Hay momentos en que encontrar las palabras adecuadas para, al menos, provocar alguna reflexión entre aquellos que pueden hacer la diferencia -y estos días todos podemos hacerla-, parece tarea imposible. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho ya hasta la saciedad? ¿Por qué seguimos caminando hacia el barranco, a pesar de que abundan los letreros de peligro?
La complejísima crisis sanitaria que vivimos -junto al resto del planeta- no ha hecho más que dejar en evidencia la clase de sociedad que somos, las lacerantes desigualdades existentes y la “institucionalidad” que hemos creado. En realidad, si somos honestos en el análisis, la gravísima situación que enfrentamos estos días, no debería ser motivo de asombro. De espanto sí, pero no de asombro.
Y en medio de la gran cantidad de razones que explican por qué estamos empantanados, hay una que ha formado parte de mis reflexiones por años: la situación del servicio civil… esa burocracia estatal que es el sustento de toda administración pública y que, en el caso de Panamá, está marcada por el nefasto clientelismo y la estulticia de los partidos políticos.
Invariablemente y con diferentes grados, la llegada de cada nuevo Gobierno produce la “necesidad” de hacerle espacio a la clientela electoral de cada dirigente, de cada diputado, de cada sector del partido. Y ello se traduce en una lamentable pérdida de experiencia, preparación y conocimiento que da como resultado, un servicio público ineficiente y no pocas veces, corrupto.
No se trata del monopolio de un partido en particular, pero hace solo unos días, la cuenta de twitter del Partido Revolucionario Democrático (PRD) reproducía el transparente mensaje de su secretario general, evidenciando la magnitud de la tragedia: “Nosotros, desde la Dirección del partido, seguiremos insistiendo en la necesidad de incorporar a la mayor parte de nuestra militancia en la gestión del gobierno…”. Y estamos hablando de un año después de llegar al poder. Es decir, es una militancia insaciable y una dirigencia suicida, incapaz de entender que una burocracia ineficiente produce un gobierno incompetente.
Por ello, no es de extrañar los graves problemas que ha tenido la ejecución de las medidas tomadas desde la mesa técnica para enfrentar la pandemia. Sin importar el rigor del análisis -en un tema donde aún no existen respuestas categóricas en ninguna parte del mundo-, las instrucciones deben ser ejecutadas por un personal sin entrenamiento, sin experiencia, sin preparación, sin mística. Gente que solo sabe que le debe el puesto al partido o a un diputado.
No quiero ser injusta. Conozco de primera mano el enorme sacrificio y trabajo comprometido que realizan muchos funcionarios. Se también que hay sincera molestia entre miembros del PRD que rechazan estas prácticas. Nada es blanco y negro, pero el daño es innegable.
Allí están los muchos decretos y resoluciones surgidos de las direcciones de Asesoría Legal de los diversos ministerios, cargados de penosos errores y redactados de forma que refleja la falta de preparación de los equipos legales. Más grave aún es la imperdonable ausencia de conocimiento en materia de derechos y garantías fundamentales que evidencian los letrados de las instituciones. ¿Cuántos de esos abogados encargados de poner en blanco y negro las decisiones del Gabinete acaban de llegar a la planilla estatal?
Qué decir de la corrupción, la impunidad y su causa principal, el deplorable sistema de administración de justicia que tenemos. También aquí sabemos cómo ha jugado el dedo poderoso de los magistrados de la Corte Suprema en materia de nombramientos de jueces y magistrados. Imposible tener una justicia independiente y oportuna mientras no exista una Carrera Judicial en propiedad.
Y cómo analizar la falta de sensatez del nuevo procurador, Eduardo Ulloa, al nombrar a su lado a un conocido militante de un partido político, cuyos principales dirigentes forman parte de investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. La ausencia de criterio de quien está a cargo no solo de todos los terribles casos de corrupción del pasado, sino de los sucesos más recientes que han provocado la pérdida del apoyo a la gestión del gobierno -en momentos en que es vital que todos rememos en la misma dirección-, es alarmante.
Todo indica pues que, a pesar de que tenemos la información necesaria para cambiar de rumbo, nos gusta mucho la peligrosa ruta del barranco.
La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos
