La igualdad ante la ley o igualdad de derechos es un pilar fundamental de toda sociedad exitosa, es decir, toda sociedad que haya logrado perseverar una paz social y un desarrollo socio económico por un periodo largo de tiempo. Igualdad de derechos independientemente de tu sexo, procedencia, raza, religión y orientación sexual. En principio, el cumplimiento de las leyes y normas de una sociedad bajo estricto ordenamiento jurídico, sin distinción de a quien se juzga, nos da como resultado un Estado de derecho.
Solo con interpretar esta sencilla explicación podemos concluir que en Panamá y gran parte de Latino américa no existe un Estado de derecho. Y por consecuencia, no existe un verdadero capitalismo, no existe un verdadero libre mercado ni libre competencia, en la que el consumidor, de manera democrática y en un intercambio ganar-ganar (capital a cambio de producto/servicio), decide hacia dónde se da la transferencia de capital.
Para que se manifieste un verdadero capitalismo en nuestros países, definido por el respeto a la propiedad privada, la libre competencia, un sistema de precios libre y el intercambio voluntario, es absolutamente necesario contar con un esquema legal robusto, dotado de recursos, que tenga la capacidad de garantizar esa igualdad ante la ley. De lo contrario, mantendremos el modelo clientelista y extremadamente corrupto que reina hoy día, en el que el gobierno, y no el libre mercado, es la principal fuente de nuevas riquezas individuales.
Ante la crisis que vivimos hoy, más que nunca necesitamos del capitalismo, bien implementado, para salir adelante. Este, como bien lo explica Antonella Marty en su más reciente libro, es “un antídoto contra la pobreza”.
Para lograr esto debemos hacer cambios sustanciales en materia de justicia, y esto empieza por instaurar una comisión internacional contra la impunidad, empoderada y dotada de recursos que investigue, juzgue y condene a los que han lucrado ilegalmente del Estado en los últimos 25 años. Esto es una solución a corto y mediano plazo. Como solución a largo plazo, debemos destinar un porcentaje más elevado del presupuesto anual estatal en materia de justicia y reunir a las mentes indicadas para reformar la estrategia del país en materia de justicia, y reforzar la institucionalidad de nuestro sistema judicial.
Mantener esto así solo puede ser intencional y tiene como único objetivo proteger el statu quo de criminales y burócratas corruptos que encuentran en la política una plataforma para enriquecerse sin satisfacer ninguna necesidad o resolver un problema (a diferencia del mercado). Por el contrario, lo logran perpetuando a muchos en la pobreza.
Dejemos de confundir lo que tenemos en Panamá con capitalismo, porque no lo es. Dejemos a un lado la obsesión por la igualdad de resultados e igualdad material que muchos parecen tener, y que por definición es anti natural, y pasemos a demandar una verdadera igualdad ante la ley. Esto, junto a una reforma educativa, en la que pasemos a subsidiar la demanda en lugar de la oferta de educación pública (un histórico fracaso), son transformaciones complejas que nuestro país pide a gritos si queremos prosperar. De lo contrario, seguiremos siendo víctimas de las fallidas políticas públicas del gobierno de turno del momento y su permanente obsesión de poder y generación de riqueza a través del Estado.
Es la desigualdad ante la ley la que verdaderamente genera estallidos sociales, ahuyenta inversión y aumenta la pobreza de la sociedad.
El autor es empresario
