La casta política, al igual que lo hicieron Torrijos y Moscoso en su momento, pretendiendo ocultar su incapacidad para afrontar los graves problemas nacionales, apoyados por los “sicarios intelectuales” de siempre, están vendiendo la idea que la única forma de solucionar la crisis creada por ellos mismos, es a través de un “proceso de reforma constitucional”.
El resultado de tales “esfuerzos” fueron los “parches” que se hicieron y con los que, de manera definitiva, asesinaron cualquier posibilidad de producir cambios en el sistema que, hasta el día de hoy, sigue promoviendo, aupando y propiciando la impunidad, que es la deformación celular causantes del cáncer de la corrupción, o del virus del V.I.H. o el ébola, asesinos de las pocas instituciones democráticas que existen en el país.
Se dice que la población quiere una modificación constitucional, que, según el gobierno de turno, solo es posible mediante unas reformas al texto constitucional, según un anteproyecto elaborado por un organismo, cuya representatividad ha sido altamente cuestionada, y que de paso no son ni innovadoras ni actualizadoras ni explicativas y mucho menos correctivas.
Y lo mas histriónico de todo es que mientras hoy la población no se siente representada por una Asamblea de diputados, precariamente electa, que carece de credibilidad, un gobierno electo por solo el 33.2.% de la población votante, le confiere al denominado Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, designado por la misma casta política salpicada por los 4 costados de corrupción, una carta blanca para elaborar un mamotreto, que el solo hecho que no haya sido producto de la voluntad popular resulta ser inaceptable.
El origen del desastre que tenemos viene de un perverso sistema electoral creado por la partidocracia, en el que la población votante es condicionada al momento de depositar su voto, solo por aquellos candidatos que ellos presenten, y donde la libre postulación, al igual que la convocatoria para una asamblea constituyente, queda restringida a la recolección de firmas, algo que es violatorio y restrictivo de derechos reconocidos por tratados internacionales sobre derechos humanos.
Es evidente que la gente lo que quiere es que trascendamos el anacrónico y autoritario centralismo, creador del imperialismo presidencial existente.
Que el votante tenga la democrática oportunidad de rectificar sus errores, mediante la aprobación de un sistema que haga que todos los mandatos y cargos en el gobierno sean revocables. Que el sufragio, tanto activo como pasivo, sea una realidad plausible. Que el Órgano Legislativo represente a la gente fielmente y no a los partidos políticos. Que la justicia sea impartida por jurados escogidos al azar, y no por jueces y magistrados corruptos o corruptibles, no mercachifles de sentencias.
Y sobre todo lo anterior, que se respete la ley, y nunca más pueda un tribunal de justicia o magistratura usurpar impunemente atribuciones, modificando leyes con resoluciones o fallos, con la única finalidad de cercenar garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Lo ideal es que surja una auténtica, no retórica, descentralización. La ciudadanía reclama un sistema político democrático. Reclama, con justa razón, que trascendamos a la actual, perversa y peligrosa partidocracia, en la que, por efecto de pequeñas élites plutocráticas de los mismos, la mayoría de los ciudadanos quedamos marginados, despojándonos de nuestro legítimo derecho a ser electos. El pueblo demanda la opción ciudadana para elegir libremente a nuestros gobernantes y representantes, sin fraudes, ni manipulación de facciones.
El miedo es natural en el prudente, y saberlo vencer es de valientes. Por ello los sectores comprometidos con la libertad y la democracia demandan que los actores políticos trasciendan al desconcierto y fragmentación derivada de los acontecimientos; que trascienda la lucha política por los puestos y al usufructo del presupuesto público, por lo cual se olvidan permanentemente de la precaria situación de las mayorías. Por eso hay que regenerar a la política para hacerla creíble. Los actuales detentadores de los puestos del gobierno deben entender que la vieja política ya fracasó y que el pueblo vota en pro de cambios para que el país se regenere, no para perpetuar privilegios.
Hay que abrir nuevos caminos. Enseñar los nuevos pasos de un andar colectivo y ciudadano. No apostamos a la política del desgaste, de la crítica contumaz. Sabemos hacia dónde y cómo ir. Tenemos rumbo, un nuevo rumbo con equilibrio de poderes y con mucha participación ciudadana. Vivimos una sociedad informada, donde el ciudadano, para nosotros, está en el centro mismo de la acción política. Eso es lo que la gente quiere y anhela… no lo que ellos dicen.
El autor es abogado
