Estuvo ayer en Panamá el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invitado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad). La visita propició reflexiones sobre el estado de la democracia en Panamá, América Latina y el mundo, en tiempos difíciles para esta forma de gobierno.
En el comentario que me fue solicitado durante la reunión en la Cámara de Comercio, expresé una preocupación por los avances del autoritarismo. En Estados Unidos, cuya arquitectura constitucional sirvió de modelo para el republicanismo democrático en todo el mundo, el populismo y la arbitrariedad menoscaban la democracia y el Estado de derecho, según lo reconoce la ONG internacional Freedom House en su más reciente informe (Freedom in the World 2019: Democracy in Retreat, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat).
Brasil, India, Filipinas y otros países experimentan situaciones muy parecidas, mientras que, en Europa, cuyo pensamiento ilustrado iluminó por años los esfuerzos por establecer sistemas de gobierno respetuosos de la ley y los derechos humanos, el ultranacionalismo y la intolerancia van cada vez más en aumento, menoscabando logros alcanzados a lo largo de los siglos.
Rusia y China, grandes potencias que, en la actualidad, incrementan su posición internacional, son hostiles a la democracia. Y en una América Latina que, treinta años atrás, navegaba con entusiasmo sobre la tercera ola de la democracia, en años recientes las pérdidas democráticas se han acentuado.
Hoy, solo ocho Estados (de un total de veinte en la región) son considerados “libres” por Freedom House: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay. Nueve son “parcialmente libres” y tres—el número más alto desde 1989—son dictaduras: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es particularmente triste el caso de Venezuela, donde los excesos de la partidocracia, la corrupción y el populismo condujeron a la pérdida de la democracia establecida en 1958-1959.
Este repliegue democrático en países vecinos y otros continentes debe constituir un importante llamado de atención a los panameños, para sanear y recomponer nuestro sistema constitucional y electoral de forma tal que logremos un afianzamiento de la democracia, el gobierno republicano, el Estado de derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales en nuestro istmo.
Para nadie que tenga dos dedos de frente es un secreto que el sistema político de la democracia panameña, procedente de la dictadura militar, se encuentra bajo estrés. Si no se ataca la raíz del problema —una estructura constitucional y electoral que promueve el clientelismo, la corrupción y el divorcio entre cargos públicos y ciudadanos— corremos el riesgo de perder los logros de la democracia en los 30 años desde el derrocamiento de la dictadura: el ejercicio del poder público sin interrupciones extra constitucionales, su puntual renovación conforme al calendario constitucional y más oportunidades que antes para la expresión individual y colectiva.
Necesitamos mantener y profundizar la democracia, no solo para conservar estos logros, sino, además, para proveer soluciones, a través de metodologías pacíficas y de consenso, a importantes problemas nacionales: la inseguridad alimentaria y nutricional; la contaminación, la falta de saneamiento y la depredación ambiental; los reducidos niveles educativos de la población; los tremendos obstáculos en el acceso a la salud y la seguridad social; el bajo nivel de ingresos frente al ascendente costo de la vida; las enormes complicaciones e inseguridades en el transporte público; la creciente criminalidad; el inadecuado acceso a la justicia y la falta de probidad en las actuaciones públicas, entre otros.
Ante las voces que reclaman, cada vez con mayor insistencia, respuestas a todas estas situaciones y manifiestan frustración por la incapacidad del Estado de proveerlas, debemos recordar que no es el mesianismo populista ni una dictadura militarista ni —evidentemente— la desfasada partidocracia lo que mejor pueden atenderlas. Es una auténtica democracia liberal porque, como nos lo recuerdan autores, como Francis Fukuyama, la democracia es el único sistema que reconoce la dignidad y los derechos humanos de todos los integrantes de la comunidad política.
Solo mediante la democratización de las estructuras constitucionales y electorales lograremos preservar y adecuar nuestro sistema político a nuestras necesidades. Y la manera más legítima, democrática y efectiva para lograr esta adecuación es una asamblea constituyente formada a partir de la más amplia participación ciudadana.
El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá
