Inversión en infraestructura educativa: un reto impostergable

Es probable que, para gran parte de la sociedad, cualquier lugar es auspicioso y asequible para estudiar y aprender. Se puede alegar que el sitio o entorno donde te encuentres o que esté disponible, no afecta tu aprendizaje. Si trasladamos este razonamiento a la realidad del sistema educativo en Panamá, los acontecimientos actuales en medio de la pandemia de la Covid 19 y los del pasado reciente, nos dejan claros que contar con aulas y espacios de aprendizaje en condiciones óptimas y con servicios públicos confiables y de calidad son determinantes para garantizar el derecho a la educación. El estado físico de los centros educativos incide directamente en el desempeño de los alumnos.

Las inversiones en infraestructura escolar son un pilar importante para asegurar el acceso de los estudiantes al sistema escolar y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Una infraestructura escolar apropiada, con los servicios públicos, equipamientos e insumos correspondientes y entornos escolares óptimos, impacta de manera positiva en la asistencia a clases, en la retención escolar, así como en los procesos de aprendizaje. Mejora la concentración y la motivación de los estudiantes, optimizando los procesos de socialización de los alumnos e incidiendo en los factores de disminución de la deserción escolar.

Ya Unicef, en 2008, advertía en su estudio “La convivencia escolar, componente indispensable del derecho a la educación” que los espacios escolares no sólo permiten el desarrollo de las tareas educativas de los niños. Son lugares de convivencia, donde se expresan y fomentan las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar.

El estudio “Infraestructura escolar y aprendizajes en la educación básica latinoamericana”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que los alumnos que estudian en colegios con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados en asistir a clases y obtienen mejores calificaciones.

Hoy, en medio de la pandemia, nos ha quedado claro la importancia de contar con infraestructuras de calidad; que den certeza de una buena preparación y formación académica; que conecten al alumno con su vocación profesional; que sirvan de soporte y de dotación de insumos colaterales, necesidad probablemente inadvertida durante décadas por funcionarios indiferentes y por ciudadanos disociados de la importancia de tener una apropiada infraestructura. En medios de comunicación social se mencionaba que “las más recientes estadísticas del Meduca -que datan de principios de 2020– detallan que unas 1,000 escuelas no tienen agua de forma continua”.

Para entender un poco este gran reto, consideremos la situación actual de la Escuela Miguel Alba, de Soná, que no tiene una infraestructura como tal desde hace seis años. Esta situación se ha convertido en foco de protestas ciudadanas, no sólo por la falta de infraestructura, sino también por la ubicación de estudiantes en comercios y hoteles para recibir sus clases, sitios que no reúnen los estándares educativos mínimos y que, aún hoy no cuentan con las condiciones para un retorno seguro a clases. Situación bastante similar es la del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Veraguas, en proceso de construcción desde hace 10 años.

Como manifestó en su momento Nivia Castrellón, mentora de Jóvenes Unidos por la Educación, en 2017, “desafortunadamente no se tiene claro que hay una deuda en Panamá desde hace medio siglo en construcción y manutención de infraestructura escolar”. La frase cobra aún más vigencia en el presente.

Panamá necesita de un compromiso sociopolítico, en el que los ciudadanos juguemos nuestro rol de fiscalizar las deficiencias de los centros escolares de nuestras comunidades y hagamos ese llamado de atención a las autoridades, a fin de que tomen las medidas necesarias para encontrar soluciones a estas deficiencias, así como para que colaboremos en su adecuada preservación . La educación es tarea de todos: es el momento para que los ciudadanos y las autoridades enfoquemos nuestras acciones en pro del mejoramiento de la infraestructura y de la construcción de centros escolares. Seguro que la gran recompensa será tener profesionales que inspire a futuras generaciones y, ojalá, manejen con transparencia la cosa pública. ¡Que la gran ganadora sea Panamá!

El autor es miembro Jóvenes Unidos por la Educación