borrar de dicha lista el patrimonio que forma parte de ésta, puesto que la convención no tiene otro mecanismo para eliminarlo. Queda claro que la Secretaría del Patrimonio Mundial está diseñada para acudir en ayuda de los Estados y no para censurarlos ni hostigarlos y menos aún para sustituirse a ellos. Dicha secretaría consta de una dirección general y de secciones para cada área geográfica, una de estas corresponde a América Latina y el Caribe.
Mi experiencia como embajador delegado permanente de Panamá ante la Unesco, entre 2004 y 2008, me convenció de que cuando tenemos alguna duda sobre una acción que involucre un bien inscrito en la lista del patrimonio mundial, debemos efectuar una acción diplomática al más alto nivel de la organización, es decir, ante el director del Patrimonio Mundial y no ante funcionarios subordinados como el director de la sección regional. Luego, solicitar asistencia en el sentido de lograr que los mejores expertos internacionales puedan aconsejarnos sobre las medidas a adoptar para proteger nuestro patrimonio. Eso fue exactamente lo que hice cuando se planteó el problema de un hotel en el solar del antiguo Club Unión y que tuvo una solución aceptable en su momento y es lo que recomiendo en esta ocasión.
El asunto de fondo es determinar si la extensión de la cinta costera hasta Amador pudiera servir para favorecer la valorización del Casco Antiguo y su entorno y la comunicación vial con el interior del país. Sería positivo si la cinta costera sirviera para facilitar mejor el acceso a San Felipe, haciéndolo más peatonal puesto que más estacionamientos de autos se situarían en el exterior y estaría más protegido del mar por un área verde amplia, con su muralla colonial puesta en valor.
También, si sirviera para integrar mejor a El Chorrillo en una extensa área urbana limpia, segura y renovada hasta Amador, libre de las densidades extremas de edificación y de insuficientes infraestructuras públicas que afectan Punta Paitilla y Punta Pacífica, libradas demasiado tiempo al mercado libre del Mivi y el Municipio de Panamá, a la codicia de los promotores inescrupulosos. Añadir áreas verdes y rescatar el espacio público en ese barrio, aquejado por el deterioro urbano extremo, se facilitaría además al demoler las viejas edificaciones multifamiliares, torres anacrónicas que están siendo abatidas en todas las ciudades del primer mundo y reemplazadas por formas de hábitat más humanas.
En cuanto a la mejor conectividad vial con el interior que, innegablemente, plantea el proyecto gubernamental, habría que contemplar no solo el Puente de las Américas actual con sus cuatro vías, que podría convertirse en un cuello de botella, sino otro alternativo, de seis vías, por lo menos, y una autopista hasta Arraiján también de seis vías.
La Perla del Pacífico, como se llamó a Panamá durante siglos, vive una etapa de crecimiento y renovación extraordinarios y todo proyecto gubernamental importante para favorecer su desarrollo armonioso, para hacerla más habitable, humana y funcional, debe ser bien analizado por los mejores expertos nacionales y extranjeros y ser explicado a la comunidad de forma participativa para que lo adopte como propio.
Más temprano que tarde habrá que plantear la reorganización administrativa de la capital, de todo el espacio urbano entre La Chorrera, Pacora y Chilibre que debería estar bajo un buen gobierno metropolitano, con recursos suficientes, coordinador de los municipios existentes, que exija competencia, probidad y buena comunicación con los habitantes de la ciudad, sujetos a una real educación ciudadana, que comenzarán a cuidarla más cuando se sientan que les pertenece de verdad.
