El ascenso al poder del golpista Chávez (1999) catalizó la degradación política en Venezuela. Su campaña estuvo basada en críticas a la Cuarta República (1959-1999), un régimen partidocrático bajo el cual, a pesar del acaparamiento político de las cúpulas partidarias, al menos había separación de poderes y respeto por las libertades fundamentales.
Armado con un burdo discurso populista, Chávez desbarató los cimientos republicanos del Estado venezolano, sustituyéndolos por una narcodictadura. Ese mismo fue el estilo del régimen militar en Panamá (1968-1989) cuyo legado nefasto, enarbolado por el PRD, sigue contaminando el cuerpo social istmeño como una metástasis cancerosa.
No en vano usaba Chávez cada oportunidad para alabar al dictador Torrijos, bajo cuya tiranía ocurrió la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos durante la dominación castrense. Chávez y su sucesor, Maduro, siguieron los pasos de Torrijos, Paredes y Noriega, quienes instituyeron una dictadura militar represiva y pusieron al istmo al servicio de las narcomafias internacionales.
Sobre una escala de 0 a 100—en la que 0 indica pleno autoritarismo y 100, plena democracia—la respetada ONG internacional Freedom House asigna a Venezuela un puntaje de 16/100. Freedom House comenta que las condiciones políticas “han empeorado marcadamente” en Venezuela, “debido a la constante concentración de poder en el Ejecutivo y las medidas de mano dura contra la oposición.” Añade: “La corrupción del gobierno es omnipresente” (https://freedomhouse.org/es/country/venezuela/freedom-world/2020).
El Barómetro Global de la Corrupción destaca la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, atribuyéndola en parte a los niveles sin precedentes de corrupción y malversación. El informe señala que unos 400 mil millones de dólares han sido desfalcadosbajo los gobiernos de Chávez y Maduro (https://images.transparencycdn.org/images/2019_GCB_LatinAmerica_Caribbean_Full_Report_200409_091428.pdf).
Atlantic Council, otra respetada ONG, describe a Venezuela bajo el narcochavismo como un “centro mundial de criminalidad y convergencia terrorista” que usa los réditos de la explotación petrolera para financiar a sus aliados en el extranjero (https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-regimes-illicit-activities-a-threat-to-democracy-in-venezuela-and-security-in-latin-america/).
A esa caja menuda quiere acceder una facción del PRD, como antes tuvo acceso a ella, sobre todo en la campaña de 2009 (Panamá América, 26 de abril de 2011). El apoyo de parte de la cúpula perredista a las fraudulentas elecciones de diputados en Venezuela, rechazadas por los sectores democráticos en todo el mundo, apunta en esa dirección.
Hasta el inepto gobierno de Panamá declaró que los fraudulentos comicios “no garantizaron un proceso democrático, transparente, inclusivo, libre y justo para el pueblo venezolano” (6 de diciembre). Ni bien se había secado la tinta de ese comunicado cuando el secretario general del PRD escribió en Twitter: “Damos fe que se trató de un ejercicio constitucional democrático, libre y pacífico.”
Agregó a Telesur que la votación se había realizado “de forma pacífica, de forma tolerante, de forma ordenada, a pesar de todas las limitaciones que vive Venezuela producto del acoso internacional de Estados Unidos y sus aliados. Se desarrolló un ejercicio de manera ejemplar” (La Prensa, 7 de diciembre).
El jefe del Ejecutivo, a quien, de acuerdo con la Constitución (Art. 184, numeral 9), le corresponde dirigir nuestras relaciones exteriores, no intervino para reiterar la posición panameña. Esta posición, supuestamente, nada tiene en común con lo expresado por uno de los cabecillas del partido al cual pertenece el Sr. Cortizo y que, presuntamente, respalda su inútil desempeño en el gobierno panameño.
Panamá firmó el 7 de diciembre un “comunicado conjunto” con otros 15 países, el cual aseveró que los comicios del día anterior “carecen de legalidad y legitimidad”. El 9 de diciembre, Panamá apoyó la Resolución N°1164 (2309/20) del Consejo Permanente de la OEA en rechazo a las elecciones fraudulentas.
Aun así, las declaraciones del líder perredista abren la puerta a la normalización de relaciones diplomáticas con la narcodictadura chavista tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional escogida por fraude el 6 de diciembre.
Hacia ese fin, Panamá ya advirtió que su respaldo a la Resolución N°1164 (2309/20) “no supone el reconocimiento a la continuidad del mandato constitucional del órgano legislativo o de sus integrantes.” Esta advertencia se refiere al gobierno provisional de la Asamblea Nacional de Venezuela (encabezado por el diputado Juan Guaidó), que Panamá reconoce como legítimo representante del pueblo venezolano desde el 23 de enero de 2019.
Como lo expuso el profesor Alonso Illueca, “nuestro derecho interno (Decreto N°364 de 1990) y las normas comunitarias de gobernanza democrática (Carta Democrática Interamericana), nos obligan a no reconocer” a la dictadura venezolana “y a adherirnos a las apreciaciones colectivas adoptadas a través del Consejo Permanente de la OEA” (La Prensa, 16 de diciembre).
Al PRD, sin embargo, nada le importa la gobernanza democrática. Le interesa, como a sus secuaces narcochavistas, enriquecerse a costa del erario y reprimir toda protesta contra su pernicioso ejercicio del poder, capitaneado por elementos de oscuro pasado que atentan contra el desarrollo democrático, tanto en Panamá como en Venezuela.
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.
