Impunidad y corrupción: los desafíos para la región



En la edición más reciente del informe anual “Freedom in the World”, publicado desde 1973, por la organización estadounidense Freedom House, encontramos que para 2020, el número de países libres alcanzó su nivel más bajo desde el comienzo de un período de 15 años de decadencia democrática, mientras que el número de países no libres alcanzó su nivel más alto. Los países más libres suman 82 para el año 2020 mientras que para el 2005 eran 89 los que estaban en esta posición. Sin embargo, los países menos libres para el año 2005 sumaban 45 y para el 2020, la cifra llega a 54. De los países con más declive en sus democracias en nuestro continente están los Estados Unidos, El Salvador, Venezuela y Nicaragua.

En las Américas, de 35 países, 60% son libres, 31% parcialmente libres y 9% no libres.

Entre los países libres de América Latina podemos destacar a Brasil, Jamaica, Argentina, Costa Rica, Chile, Uruguay. Los parcialmente libres son Honduras, Guatemala, México, El Salvador, Paraguay, Colombia, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Perú, mientras que en la lista de los no libres encontramos a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Para América Latina, en el 2020, nos enfrentamos a la violencia y abusos en la aplicación de medidas de cierres por la pandemia de la Covid-19. Unidades policiales y militares en El Salvador y Venezuela presuntamente participaron en detenciones arbitrarias y torturas, mientras que grupos paramilitares vigilaban a movimientos civiles en Venezuela y Colombia. Incluso en Argentina, donde las instituciones democráticas son más fuertes, surgieron informes de policías disparando balas de goma contra presuntas personas que violaban la cuarentena. Por otro lado, el presidente de México restó importancia a los daños del coronavirus, dejando a los ciudadanos con menos acceso a servicios de información y recursos. Por el frente de la libertad de expresión, las autoridades cubanas desataron una ola de intimidación, detenciones arbitrarias y arrestos domiciliarios ilegales contra periodistas y un grupo de artistas disidentes con los que el gobierno había prometido un diálogo abierto. En El Salvador, su presidente sorprendió al país al ordenar tropas en el parlamento en un intento de asegurar fondos adicionales para las fuerzas de seguridad.

En cuanto al entorno nacional, Panamá se encuentra en la lista de los países libres con una puntuación total de 83 puntos: 35 para derechos políticos de un puntaje máximo de 40 (35/40) y 48 para libertades civiles de un puntaje máximo de 60 puntos (48/60). Este puntaje se ha mantenido sin variaciones significativas durante los últimos años.

Según los autores del informe, “Las instituciones políticas de Panamá son democráticas, con elecciones competitivas y rotaciones de poder ordenadas. En general, se respetan las libertades de expresión y asociación. Sin embargo, la corrupción y la impunidad son desafíos serios que afectan al sistema de justicia y a los más altos niveles de gobierno. La discriminación contra las minorías raciales es común y los grupos indígenas han luchado por defender sus derechos legales con respecto a la tierra y los proyectos de desarrollo”.

Si bien la puntuación de Panamá parece positiva, no solo nuestro país tiene un historial de discriminación de las minorías, en el último año se han violentado las libertades individuales y garantías constitucionales de los panameños con el pretexto de salvaguardar la salud en el contexto de la pandemia. Estas ‘soluciones’ solo han resultado en mayor desempleo, pobreza y dependencia en las ayudas gubernamentales, por lo que como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de levantar la voz de alerta cuando nuestras libertades y derechos se vean vulnerados.

El autor es administradora de la Fundación Libertad

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