La inclusión educativa no es un tema nuevo en nuestro país. Diferentes sectores de la sociedad han propuesto políticas públicas para facilitar el aprendizaje exitoso de niños y niñas, garantizando el derecho humano a la educación.
Existen retos por asumir y metas por cumplir. Es crucial la sensibilización de la población, que incluye a todos los actores del proceso educativo. El reto que plantea la pandemia por la Covid-19 al sistema educativo, ha evidenciado las deficiencias para adaptarse a nuevas modalidades y la inequidad en las oportunidades de aprendizaje.
El Decreto Ejecutivo No.1 del 4 de febrero de 2000, que establece la normativa para la educación inclusiva de la población con necesidades educativas especiales NEE , define a estudiantes con necesidades especiales a “los alumnos que, con o sin discapacidad, presentan dificultades para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad o aquellos que presentan talentos especiales y que para ser atendidos adecuadamente, puedan requerir recursos de apoyo, ajustes o adaptaciones en una o varias áreas del currículum escolar”.
La UNESCO define la educación inclusiva como “el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades”.
Considerando ambas definiciones, la Pandemia por la Covid19 ubica a los alumnos del sistema educativo panameño como estudiantes con necesidades educativas especiales. Al no poder utilizar la modalidad presencial, tienen dificultades para acceder a los aprendizajes y requieren adaptaciones y ajustes al currículo escolar.
Es un reto a escala mundial realizar las adecuaciones necesarias para garantizar igualdad de oportunidades. Estas dificultades deben coadyuvar a la toma de conciencia nacional. La inclusión y la igualdad se conviertan en pilares estratégicos para una enseñanza de calidad.
Las políticas públicas, los planes y proyectos que se planifiquen en el marco de una educación inclusiva, deben tener el objetivo común de disminuir y superar todo tipo de exclusión. Al sistema educativo panameño le corresponde modificar y diseñar estrategias para diversificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ante las condiciones desiguales que presenta la población estudiantil.
La flexibilidad es el reto más grande del sistema educativo, por diversos factores. Uno de ellos es la desigualdad. Según informes del Banco Interamericano de Desarrollo, Panamá continúa siendo uno de los países más desiguales de América Latina. La desigualdad se refleja en la inequidad de oportunidades de los estudiantes de acceder a internet. Según datos del Banco Mundial, cerca del 30% de la población panameña no tiene acceso a esta herramienta.
El difícil acceso, la falta de carreteras, puentes e infraestructura para comunicar a comunidades, sumado a las inexistentes redes de telecomunicación, ponen en evidencia que hay mucho trabajo por hacer.
La diversificación de estrategias se hace obligatoria. La participación ciudadana es esencial para aportar herramientas, ideas, planes y proyectos que faciliten esta diversificación, a través de fundaciones, organizaciones y agentes externos al Ministerio de Educación.
Los jóvenes tenemos el deber ético y moral de involucrarnos en la formación integral de los futuros ciudadanos, convirtiéndonos, de facto, en garantes del proceso. Un Panamá diferente es posible con ciudadanos diferentes. Seamos esos panameños diferentes.
El autor es estudiante de Psicología de la Universidad de Panamá, egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana
