Conocimos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (La Corte), en el caso de Manuela y otros -vs.- El Salvador (02-11-2021), un proceso contencioso en donde se juzgó al Estado de El Salvador por una serie de violaciones de derechos humanos, en el marco del proceso penal en el que fue condenada una mujer por el delito de homicidio agravado, en el contexto de un aborto. El Salvador es uno de los países en donde se criminaliza a las mujeres por las emergencias obstétricas, indistintamente el motivo de la misma, a pesar de ser signatario de las convenciones y los protocolos para la eliminación de la violencia contra la mujer.
Esta sentencia tiene un contenido valioso en muchos sentidos; hace un abordaje desde lo jurídico, analizando los hechos con perspectiva de género, y describe cada violación a los derechos humanos sufridos por la víctima, hasta llegar a sus consideraciones y reparación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión), primera instancia en donde se ventila el caso, presenta ante La Corte en julio de 2019, un informe que da cuenta de una serie de violaciones de derechos humanos en el marco del proceso penal en contra de Manuela, que culmina con la pena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, luego de una urgencia obstétrica. Describe situaciones que se dan tanto antes como después de su privación de libertad y una cadena de acciones que dieron como resultado la muerte de la víctima en el sistema carcelario y concluye con la responsabilidad del Estado de El Salvador, por la violación de varios derechos humanos, violaciones que afectaron también el entorno familiar de la víctima.
Estas violaciones de derechos humanos en contra de Manuela, mujer pobre, analfabeta, que vivía en una comunidad rural, se dan desde el momento en que ingresa al sistema de salud desangrándose. La médica presta más atención al parte que debe darle a la policía, que a la atención que requería la víctima, por el temor de no cumplir con lo que dispone la ley. En este país, los médicos tienen la obligación de presentar las denuncias, de lo contrario, sería ella la persona investigada. A Manuela le toman su declaración y la esposan a la camilla, a pesar de estar recibiendo atención médica. Pasan por alto su delicado estado de salud, le ordenan la privación de su libertad y luego se da en su contra una sentencia de 30 años de prisión. Esta persecución de la justicia por ser mujer, no suele pasar con otros tipos de delitos. Luego de ello, persisten las violaciones de derechos humanos mientras estuvo en el sistema carcelario, ya que por su delicado estado de salud previo al embarazo, no se le proporciona el tratamiento con quimioterapia y medicación que requería, lo que ocasionó su muerte.
Pareciera que no fue suficiente toda la situación que atravesó Manuela durante su atención médica, ya que para la justicia salvadoreña, los factores de valoración de la prueba fueron más allá de lo judicial, anteponiendo un análisis cultural machista, que los llevó a considerar que ella había ocasionado la muerte de su hijo, el cual era producto de una infidelidad, como única vía para evitar las críticas públicas o el rechazo de su esposo (el mismo que la abandonó con sus dos hijos), argumentando en ese análisis que así como ocultó su embarazo a los familiares, su reacción fue contraria a la naturaleza materna, porque toda madre busca proteger el fruto de su embarazo y que, en este caso, ella buscó el lugar idóneo para deshacerse de su hijo. Así de machista lo describe la sentencia.
El Estado de El Salvador es declarado por La Corte como responsable por la violación de varios derechos humanos en contra de Manuela y obligado a pagar y a reparar el daño, con la modificación de sus políticas, protocolos, así como a procesos de sensibilización a personal que atiende a mujeres por urgencias obstétricas y al pago de indemnizaciones compensatorias por daño material, lucro cesante, daño emergente, daño inmaterial, costas y gastos.
Esta sentencia representa un importante acontecimiento jurídico en materia de derechos humanos, para que el resto de los países de la región reflexionen sobre las políticas de atención y acceso a la salud de las mujeres, por abortos libres, gratuitos y seguros.
La autora es defensora de derechos humanos
