Sin entrar en subterfugios legales que ni entiendo ni me interesan, considero que el criterio básico que debe prevalecer en el tema de las playas es que el interés público debe privar sobre el interés privado. En el caso de Santa Clara, cualquiera que se acerque a la playa se podrá dar cuenta cabal de cuál es la realidad. Existen fincas muy antiguas, con ya más de 70 años de existencia, que han respetado siempre los 22 metros desde la marea más alta exigidos por la Constitución. Por otro lado, existen fincas de muy nueva data que cada día se acercan más al agua.
La última de éstas es una aberración tal que ha sido noticia de primera plana en La Prensa. Quizás el atractivo más grande de la playa de Santa Clara, además de sus ya legendarias aguas turquesa, es lo extenso de la arena; se puede caminar y caminar, casi hasta el horizonte.
De permitirse la existencia de esta nueva finca, el paso quedaría irremediablemente y para siempre obstaculizado por una casa o cualquier otra estructura física que allí se pretenda levantar. También sería imposible bañarse en la playa, pues las olas del mar reventarían contra un muro.
Está claro que la habilidad de algunos abogados de darle vuelta a la ley para quedarse con lo mejor del pastel (la playa, en este caso) nada tiene que ver con la justicia; por el contrario, es un ejemplo fehaciente de la filosofía del juega vivo que amenaza cada día más el desarrollo de nuestro país. Volvemos a lo de la seguridad jurídica en un país donde cualquiera puede hacerse con algo tan preciado como la arena de mar, llenándose los bolsillos en el proceso.
Lo mismo ocurre con los callejones de mar. De cuatro callejones trazados en la urbanización original de Santa Clara, queda solo uno abierto al público. Los demás han sido cerrados y anexados a las fincas colindantes y para bajar al mar por la playa pública –conocida como tal precisamente por ser paso libre para peatones y automóviles– ahora hay que pagar un balboa. Con cientos de personas bajando los fines de semana, calculen ustedes.
Pero lo más triste es la lección que nos queda de todo esto: el honesto siempre pierde, así es la regla en nuestro país. Todos los vecinos originales que, por respeto a las leyes y a nuestros conciudadanos, mantuvimos nuestras cercas retiradas del mar, creando así amplias playas para el deleite de todos, somos los paganinis. De haberlas corrido hacia adelante, no habría adonde demarcar ahora una nueva finca.
Si fuera el caso –que no lo es– que los derechos de una finca pueden prevalecer sobre los derechos establecidos por Constitución de libre acceso al mar, nos podríamos despedir para siempre –todos los legítimos propietario de fincas que colindan con el océano Pacífico y todos los ciudadanos de este país– de un buen baño de playa y del hermoso panorama de litoral costero tan característico de los países tropicales y tan cotizado por la gente alrededor del mundo.
Por algo My Name is Panama ha dejado de ser una referencia a este paraíso por descubrir, cada día más vedado a propios y foráneos, y se ha convertido en sinónimo del afamado juega vivo de nuestros ciudadanos. Al final del día lo que hay que preguntarse no es quién se salió con las suyas, sino quién tiene la razón.
