Siempre me han parecido pueriles esas comparaciones que, de tiempo en tiempo, se hacen entre Costa Rica y Panamá. La competencia con los ticos, creo, desapareció durante los últimos años cuando Panamá inició ese ascenso súbito como el país de mayor crecimiento económico y que terminó colocándonos, junto a Chile, a la cabeza del ingreso per cápita de América Latina.
En eso llegó la Covid-19 y el espejo nos empezó a mostrar una realidad distinta, ahora sin el maquillaje de la abundancia.
Esta crisis sanitaria le ha dado la oportunidad de brillar al sistema de salud pública de Costa Rica de la misma forma que, con menos ruido, lo han venido haciendo tanto la instrucción pública como su institucionalidad democrática, incluida la administración de justicia.
No soy iluso y sé que Costa Rica está lejos de ser perfecta, y que Panamá tiene muchos méritos y fortalezas, entre los cuales destaca su pragmatismo y afán mercantil.
Costa Rica nos da hoy otra lección, la del matrimonio igualitario, una decisión que, al margen de colones y balboas, encuentra en los derechos humanos la forma de construir una sociedad más justa.
Luego de una batalla jurídica intensa, que dividió profundamente al país, la Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró que no se le podían seguir negando los derechos a esa minoría que, por ser homosexual, no podía siquiera aspirar a derechos tan básicos como el de formar una familia, el de la seguridad social, los migratorios, hereditarios y otros tantos que automáticamente le son garantizados al resto de las parejas al casarse.
La decisión se anunció hace un año y medio.
Dieciocho meses fue el plazo que la Corte le dio a la Asamblea Legislativa para que incluyeran en la legislación civil los derechos de esa minoría excluida. Los diputados fueron incapaces de hacerlo. Lo mismo había ocurrido, cinco años antes, en Colombia. Los magistrados ticos no son ingenuos, como tampoco lo fueron los colombianos. Sabedores de que el rejuego político no debe prestarse para desconocer derechos fundamentales, tomaron la decisión de ordenar el reconocimiento de los matrimonios apenas venciera el plazo, ipso iure.
La anécdota viene a cuenta de la institucionalidad democrática y del rol que juegan los magistrados en su construcción.
Resulta ser que, mucho antes de que la Corte tica fallara, la nuestra tenía pendiente por decidir casos similares, varios, los que han estado en el limbo por casi cuatro años.
El 1 de agosto de 2016, Enrique Jelenszky y John Winstanley presentaron ante el Registro Civil la solicitud de inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero. Jelenszky es panameño y Winstanley sudafricano, ambos son también británicos por haber trabajado por décadas en Londres. Llevan 20 años formando una pareja estable, viviendo como profesionales exitosos, ciudadanos pensantes y responsables, pagando impuestos y, sobretodo, libres ya de la bochornosa discriminación y de los prejuicios aberrantes con los que crecieron.
El Registro Civil panameño se negó a inscribir su matrimonio.
El 12 de octubre de 2016, Carlos Ernesto González, socio de Morgan & Morgan, llevó el acto que rechazó la inscripción a la Corte Suprema, al advertir la inconstitucionalidad de una decisión violatoria del principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución y en los convenios internacionales ratificados por Panamá.
En una entrevista por aquellos días, Jelenszky, que pasa la mitad del año en Suráfrica y la otra en Panamá, dijo algo que me pareció revelador. “Para volar de Suráfrica a Panamá existen básicamente dos rutas, ya sea por el sur, haciendo escala en Argentina o en Brasil, o por el norte, haciendo escala en España, Francia o Alemania, o bien por Estados Unidos. Mi matrimonio con John es reconocido en Suráfrica y en todos y cada uno de los países en los que hago escala. Y entonces llego a Tocumen”.
El matrimonio igualitario es reconocido en casi toda Europa. En América, lo reconocen Canadá, Estados Unidos, México D.F. y una decena de los estados federales, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Guyana Francesa. Chile reconoce la unión civil. Costa Rica se une al grupo que alrededor del mundo incluye a Australia, Nueva Zelandia y Taiwán.
Poco después de la primera demanda, el también panameño Álvaro López Levy, y su esposo Kenneth Gilberg, presentaron otra advertencia de inconstitucionalidad. En 2017 lo hicieron Yamileth Garcés y Jessica Atkinson, dos panameñas residentes y casadas en Estados Unidos. Le siguieron Juan David Parra y Juan Francisco Alonzo. Ellos son la cara visible de cientos de panameños a los que el derecho les niega la igualdad.
Durante los casi cuatro años que llevan congelados los casos panameños, no solo la lista de países ha ido creciendo, sino que tuvo lugar un pronunciamiento contundente, nada menos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no pudo ser más elocuente: los Estados tienen la obligación de garantizar a las personas del mismo sexo todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar. Todos. “Es necesario que se garantice el acceso a todas las figuras ya existentes, incluyendo el derecho al matrimonio”.
Lo que solicito públicamente a los magistrados es que decidan, que lo hagan a consciencia, sin más dilaciones, pues cada semana que pasa es una factura adicional a la credibilidad y a nuestra frágil institucionalidad.
Los demás jueces del hemisferio, ante el mismo dilema, el del reconocimiento de derechos a una minoría históricamente maltratada y discriminada, o el de quienes abogan por mantener el status quo, por las razones que ellos claramente han esbozado, asumieron su responsabilidad histórica y sentenciaron.
El resto le queda a la historia, que será la que juzgue la vida y el trato que los jueces le confirieron a sus habitantes.
El autor es abogado constitucionalista
