El artículo No. 1, el Código deontológico del periodismo panameño, aprobado en 2013 por el Colegio Nacional de Periodistas, estipula que “El periodista está al servicio de la sociedad, que reclama y tiene derecho a estar bien informada”, y subraya que, en base a ello, “es su responsabilidad buscar la verdad de los hechos del interés de ella, y transmitirla a través de los medios a su disposición para satisfacer ese legítimo derecho”.
Por respeto a ese principio, he abandonado mi promesa de no escribir más sobre el contrato-concesión de Panama Ports Co. (PPC), para el desarrollo y manejo de los puertos de Balboa y Cristóbal, cuya vigencia de 25 años expira en 2022. En una costosa publicidad publicada bajo el titular “Aclaración a la ciudadanía”, califica de mito algunos argumentos de quienes hemos criticado su manejo de la concesión original y su desleal relación con el Estado, al bloquear con demandas legales el óptimo desarrollo portuario en el Pacífico de Panamá.
En su aclaración, PPC califica de mito haber recibido “infraestructura portuaria”, pero en su versión se contradice al afirmar que “la infraestructura portuaria que recibió la empresa… fueron construidos (sic) para el manejo de carga general”, y enfatiza: “no eran puertos diseñados para manejar contenedores”.
La verdad, según reportaba el Manual Marítimo de Panama en 1996 (un año antes de la concesión), es que Balboa contaba con 10 muelles operativos con 16 sitios de atraque, en los que manejaba contenedores, carga a granel sólida y líquida; además, en uno de ellos atendía cruceros. Los muelles 14, 15 y 16 manejaban carga contenerizada de buques que contaban con su propia grúa de pórtico. Además, tenía un área habilitada para contenedores refrigerados y almacenaje de vehículos. Para esa época, la Autoridad Portuaria ya tenía proyectado transformar el muelle 20 de Balboa en una moderna terminal para buques portacontenedores.
Cristóbal, además de servir a la Zona Libre de Colón, era visualizado como centro de distribución de carga para la región del Caribe y la costa Este de los Estados Unidos. Contaba con 8 muelles, en los que manejaba carga general, a granel, contenerizada y buques de pasajeros (Muelle 8). Ambas terminales contaban con patios para contenedores y prestaban servicios de remolcadores, lanchas, suministro de agua potable y bunker y radio comunicaciones.
Fueron esos y otros factores los que impulsaron a PPC a ofrecer una anualidad fija de $22.5 millones, un pago anual del 10% de los ingresos brutos y el 10% del capital accionario al Estado, propuesta que fue decisiva para la adjudicación de la concesión. Pero lejos de honrar lo pactado, en 2002 PPC logró que el gobierno de Mireya Moscoso le borrara los más de $30 millones anuales que había ofrecido pagar al Estado por 25 años.
Otro mito alegado por PPC en su campaña publicitaria es el del pago de apenas $8 millones en concepto de dividendos al Estado, en los 23 años de vigencia de la concesión. Afirma haber pagado al Estado casi $445 millones, pero en su malicioso cálculo incluye lo pagado en concepto de impuesto sobre la renta, seguro social, tasa por movimiento de contenedores y los $102 millones pactados en 2005 mediante la Addenda No. 1 al Contrato.
Si tomamos como válida su declaración de haber obtenido $909.9 millones en ganancias durante esos 23 años, entonces PPC debió haber pagado al Estado casi $91 millones por su participación accionaria (10%), en lugar de los $8 millones cancelados. Gráficamente, PPC recibió en 1997 una mina de oro (la explotación de la posición geográfica de Panamá), y ha devuelto a cambio migajas al país.
Para agravar las cosas, la empresa recibió gran parte de la Isla Telfers para eventual expansión portuaria. Pero en lugar de ello prefirió privilegiar en inversiones la terminal que opera en Freeport, Bahamas. Y ha convertido a Telfers en una gran fuente de ingresos, pues ha arrendado varias parcelas por sumas millonarias a dos empresas de energía, a una tanquería de productos de petróleo y a una empresa de acopio de granos.
En resumen, lo que criticamos a PPC es habérselas ingeniado con apoyo de malos políticos para zafarse de sus compromisos originales, dando migajas al dueño del recurso. Esto debe ser tomado en cuenta, con responsabilidad histórica, al momento en que el gobierno decida si extiende o no la concesión. En caso afirmativo, deberá recuperar las tierras no utilizadas por PPC en Isla Telfers otorgadas con el fin de desarrollo portuario y no para servir de subarrendador del patrimonio de los panameños, exigir el pago de la totalidad de los dividendos y evitar los errores incurridos en el contrato ley original.
El autor es periodista
