Hace muy poco recordaba en estas páginas las palabras del extrañado Raúl Leis, uno de los más comprometidos impulsores de la descentralización en Panamá. Ahora, con los escandalosos sucesos sobre la utilización de los recursos municipales como botín político, es preciso que las repita: “la descentralización es un imperativo para Panamá si quiere desarrollarse, pero si ese proceso no se acompaña de formación en cultura de valores, así como en técnicas y métodos de fiscalizar la cosa pública, el proyecto puede fracasar”. Leis cerraba su análisis con una dura sentencia que resultó premonitoria: “el peligro es que también se puede descentralizar la corrupción”.
Y justamente esa descentralizada y descontrolada corrupción que vive el país ha tenido un gráfico reflejo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que cada año publica la organización Transparencia Internacional, cuyo capítulo panameño -la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- me honro estos días en presidir.
Estamos estancados en una especie de limbo del que no podemos salir, porque no hacemos nada para lograrlo. Panamá ocupa el puesto 36 de 180 países, unos puntos por debajo de la media regional que es de 42. Como es de esperarse dada la fortaleza de sus instituciones, Canadá, Uruguay, Chile y Costa Rica son los países de nuestro entorno que sacan mejor nota. En la cola, por supuesto, están Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Este año el IPC enfatiza en la relación entre la corrupción y la vulneración de los derechos humanos, algo muy evidente si se entiende que el dinero público que pasa a manos privadas debido a actos corruptos, es el mismo que debía ser utilizado para proveer de servicios públicos como salud, educación, agua, vivienda. Si recordamos la larga lista de demandas de servicios que afloraron en el Pacto del Bicentenario, el punto queda probado.
Los resultados del IPC también evidencian que los países con peores resultados, son los mismos en donde ha aumentado el autoritarismo, así como la vulneración de las libertades y garantías fundamentales; en fin, aquellos donde la democracia está siendo erosionada o donde ya ha dejado de existir.
Panamá podría haber mejorado. La ruta estaba marcada en aquel Reto por la Transparencia que firmara el presidente de la República, Laurentino Cortizo, cuando aún era solo uno candidato más en la carrera electoral. El hoy presidente se comprometió a impulsar una serie de reformas como una ley de conflictos de intereses, modificaciones a la ley de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), aumento de penas en casos de corrupción, actualización de normas sobre declaración de bienes, etc. Ninguno de estos compromisos se ha honrado, lo que ha producido el estancamiento en el desempeño de Panamá en la batalla global contra la corrupción.
Y así volvemos al escándalo que tiene a la descentralización en el banquillo de los acusados y a los entes de control saliendo de su letargo, mientras el Procurador de la Administración, Rigoberto González, nos permite creer que no todo está perdido.
Pero hay una institución que ha pasado totalmente desapercibida en este embrollo; una institución que tiene todo que ver con lo que han estado haciendo los alcaldes y representantes con los recursos públicos. Se trata de la Autoridad Nacional de Descentralización, institución creada en plena pandemia mediante el Decreto Ejecutivo de 23 de septiembre de 2020.
Según el proceso progresivo creado por la Ley de Descentralización, la Autoridad debía sustituir a la Secretaría Nacional adscrita al Ministerio de la Presidencia, como una segunda etapa que se iniciaría cuando los municipios del país hubiesen no solo recibido las partidas del impuesto de inmueble, sino también fortalecido su institucionalidad, mediante la ejecución de un plan nacional de capacitación y desarrollo de su recurso humano, con la aplicación de los principios de “méritos y eficiencia” propios de la Carrera Administrativa.
Sabiendo lo que sabemos sobre la utilización de la planilla -nacional y local- como botín, político, es evidente que los lineamientos de la Ley de Descentralización sobre manejo de personal como requisito para avanzar en el proceso, son y siguen siendo ignorados, a ciencia y paciencia de la famoso Autoridad Nacional para la Descentralización.
Una rápida revisión de la página de esta Autoridad revela que cuenta con una planilla de casi 300 funcionarios, con salarios que inician con los 4 mil que ganan el director, subdirector y secretario general. A pesar de la nutrida planilla que incluye una amplia cama de tareas, nada parece haber avanzando en los procesos de capacitación de los gobiernos locales, en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Si nos dejamos llevar por las fotos de la página, los funcionarios de la Autoridad han estado ocupados coordinando los procesos de vacunación por todo el país -¿sacando réditos políticos?-, mientras alcaldes y representantes se apropian sin pudor alguno de los siempre escasos recursos públicos. Es la desvergüenza descentralizada.
La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional
