Esta columna es para los que acaban de descubrir el Código Electoral, pero aún no lo han estudiado ni entienden sus impactos. Repiten como papagayos la fábula puesta a circular por los avivatos electoreros: que la propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, presentada a la Asamblea Nacional, es una obra maestra de la democracia, cuya aprobación transformará la putrefacta política panameña en un modelo de probidad, rectitud y virtud cívica.
Parece que a los descubridores del código no les da el cerebro para percatarse de que los malévolos diputados, que cual gallinazos picotearon y desbarataron el proyecto enviado por el Tribunal Electoral, están allí por obra y gracia de ese mismo tribunal. ¿Cómo cree usted que llegaron a la “augusta cámara” los 12 residuos que contaminan el hemiciclo legislativo? ¿Quién avaló y bendijo los fraudes para que esos y otros tramposos conquistaran sus curules mal habidas?
No quieren darse cuenta de que la mentada comisión, que tiene capacidad para proponer cambios al sistema de elecciones—a fin de prevenir que semejantes lacras lleguen al poder—no ha generado, en los 28 años desde su primera convocatoria, una sola propuesta conducente a atender el principal problema de la “democracia” panameña.
¿Cuál es ese problema? Que el sistema electoral está diseñado para producir una partidocracia con partido dominante (PRD) y que esa partidocracia, mediocre y corrupta—que se vale del clientelismo para acceder al poder y de la corrupción para enriquecerse—tiene al país sumido en la bancarrota económica, social, cultural y moral.
Revelo las pruebas para que quede claro. En 2019, le bastó al partido de los cuarteles el 31% de los votos emitidos para presidente, sumados al irrisorio 2% obtenido por su aliado Molirena, para apropiarse del Órgano Ejecutivo en su totalidad, incluyendo su botín presupuestario ($25 mil millones en 2022). En ninguna parte puede llamarse “democrática” semejante dominación de una minoría, asegurada por 5 años por un pésimo sistema de elecciones y por un Tribunal Electoral que es cómplice de la partidocracia.
El mismo partido de la dictadura acaparó, con el 30% de los votos para diputado en toda la república, el 49% de los puestos en la Asamblea Nacional. Con el 32% de los votos para alcaldes en todo el país, se apoderó del 47% de los gobiernos municipales.
Con el 31% de los votos para representantes (y concejales) en el territorio nacional, se adueñó del 47% de estos cargos. En consecuencia, tiene mayoría en 29 consejos municipales, lo que representa el 36% del total y controla otros ayuntamientos gracias a su alianza con representantes corruptos de los demás partidos y mal llamados “independientes”.
Entre los concejos que domina están los principales del país: Panamá, Colón, San Miguelito, David, Penonomé y Santiago de Veraguas. Estas y otras corporaciones municipales, hartas en dinero de la descentralización para la rebusca y la rebatiña, constituyen fuentes inagotables para el apertrechamiento de ese engendro de la dictadura que por siempre será el PRD.
Acabar con la partidocracia que estrangula al país requiere un cambio constitucional, que solo se logrará a través de una asamblea plenipotenciaria, pues las disposiciones electorales contenidas en la Constitución solo podrán ser removidas por legítimos representantes de la nación en ejercicio del poder constituyente originario. Quienes alcanzaron sus puestos gracias a un sistema corrupto no van a mover un dedo para corregirlo. Ya lo dijo el doctor Quintero: “Nadie pone soga en su propio pescuezo”.
Sin embargo, una reforma inteligente del Código Electoral—esa que tanto la comisión como el tribunal como la Asamblea Nacional quieren evitar a toda costa—reduciría las groseras distorsiones que conducen a la dominación del PRD. Instituyendo la llamada “segunda vuelta” en todas las elecciones uninominales—aquellas para elegir presidente, 26 diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes y representantes de corregimiento—,al partido de los cuarteles le sería más complicado seguir manteniendo su nefasto dominio sobre la vida nacional.
No es verdad que para meter la segunda vuelta se necesita una modificación constitucional. Todo lo que se necesita es rectificar el artículo 398 del Código Electoral, así:
“La Junta Nacional de Escrutinio proclamará como presidente y vicepresidente de la República a los candidatos que aparezcan en las boletas que hubiesen obtenido la mitad más uno del total de votos válidos emitidos en dicha elección. En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos. En caso de que ninguna candidatura presidencial obtenga la mitad más uno del total de votos válidos emitidos, se llevará a cabo una segunda votación, tres semanas después de la primera, entre las dos candidaturas más votadas. La Junta Nacional de Escrutinio proclamará como presidente y vicepresidente de la República a los candidatos que obtengan la mitad más uno del total de votos válidos emitidos en dicha segunda votación”.
El mismo principio se adoptaría para la elección de diputados uninominales (Art. 402), representantes (Art. 410) y alcaldes, que deberá ser normada en el Art. 406. Esta reforma, unida a la eliminación del residuo y la asignación de escaños por estricta proporcionalidad en los circuitos plurinominales, asestaría un golpe a la corrupción electoral imperante en el país. ¿Se atreverá algún diputado a presentarla?
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá
