Dentro de muy poco -el 29 de enero de 2021- se cumplirán dos años de aquel evento promovido por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), con el objetivo de que los entonces candidatos a la presidencia de la República se comprometieran públicamente a impulsar una agenda para combatir la corrupción.
El actual presidente de la República, Laurentino Cortizo, acudió puntual a la cita con una actitud entusiasta; o así lo parecía. Sin embargo, una vez llegado al Palacio de Las Garzas, parece haber olvidado la palabra empeñada y el gesto mostrado aquel 29 de enero de 2019.
Entre los compromisos no cumplidos está la aprobación de una serie de leyes que son vitales para cerrar el círculo de la impunidad que tanto daño le ha hecho y sigue haciendo al país. Y, por supuesto, puede alegarse que ninguna de esas leyes hubiera tenido acogida entre los diputados que hoy tenemos, porque hubiese sido atentar contra su modus vivendi. Sin embargo, el señor presidente pudo al menos hacer el intento de llevar los proyectos a la Asamblea, después de mostrar una postura inequívoca en el Consejo de Gabinete. No sucedió.
La lista propuesta a los candidatos incluía, entre otras cosas, modificar la norma que regula la declaración de bienes, para poder darle real seguimiento a esos enriquecimientos no justificados que abundan en quienes pasan por la planilla estatal y lograr acceso a las compras públicas; el espinoso tema de los conflictos de intereses, que propicia todo tipo de abusos; la protección de denunciantes, herramienta fundamental para obtener la información que sustente los procesos penales; modificaciones a la ley del Tribunal de Cuentas, el Código Penal y la Ley de Transparencia, para facilitar la recuperación de lo hurtado, aumentar las penas a los corruptos y propiciar más transparencia en la gestión pública. Seguimos esperando.
Otro compromiso pisoteado de forma escandalosa es el que aludía al cumplimiento de la Ley de Carrera Administrativa, para mantener un funcionariado profesional, técnico y alejado de la política, en defensa de la institucionalidad. Ha ocurrido todo lo contrario.
Si bien la sustitución de funcionarios por militantes del partido que llega al poder es parte de la nefasta tradición patria, lo que hemos visto y seguimos viendo con la llegada del PRD y su aliado Molirena al poder ha sido de proporciones inauditas, provocando un verdadero descalabro en las instituciones, una notable desmejora en la calidad de los servicios públicos, así como una imperdonable pérdida de capacidades y recursos. En tiempos de pandemia, ha sido realmente criminal.
El caso de la Alcaldía de Panamá es tal vez el ejemplo más evidente y triste. Todos los adelantos en materia de recuperación de espacio público y áreas verdes, por ejemplo, no solo se detuvieron sino que retrocedieron, mientras los funcionarios formados en diversas áreas del gobierno local, fueron sustituidos por militantes y activistas políticos sin formación ni experiencia alguna. La consecuencia ha sido el deterioro de la calidad de los servicios que presta el Municipio, desde la entrega de las placas de los carros hasta la poda de árboles. Y así en cada ministerio, en cada institución, en cada oficina pública. La voracidad por la planilla estatal no parece tener fin.
Y que decir de lo sucedido como consecuencia de la Pandemia, o peor aún, a pesar de la Pandemia. Desde aquel escándalo de la compra de ventiladores con sobreprecio que le costó el puesto a un viceministro del que ya nadie se acuerda; el reciente traslado de $22 millones para la Asamblea Nacional, para ser usado en clientelismo puro y duro, hasta la aprobación de los nuevos corregimientos que solo benefician al todopoderoso diputado de Bocas del Toro y presidente del PRD, Benicio Robinson. La lista de espanto es larga y de todos conocida.
Cuando Marco Tulio Cicerón pronunció sus famosas catilinarias en el año 63 AC, logró detener los planes de Lucio Sergio Catilina -un político corrupto e inescrupuloso- de destruir la República. Aquellas célebres frases que hacían alusión a los abusos de Catilinia, a su “desenfrenada osadía” y al abuso de la paciencia de los romanos, bien pueden aplicarse a este Panamá de final del 2020, en el que todas las instituciones de la República están siendo minadas peligrosamente.
Parafraseando a Cicerón, ¿hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo seguirán riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabara esa desenfrenada osadía de quienes nos gobiernan?
La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos
