Durante los últimos meses la grave situación humanitaria que atraviesan los migrantes haitianos en tránsito hacia los Estados Unidos de América (EE.UU.) ha recrudecido. Esta crisis regional ha sido catalogada e, incluso, simplificada, por un sector importante de la opinión pública nacional e internacional, como un fenómeno de “migración irregular”. Igualmente, una cantidad importante de Estados involucrados han limitado sus esfuerzos al establecimiento de cuotas diarias específicas para lograr “flujos controlados” y a la prestación de asistencia humanitaria coyuntural.
No obstante, tales aseveraciones y posturas impiden lidiar con la problemática de forma integral y replicar, a su vez, iniciativas multilaterales que han demostrado un nivel bastante respetable de efectividad. En tal sentido, es necesario partir de la base de que el flujo migratorio haitiano, en estos momentos, proviene de Brasil y Chile. Tal como lo señaló el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, estos migrantes haitianos también han sido recipiendarios del estatuto de protección de refugiados en estos dos Estados. La pregunta, entonces, debe ser ¿por qué los refugiados haitianos bajo la protección internacional de Brasil y Chile deciden emprender una travesía tan riesgosa hacia los EE.UU.? La respuesta puede dividirse en dos partes.
Primero, el estatuto de refugiados es un régimen de protección provisional mediante el cual un Estado le extiende las protecciones legales pertinentes a los extranjeros que le solicitan asilo y que han huido de su país de origen o residencia por motivos de persecución. Esta protección es temporal, pues la misma debe cesar en el momento en que las causas que motivaron la solicitud de asilo desaparezcan. En los casos en que las mismas persistan, el refugiado debe tener acceso a un proceso de regularización migratoria que le permita incorporarse a la comunidad de acogida, es decir tener la posibilidad de optar por un camino hacia la permanencia. Una de las detonantes de la actual ola migratoria haitiana ha sido la ausencia de estos mecanismos de integración social en Chile y en Brasil, así como la promulgación de instrumentos legislativos que hacen muy difícil el proceso de regularización migratoria.
Segundo, la cuestión del tráfico de migrantes y la trata de personas incide directamente en los flujos migratorios que actualmente se están manifestando. La existencia de redes internacionales y regionales vinculadas a este tipo de actividades ilícitas e inhumanas es un secreto a voces. En tal sentido, los países de tránsito deben ir más allá de facilitar un flujo controlado y hacer frente a estos crímenes mediante acciones concretas y reales, ya que en ocasiones estas actividades tienden a permear en las propias instituciones de seguridad del Estado.
Un ejemplo de buenas prácticas es el desarrollo y la implementación del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones para las Américas (MIRPS). Hace algunos años, la difícil situación socioeconómica y los altos niveles de violencia en el triángulo norte de Centroamérica motivaron grandes movimientos de personas hacia los EE.UU. Ante esta coyuntura surgió el MIRPS, una iniciativa regional, multilateral y multisectorial apoyada por la OEA y el ACNUR, que, a través de un enfoque integral y participativo, propuso respuestas y soluciones innovadoras basadas en la solidaridad internacional y las responsabilidades compartidas. El MIRPS, del cual Panamá es parte, ha tenido importantes resultados en los países de tránsito, de destino y de retorno, y busca hacer frente a las causas del desplazamiento forzado en los países de origen. Uno de sus principales logros ha sido desarrollar medidas para integrar a los refugiados en las comunidades de acogida, a través del acceso a capacitaciones, servicios financieros, y programas de empleo y bienestar social. Es decir, lo que parece hacer falta actualmente en Chile y en Brasil para los refugiados haitianos. El proceso de desarrollo e implementación del MIRPS no fue fácil ni corto, con consultas multisectoriales y antecedentes que datan de 2014, pero iniciativas de esta naturaleza merecen ser replicadas.
Con relación al manejo panameño de la crisis, se destaca el interés de brindar respuestas regionales a la problemática y los llamados a otros Estados de la región a la prestación de asistencia humanitaria. No obstante, la ausencia de las principales instituciones nacionales encargadas de la temática de los refugiados, la Oficina Nacional para la Atención a los Refugiados, y la prestación de asistencia humanitaria, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, ambos bajo la égida del Ministerio de Gobierno, contrasta con la participación casi exclusiva de los estamentos de seguridad y es una manifestación de la securitización de esta agenda. De igual manera, Panamá debe enfatizar en la necesidad de que los países de destino respeten el principio de no devolución y que los migrantes haitianos no sean “deportados” al país en donde se les persigue. En ese sentido, urge, en el ámbito nacional, la incorporación de las dependencias del Estado panameño con un rango de acción humanitaria a la agenda, y en el ámbito internacional, la utilización de mecanismos ya probados como el MIRPS, en el interés de brindar la protección integral necesaria y ofrecer soluciones duraderas.
