La ciudadanía centra ahora su atención en el desarrollo del debate sobre la Caja de Seguro Social. Son múltiples las expectativas; muchos deseamos que los resultados sean fructíferos para la salud de la institución. Otros, los menos, esperan con frialdad y cálculo para, si fracasa, sacar el mayor provecho posible; fracaso que sin duda adscribirán a la ineptitud política del gobierno. A los que hilan delgado no escapa que ese último escenario crearía serias incertidumbres que podrían generar nuevas situaciones desestabilizadoras, peligrosas para el futuro del país, para el gobierno y para los actuales gobernantes.
En sus primeros meses de gestión el gobierno nacional ha impulsado paquetes de medidas que lo han dejado patidifuso. Hemos criticado antes el método y las concepciones que han presidido sus acciones. Los resultados son conocidos: la empresa privada le ha tomado iracunda distancia por sentirse profundamente afectada por las sorpresivas reformas fiscales. La clase media y los trabajadores también se han distanciado por la Ley 17, y la gente del campo, antes de aprobarse ambas reformas, estaba crispada por los efectos negativos que prevén para el agro a consecuencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Muchos compatriotas pertenecientes a estos sectores votaron por Martín Torrijos en las elecciones pasadas. Hoy, a la luz de los acontecimientos, y a las encuestas de opinión, el apoyo político de esos sectores es escuálido y, prácticamente, inexistente. El único sostén del gobierno, hasta ahora, lo constituye la institucionalidad del país y, a regañadientes, el Partido Revolucionario Democrático.
Si vemos sucintamente cómo se desarrolla el coloquio en la mesa del diálogo, llegamos a la lamentable conclusión que pareciera entre sordos… y entre provocadores, que con sus poses y discursos inflamados, lo torpedean. Entendemos que el papel de un sector de Frenadesso sea el del "duro" e irreverente, como es usual en sus negociaciones de convenciones colectivas. Pero el del coordinador del equipo de gobierno no puede ser igual, ya que debe actuar -como espera la ciudadanía y el sentido común- con mesura, tolerancia y alta dosis de paciencia, porque no sólo está en juego la seguridad social sino, además, la gobernabilidad, la que debieran cuidar con extremo esmero.
Hay que hacer conciencia de que si fracasa la mesa de diálogo entraríamos a un escenario en el que el fantasma de la desestabilización recorrería todo el país. Y si no tiene piso ni techo, ¿quién sostendría al gobierno, si es que se puede sostener? ¿Acaso la endeble institucionalidad panameña? Se pecaría de irresponsable ingenuidad no imaginar ese escenario para, desde ya, tomar los correctivos que evadan el peligro. Si la empresa privada siente que el gobierno le pisotea sus intereses y que sus expectativas de generar utilidades están preñadas de nubarrones; si la clase media del país (maestros, profesores, médicos y demás profesionales) también considera que el gobierno afecta sus ingresos profundamente con las dos leyes aprobadas; si los trabajadores se sienten atropellados por las medidas paramétricas y; si los inversionistas extranjeros y otros entes del poder mundial ven peligrar las posibilidades de hacer negocios a partir de las promesas de impulsar el tratado de libre comercio y la expansión del Canal, no es difícil pensar que algo no funciona en el gobierno, lo que podría tentarlos a realizar acciones extremas y peligrosas
Si adicional a ese panorama sumamos "herramientas" importantes de la institucionalidad, que no están bajo la orientación gubernamental, que han introducido últimamente en el escenario judicial la investigación de hechos bochornosos del pasado reciente que hicieron temblar a todas la instituciones republicanas, no podemos dejar de imaginar (como ya imaginan otros) que "la mesa está servida" para que reaparezca el viejo tradicionalismo, llevándose "el santo y la limosna", para conducir al país por el camino del entreguismo a intereses foráneos. Repetiríamos con nostalgia, como tristes y olvidados exiliados, los viejos refranes de siempre: "tanto remar para morir en la orilla" por "no saber para quién se trabaja", reflejándose con nitidez el gran drama por el que atraviesa el PRD.
De persistir la miopía política en la cúpula del gobierno, si los fundamentalistas de las finanzas mantienen la iniciativa y la fuerza política para imponer agendas alejadas de realidades y posibilidades políticas, si la mentalidad publicitaria y el "silencio en la red" sigue reemplazando al sano debate, si la voz del gobierno en la mesa del diálogo la lidera quien no debate ni discute, quien no explica ni persuade, sino que se ubica en el mismo nivel de "rofeo", característico de la intransigencia perniciosa, no se estará contribuyendo a la causa de la Caja ni a la estabilidad que requiere la nación para salir del impasse, y se estará abonando el campo de la desestabilización.
No basta con querer el poder para mantenerlo. Ni basta creer en las buenas intenciones de quienes mecen la cuna y cuidan del jardín, a la vez que esconden la ponzoña venenosa para usarla en el momento que les sea propicio. ¿Cuál será ese momento? El de mayor debilidad. No se puede "querer el poder" y a la vez "repudiar de la política y de los políticos". He ahí la disyuntiva en la que se mueve el gobierno. Por eso, las prontas rectificaciones, ajustes y demás medidas políticas necesarias para sobrevivir y evitar que llegue ese "momento propicio", deben darse paralelo al desarrollo de un efectivo y transparente diálogo que culmine exitosamente. De no producirse estos pasos, el escenario del caos tomaría forma y se estaría cavando la tumba, no sólo del diálogo, sino de muchas cosas más. Con la suspensión de los efectos de la Ley 17, también la suerte del gobierno fue echada. Ojalá nos equivoquemos y no tengamos que experimentar, nuevamente, tiempos tormentosos.
