Después de año y medio de haber sido querelladas por Ricardo Martinelli tanto Mariela Ledezma como mi persona, dos jueces distintos confirmaron la decisión inicial de cinco fiscales del Ministerio Público: archivar las querellas porque los hechos querellados no constituyen delito.
La paz que en todo momento nos daba la seguridad de que no habíamos faltado a la ley nos mantuvo firmes, aún ante las incomodidades de tener que pasar por los rigores de un proceso penal por el solo hecho de ejercer nuestro derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, y defender el derecho ciudadano de estar informado. El apoyo recibido también nos animó muchísimo, por lo cual agradecemos a los que nos llamaron, escribieron y estuvieron con nosotras durante este proceso. Aprovecho para agradecer especialmente al licenciado Juan Antonio Tejada Espino, a la licenciada Sabrina Tejada, al licenciado Juan Antonio Tejada Londoño y a todo el equipo de Tejada Abogados. Nuestros abogados no sólo nos representaron con dignidad y profesionalismo, sino que, además, nos instruyeron en el derecho penal y los derechos humanos [...] sus argumentos en las diferentes audiencias son dignos de utilizarse en aulas de clase. ¡Muchas gracias!
Esta experiencia no va a hacer que abandonemos nuestro legítimo derecho a emitir nuestras opiniones; más bien, si en algo incide es en renovar nuestro compromiso con la lucha por la transparencia y la institucionalidad. El peligro está en el mensaje que se le envía a la sociedad, el temor que infunde en quienes hoy, viendo el proceso por el que pasamos, escojan cuidarse para evitar convertirse en víctimas de un sistema que está siendo evidentemente abusado por quienes no aceptan que se les exija rendición de cuentas.
El volumen de querellas por calumnia e injuria presentadas en contra de periodistas, dueños de medios y ciudadanos demuestra la vulnerabilidad de nuestro sistema, que no está siendo capaz de proteger nuestros derechos ante un ataque orquestado y sistemático en el que los querellados no somos las únicas víctimas, sino que somos instrumentos para amedrentar a toda la población; incluso, a los que hoy comulgan con sus autores.
Poco a poco, el sistema está descartando lo que nunca debió haber sido admitido. Por otro lado, se abren nuevos procesos y se ensayan otras herramientas jurídicas, tendientes a seguir creando temor en el ciudadano de exigir rendición de cuentas a los que llegan al poder.
Hemos visto en el pasado demandas basadas en artimañas legales, evocando códigos como el de la Familia, para proteger los nombres de quienes están siendo investigados por la comisión de delitos de corrupción y cuya identidad es mencionada aún por medios internacionales.
Otro ejemplo es uno de los casos más recientes por la demanda de violencia de género presentada en contra de Mauricio Valenzuela. La violencia de género es un tema muy delicado por la cantidad de feminicidios que se están dando en el país; una figura legal que está diseñada para proteger a la mujer de la violencia. Esta figura, aplicada sin existir un peligro real, atenta en contra de la libertad de expresión del querellado. Las medidas de prevención están diseñadas para proteger a las víctimas, pero, al ser utilizadas sin razón y en contra de periodistas, se convierten en una violación al derecho que tenemos todos los ciudadanos de estar informados.
La democracia se fortalece con la diversidad de opiniones, opiniones con las cuales podemos no estar de acuerdo, pero eso no le da el derecho a nadie de silenciar y amedrentar a quienes piensan distinto. Los cuestionamientos a las personas que detentan el poder son imprescindibles para combatir la corrupción. Las personas que ejercen el poder tienen el deber de rendir cuentas, los ciudadanos tenemos el derecho de exigir esa rendición de cuentas y a expresar nuestra opinión. Es el principal valor de la democracia y debemos todos defenderlo.
El hostigamiento judicial está atentando contra los derechos humanos en Panamá, por lo que es deber del Estado corregir esta situación y evitar que se siga utilizando nuestro sistema judicial para perseguir la opinión, impedir el acceso a la información y para amedrentar a los ciudadanos en el libre ejercicio de la libertad de expresión.
La autora es miembro de Movin y conductora de ‘Sal y Pimienta’.
