Ante la pérdida de poder prevista si hay elecciones libres, la dictadura nicaragüense se ha desatado. No satisfecha con haber encerrado a numerosos oponentes, la noche del lunes los esbirros del régimen secuestraron a 2 activistas estudiantiles y 4 dirigentes campesinos (La Prensa de Nicaragua, 5 de julio).
Desde junio, de acuerdo con CNN (6 de julio), “la Policía Nacional ha detenido a 21 opositores, entre ellos, otros 5 precandidatos presidenciales, líderes empresariales, exguerrilleros y dirigentes de la Unidad Azul y Blanco y la Coalición Nacional”.
La macabra dupla Ortega-Murillo pretende presentarse como única opción en los comicios presidenciales del 7 de noviembre para así lograr otra “reelección” que le permita continuar su despótico control sobre el poder que ejerce ininterrumpidamente desde 2006. Ya antes, por supuesto, Ortega había sido dictador de Nicaragua, entre 1979 y 1990.
En esta ocasión (2021), una votación con candidato único es lo que el régimen nicaragüense, como el narcochavismo enquistado en la patria de Bolívar, quiere hacer pasar por elecciones democráticas.
Ambos están debidamente asesorados por la tiranía castrista, bajo cuya dictadura la competencia electoral es un elemento de ciencia ficción. Los tres países—Cuba, Nicaragua y Venezuela—son autocracias declaradas y forman entre sí un eje dedicado a explotar y reprimir a su población, saquear el erario y exportar su sistema de maldad y opresión.
En Nicaragua, Ortega y la bruja seguirán menoscabando el poco contenido democrático que le queda al sistema político nicaragüense, a no ser que la ciudadanía redoble sus esfuerzos por desalojarlos del poder, con firme apoyo internacional. Hasta ahora, la respuesta del exterior —con pocas excepciones—ha sido mediocre.
El 10 de junio, según Deutsche Welle, la Unión Europea “condenó las acciones ‘contra partidos de oposición, prensa, periodistas y trabajadores de medios, defensores de derechos humanos y la sociedad civil’” en Nicaragua, mientras que—de acuerdo con el diario Las Américas—el Parlamento Europeo advirtió que la continuidad de la cooperación de la Unión Europa “dependerá de que el país recobre la senda de la democracia”.
Ese mismo día, en el marco de una reunión del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), los ministros de relaciones exteriores de Belice, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España expresaron su “profunda preocupación por las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua contra importantes líderes de la oposición”, que atentan contra el “libre ejercicio democrático”, e instaron “a su inmediata liberación y a la restauración de sus derechos políticos” (Cancillería de Costa Rica, 10 de junio).
El Salvador y Honduras, que también forman parte del SICA, no se pronunciaron.
Recordando la Carta Democrática Interamericana (2002), en su resolución N°. 1175, del 15 de junio, el Consejo Permanente de la OEA, instó “enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países”.
Panamá estuvo entre los 26 Estados que votaron a favor. Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas se opusieron, en tanto que se abstuvieron: Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México (CNN, 16 de junio).
El 22 de junio, 59 países, incluyendo Panamá, emitieron una Declaración Conjunta sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Manifestaron su preocupación por “las recientes leyes aprobadas” que “restringen indebidamente la participación política, la libertad de expresión y la reunión y asociación pacíficas.”
Agregaron: “la disolución arbitraria de los partidos políticos y los procesos penales en contra de varios candidatos presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes”, por lo que demandaron “su liberación inmediata.” (Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, 22 de junio).
Algunos países, además, han actuado en el marco de las relaciones bilaterales. Costa Rica pospuso el envío de su embajadora designada en Managua (La Prensa de Nicaragua, 9 de junio). Argentina y México llamaron a consulta a sus embajadores (Deutsche Welle, 21 de junio).
El 9 de junio, el gobierno del presidente Biden impuso nuevas sanciones financieras a secuaces de la dictadura sandinista. Estas se suman a las sanciones aplicadas anteriormente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, tras la movilización ciudadana en 2018, que la dictadura reprimió con crueldad.
Las declaraciones y medidas diplomáticas que han tomado algunos países son un punto de partida, pero distan de ser suficientes o adecuadas para enfrentar la encrucijada nicaragüense, en la que están en juego el bienestar y la seguridad democrática de una población de 6.7 millones. Como es evidente en Venezuela, el deterioro de la situación política va de la mano del daño socioeconómico, agravado por la crisis del coronavirus, que compromete el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y puede conducir a desenlaces de violencia generalizada y flujos masivos de personas.
Panamá—como de costumbre en estos casos—se ha limitado a suscribir comunicados emitidos por otros. Mientras, el gobierno mantiene en su puesto al embajador José de Jesús Martínez, vinculado a la “tendencia” del PRD, un partido estrechamente asociado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Las conexiones entre ambas agrupaciones no son únicamente históricas. ¿Cuántos jerarcas del sandinismo tienen activos en Panamá? ¿Quiénes les “lavan” sus millones y se los administran? Un gobierno responsable debería inventariar y confiscar esos recursos mal habidos, con base en la Convención interamericana contra la corrupción (1996) y Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2003).
También debería impulsar el procesamiento de los criminales vinculados a la comisión de delitos de lesa humanidad, por el Tribunal Penal Internacional, conforme al Estatuto de Roma (1998), en respaldo a las acciones que se vienen intentando desde 2018 para que el tenebroso dúo Ortega-Murillo rinda cuentas por la muerte de, al menos, 535 manifestantes.
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá
