“Esta noche murió Jorge Bethancourt, funcionario de Presidencia desde el Gobierno de Lakas. Persona honesta, puntual y discreta siempre, un caballero. No habrá discursos ni resoluciones, pero el Estado se construye con personas como él. Gracias por todo. QDEP”, fue el sentido mensaje que el exsecretario de Comunicación del Estado, Manuel Domínguez, escribiera en una red social hace unos días.
Meritoria carrera la de don Jorge, en un país donde los funcionarios suelen ser desechados con cada cambio de Gobierno, como parte de una nefasta costumbre que echa sus raíces en el inicio de la República -y más atrás-, y que sigue gozando de buena salud para desgracia nacional.
“La política fue la primera y única gran industria en los inicios republicanos. Las élites buscaban controlar el poder para amañar negocios, mientras las masas dependían de los empleos públicos que se ofrecían en cada torneo electoral a cambio del votos. La máquina política movía al país, sin programas ni lealtades, con una gran cuota de cinismo, oportunismo y corrupción…”, explica la historiadora Patricia Pizzurno en su obra, El miedo a la modernidad en Panamá (1904-1930), cuya lectura recomiendo a quienes quieran entender por qué estamos dónde estamos.
Es una larga historia que incluye paradojas asombrosas, como el papel jugado por quien fue sin duda el gran modernizador de Panamá en tantos aspectos -el tres veces presidente Belisario Porras-, pero que a su vez fortaleció el sistema clientelar, formalizando el descuento del 5% a los funcionarios nombrados durante su Administración, para alimentar las arcas del Partido Liberal que comandaba.
Guillermo Andreve, quien ocupara en varias ocasiones el cargo de Secretario de Instrucción Pública -equivalente el actual ministerio de Educación-, tenía una visión muy distinta de lo que debía ser la Administración Pública. Por ello, propuso en 1924 una ley de servicio civil, para que el país contara con una burocracia eficiente y preparada, independiente de los vaivenes políticos. “Si ganaba el partido de la oposición, los empleados públicos eran despedidos, porque la corriente ha sido que dejen el sitio a los leales, que son… los que más han gritado, insultado o adulado”, comentaba Andreve citado por Pizzurno. De más está decir que fracasó en su intento.
En julio de 2019 y tras diez años alejados de las mieles del poder, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) llegó pisando fuerte, como quien toma una plaza tras una guerra y reparte el botín encontrado.
Pasó en todos lados, pero tal vez la institución donde el daño ocasionado por la “necesidad” de colocar en la planilla a la clientela política ha sido más evidente, es el Municipio de Panamá. La pérdida de conocimiento y experiencia fue especialmente dolorosa, porque la alcaldía se había convertido en una institución ciudadana, en la que conceptos tan importantes como la recuperación del espacio público, o el reconocimiento de la diversidad, parecían haber dado inicio a una nueva época de fortalecimiento de una democracia de los ciudadanos.
Y en este lamentable escenario, estos días destaca por haber llegado de última al reparto del pastel, la nueva fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea. Con méritos más que suficientes para ocupar tan importante posición, pareciera estar cumpliendo con una cuota impuesta desde el partido al que le debe el cargo.
En una institución de unos 100 funcionarios, la nueva fiscal de Cuentas ya ha hecho 25 nuevos nombramientos, en reemplazos de la misma cantidad de destituidos -en plena pandemia y sin una pisca de humanidad según consta en la planilla oficial. Mientras escribo estas líneas, me sigue llegando información de nuevas destituciones, que incluyen funcionarios con más de una década en la institución. Veremos hasta dónde llega la cifra final, de lo que ha llamado en una curiosa resolución, “un nuevo modelo de gestión”.
Lamento informarle que no tiene nada de nuevo, y que el juego de palabras solo disfraza la vieja práctica clientelar. Vergonzosa historia que hace inviable cualquier proyecto serio de Nación, o la efectividad de cualquier acuerdo nacional como los recientemente calificados como necesarios por el secretario general del PRD, Pedro Miguel González.
Como decía Eusebio A. Morales durante esas décadas iniciales de nuestra singladura republicana, “el problema se origina en la falta de voluntad de la clase dirigente por modernizar el ejercicio de la política y así convertir a la república en una entidad moral superior”. Y así seguimos.
La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos
