La prórroga, el humo y la infamia

El 21 de mayo pasado, Panamá Ports Company (PPC) entregó al gobierno dos cheques que sumaban 150 millones de dólares. Según informó la empresa, 85 millones correspondían a dividendos de Panamá por el 10% de acciones; 20 millones por “dividendos pagados por adelantado” correspondientes a cinco años, a razón de $4 millones por año; 27 millones como “un aporte liberal en dividendos…para mostrar su solidaridad en tiempos críticos”, y finalmente 20 millones para financiar el internet de un proyecto de educación. Responsabilidad social empresarial, dicen.

Es decir, cuando los directivos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se declararon en sesión permanente el 27 de mayo, ya todos esos aportes tan cacareados habían sido entregados. La resolución de 23 de julio que aprobó la prórroga, parece haber sido solo una formalidad.

Como se sabe, Panamá estaba obligado a prorrogar el contrato, salvo que se pudiera sustentar el incumplimiento de las obligaciones de la empresa. Para ello, se requería un trabajo riguroso y comprometido de los funcionarios a cargo de analizar las cuentas. Un trabajo comprometido con Panamá, se entiende.

Uno de esos funcionarios es el “ministro consejero de facilitación de la inversión privada”, José Rojas Pardini, quien nos representa a todos los panameños en la Junta Directiva de PPC. Hasta el momento, no ha tenido la entereza de explicarle al país, cuáles fueron sus actuaciones y gestiones para defender los intereses de Panamá, si es que hizo alguna.

En cuanto al contralor, Gerardo Solís, ya sabemos que el 21 de diciembre de 2020 certificó que PPC tuvo un “cumplimiento sustancial” de las obligaciones contractuales. ¿Cumplimiento sustancial es lo mismo que complimiento total? Cuestión de semántica claro.

El análisis pasa, principalmente, por las reinversiones y los dividendos, temas que la empresa ha manejado con total opacidad. Por ello, la pregunta lógica es, desde cuándo y por qué la empresa tenía retenidos 112 millones (85 más 27) que “tan generosamente” entregaron al gobierno, justo antes de que la directiva de AMP tomara una decisión sobre su contrato.

Este asunto tiene historia. En algún archivo polvoriento de Contraloría, debe estar la denuncia presentada por el abogado Pedro Meilán sobre el tema. Si se hubiera investigado, tal vez Panamá hubiera tenido información relevante para negociar. Curioso que quien firma la resolución de prórroga como viceministro de la Presidencia, Carlos García, era secretario general de la Contraloría cuando esa denuncia llegó a la institución.

Si bien el contralor dio su bendición, también recomendó revisar las tarifas por movimientos de contenedores, impuestos y otras actividades que realiza PPC. Sin embargo, la directiva de AMP le pasó la pelota al director de la institución quien, se me ocurre, no tiene la misma capacidad negociadora. Tampoco se animaron a poner coto al sabotaje empresarial que ha estancado el crecimiento portuario, o a exigir la devolución de las tierras que PPC se comprometió a desarrollar, y que hoy alquila por millones. Millones que no recibe Panamá.

¿Por qué el gobierno y los representantes del sector privado en la directiva de AMP desperdiciaron esta ocasión de oro para lograr una negociación ventajosa para Panamá? Es una pregunta que requiere una respuesta de todos los que firmaron esa resolución.

En 2005, a pesar de que no había base legal para ello, el entonces ministro de Comercio, Alejandro Ferrer, sentó en la mesa de negociación a los señores de PCC, logrando que pagaran 102 millones de dólares por el uso de la infraestructura recibida y aumentado la tarifa por movimiento de contenedores.

Esta era la oportunidad para lograr más beneficios para el país pero no lo hicieron, a pesar de los antecedentes que son testimonios de que es posible. Además, mienten categóricamente los que alegan que Panamá obtuvo importantes beneficios de este proceso, a menos que se refieran a los 20 millones de dólares que la empresa ha decidido dar para internet gratuito. Un caramelito.

Los 7 millones que PPC se compromete a pagar, son dividendos que nos tocan por el 10% de acciones. No es un beneficio adicional. Además, hay una sospechosa contradicción entre los 7 millones anuales a los que se han comprometido como mínimo, y los 20 entregados como adelantos de cinco años, a razón de 4 millones por año. Entonces, ¿son 7 o 4 millones? Como siempre, nos quedan debiendo.

El resto de las cifras citadas por la AMP, son las obligaciones contractuales de la empresa. Los negociadores no lograron ni un solo beneficio adicional para Panamá al vencerse el contrato. Todo es humo.

Aquella equiparación lograda por la empresa en 2002, de la mano de la presidenta Mireya Moscoso, y su ministro de Comercio, Joaquín Jácome, sigue en el primer lugar en la historia local de la infamia. Sin embargo, la prórroga automática lograda por PPC en la Administración Cortizo-Carrizo, le pisa los talones.

La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos