Panamá lleva muchos años de rezago en el proceso de fortalecimiento de sus gobiernos locales. Por ello, cuando finalmente se aprobó en 2009 la Ley 37 que descentraliza la Administración Pública, hubo regocijo entre aquellos que por años habían abogado por el robustecimiento de los municipios del país.
Sin embargo, la alegría duró poco. No solo fue que el entonces presidente Martin Torrijos dejó para el final de su mandato la aprobación de la norma prometida en campaña -desligándose de su implementación-, sino que al llegar al poder Ricardo Martinelli, el proceso que estaba por empezar fue suspendido. Descentralizar no estaba en sus planes; todo lo contrario.
No fue hasta la aprobación de la Ley 66 de octubre de 2015 -durante la Administración de Juan Carlos Varela- que dio inicio el azaroso camino descentralizador en el país. Un proceso esperanzador -no exento de escollos-, que con la llegada al poder del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en 2019, enfrenta lo que parece una nueva edición de aquella “yunta pueblo gobierno”, entendiendo por pueblo a los militantes del partido.
Tras los primeros años de puesta en ejecución del experimento -que incluyó el traslado del impuesto de inmueble a los municipios, mediante una fórmula que intenta compensar con solidaridad la inequidad fiscal existente en el territorio nacional, así como la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los proyectos a ejecutar-, nos encontramos de repente con la creación de la Autoridad Nacional de Descentralización, mediante Decreto Ejecutivo del 23 de septiembre de 2020. Hace solo unos días.
Según el proceso paulatino creado por la Ley 66, la nueva institución debía sustituir a la Secretaría Nacional de Descentralización adscrita al Ministerio de la Presidencia, como una segunda etapa que se iniciaría cuando los municipios del país hubiesen no solo recibido las partidas asignadas del impuesto de inmueble, sino también fortalecido su institucionalidad, mediante la ejecución de un plan nacional de capacitación y desarrollo de su recurso humano, con la aplicación de los principios de “méritos y eficiencia” propios de la Carrera Administrativa.
La importancia de esa segunda etapa radica en que dará paso al traslado de competencias, de manera que los municipios puedan brindar servicios públicos de calidad. Un proceso vital para lograr un desarrollo local sostenible.
Pero ya sabemos lo que sucede en esta caricatura de estado de Derecho que tenemos. A partir del cambio de Administración, los funcionarios municipales con experiencia, conocimiento y formación que participaron en la primera etapa del proceso descentralizador, fueron sustituidos por militantes del PRD.
Los despidos masivos ocurridos en el distrito capital, por ejemplo, son una muestra de cómo se ha debilitado la institucionalidad local, provocando el descalabro en la gestión municipal. Tanto es así, que los ciudadanos tuvieron que recurrir a la Corte Suprema de Justicia para hacer entender al alcalde capitalino cómo funciona el sistema.
A pesar de todo ello, según el Decreto Ejecutivo que da vida a la Autoridad Nacional de Descentralización, una nota del 16 de septiembre -7 días antes de la probación del Decreto- suscrita por el Secretario Nacional de Descentralización, da fe de que se han cumplido la primera fase del proceso, incluyendo “el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales”. ¡Vaya cinismo!
Es evidente que se trata en realidad, de la última puerta encontrada por el Ministerio de la Presidencia para meter en la planilla oficial a los copartidarios aún desempleados.
Justo en momentos en que el país vive una grave crisis económica y social debido a la pandemia, el Decreto Ejecutivo aprobado el pasado 23 de febrero instruye al Ministerio de Economía y Finanzas a adoptar “las medidas administrativas y presupuestarias que resulten necesarias, para la puesta en funcionamiento de la Autoridad Nacional de Descentralización”, incluyendo las partidas correspondientes en el presupuesto de 2021.
No se trata de poca cosa. Según la norma vigente, la Autoridad Nacional de Descentralización tendrá un director y un subdirector, lo que implica obviamente un equipo administrativo que estará haciendo salivar a quienes buscan constantemente nuevos “desvinculados”. Además, su Junta Directiva tendrá nueve representantes -siete de los cuales son funcionarios-, que recibirán dietas por cada reunión que realicen.
En fin, para quienes acaparan el poder estos días, la ley de descentralización tiene signo de dólar. Ciento diez mil anuales para cada corregimiento y la nueva planilla recién descubierta de la Autoridad Nacional de Descentralización. Así de simple.
La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos
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