La matanza ocurrida en el pabellón 14 de La Joyita con el desenlace de 15 fallecidos, ha sido el detonante de un problema de vieja data no atendido apropiadamente. A pesar de los avances dados en cuanto a la ley que regula el sistema penitenciario (Ley 55 de 30 de julio de 2003), la carrera penitenciaria (Ley 42 de 14 de septiembre de 2006) y el Decreto Ejecutivo 393 de 2005 que reglamenta el sistema penitenciario, no ha sido suficiente para encarar un problema recurrente que parece de difícil solución.
Por años, la atención a las cárceles no estaba dentro de las prioridades, por lo menos la atención a la nefasta corrupción. Los efectos lo estamos viendo hoy día. Un hacinamiento con más de 17,000 privados de libertad en el sistema, que ubica a Panamá en el No 17 a nivel global y el 3ero a nivel de América Latina, con una de las tasas más altas de privados de libertad por cada cien mil habitantes solo superado por Cuba y El Salvador, muestra el verdadero infierno de Dante en las cárceles del país. Sumado a esto una clasificación de los privados que no cumple con la norma,( clasificación por grupo pandilleril y no por edad, delito cometido, primario o reincidente), una infraestructura que no se adapta a centros de reclusión modernos, la ubicación de los complejos donde hay poblados en su entorno, barreras perimetrales deficientes, es apenas una de las series de falencias que resaltan.
Lo más grave de lo descrito en párrafos anteriores, y que a mi juicio es el melanoma de todo, es la existencia de un cartel que ha propiciado desde hace mucho tiempo, la configuración de una red de corrupción que constituye el talón de Aquiles del sistema. El crimen organizado induce la corrupción en la coyuntura actual. Mientras no se desarticule esa red, llevando a la cárcel a los autores, el problema continuará.
Los lamentables hechos ocurridos en los que salieron a relucir fusiles de guerra, pistolas y revólveres y posteriormente, existencias de caletos de armas, muestra la gravedad del problema. Mi pregunta es: ¿O hay una falta total de protocolos de supervisión y control de lo que entra al centro carcelario? ¿ O el más delicado, la existencia de una pandilla de corruptos ubicados en los perímetros de seguridad externa e interna del complejo?
Es imprescindible una investigación profunda del Ministerio Público que desemboque en la identificación de los que integran esta red, ya sea unidades policiales, custodios o administrativos, testaferros externos, vecinos de los poblados, para que la certeza del castigo salga a relucir. La investigación debe arrojar si lo cometido es por filtración o amenazas.
Si la investigación demuestra culpabilidad de los uniformados, custodios o administrativos, deben pagar con creces el delito cometido. En el caso de la Policía Nacional, sería una forma de depurar la Institución de los que la han deshonrado y un referente de que todo acto tiene una consecuencia.
El señor presidente fue claro. No debe ocurrir jamás esta masacre en ningún recinto carcelario en nuestro país. Por eso la medida inmediata (que no será la única) de llevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permita pasar la operación de seguridad de los recintos carcelarios al Ministerio de Seguridad con la creación de un servicio nacional de seguridad penitenciaria, con una carrera similar a la policía nacional, con un salario digno y una preparación de calidad para dar un nuevo rostro al sistema penitenciario. EL Ministerio de Gobierno se ocupará de la resocialización, la atención integral del privado en ese proceso, con todas las instituciones involucradas, de forma alineadas y coordinadas.
Finalmente, no habrá resocialización sino empezamos por humanizar las cárceles. No habrá reinserción del privado si la sociedad no esté convencida que el proceso de resocialización tiene resultados. Uno de los compromisos del Plan de acción del Buen Gobierno, en el eje de estado de derecho, Ley y Orden, es la construcción de un nuevo centro carcelario que cumpla con los estándares internacionales.
Logrado desarticular la red de corrupción, la judicialización de los culpables y los que cometieron el homicidio esa fecha fatídica y las del futuro, la actualización de la ley 55 de 2003, la ley 42 de 2006 y el Decreto Ejecutivo 393, estaríamos avanzando en la dirección correcta para dar un golpe de timón de lo que se dejo de atender por mucho tiempo. Estaríamos empezando a hacer las cosas bien.
El autor es asesor de seguridad de la Presidencia de la República
