Uno de los datos públicos mejor guardado por todos los gobiernos es la información de las empresas concesionarias de taxis y de sus dueños. No se publican en ningún lado. Otro tanto sucede con la información de los dueños de taxis, de los certificados de operación o cupos (no los hacen públicos), y de los supuestos famosos estudios de tarifas que son presentados cada cierto tiempo a la ATTT, por los no identificados concesionarios. Todo esto en contravención de la Ley 6 de 2002, sobre la transparencia en la gestión pública.
En pocas palabras, la ATTT se ríe de la ley de transparencia. Sube tarifas, sin hacer audiencias públicas y sin entregar información alguna. Esta opacidad, en una institución del gobierno panameño, usualmente implica que hay cosas en la institución que no se quiere que se conozcan.
Es tan cerrado el dato que, cuando un diputado de la República, Gabriel Silva, le pidió la información a la ATTT, esta no sólo se tardó una eternidad en atenderle, sino que no le contestó quiénes son los concesionarios. Ni uno solo. Ante esta realidad, el diputado Silva volvió a pedir la información, pero esta vez ni siquiera le contestaron.
A raíz de ello, al diputado no le quedó más remedio que ir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar un habeas data. Pienso que la Corte (magistrada María Eugenia López) ordenará a la ATTT entregar la información de los concesionarios. La gran pregunta es si el director de la ATTT lo hará o si simplemente no cumple la orden.
Porque desde que el actual director de la ATTT llegó a su puesto, sus actuaciones y declaraciones públicas han sido de permanente apoyo a las concesionarias. Los defiende como si fueran grandes inversionistas y no unas empresas que reciben una concesión del Estado sin aportar absolutamente nada a cambio, dedicadas únicamente a vender cupos, los cuales, según la propia ley de tránsito, son gratis.
La actuación del director de la ATTT es entendible, porque esa es una institución creada para los concesionarios y para defender sus intereses. Es una de las pocas instituciones del Estado en donde los que regulan son los regulados, ya que estos controlan, por vía de la directiva, la ATTT. A eso hay que sumarle algunos miembros de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea, que se declaran a sí mismos transportistas. Como sabemos que no manejan taxi ni buses, debe ser que son propietarios de las concesionarias de las que nadie sabe quiénes son sus dueños.
La excusa del Estado para regular el transporte público es la de proteger al consumidor y asegurar un transporte de calidad a precios accesibles. Obviamente, esta excusa no es más que eso, porque toda la actuación de la ATTT se lleva a cabo con abstracción de los intereses de los usuarios, que no tienen ningún papel que jugar en dicha regulación.
Un ejemplo de lo anterior es que desde que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho de los consumidores a recibir bienes y servicios de calidad y a la libertad de elección, declarando nula, por ilegal, la prohibición de pago en efectivo del servicio de transporte ofrecido a través de las tecnologías de la información y comunicaciones, popularmente conocido como servicio tipo Uber o Cabify, el director de la ATTT ha estado buscando fórmulas para regular dichas plataformas, obligándolas a formar parte de las concesionarias mafiosas que dominan dicha institución. Y lo ha estado haciendo a espaldas de los usuarios.
Lo cierto es que la regulación de transporte es uno de los mecanismos del clientelismo político que nos agobia y que es protegido con ese fin por gran parte de la clase política (por eso se mantiene tal cual con todos los gobiernos). Ante esta situación, en la Asociación de Consumidores Libres hemos redactado un proyecto de ley, el cual estaremos presentando a iniciativa ciudadana de la Asamblea, con la esperanza de que todos aquellos diputados que quieran iniciar el desmantelamiento del sistema clientelar que nos ahoga, nos apoyen.
El proyecto elimina a futuro la necesidad de concesionarias (reconociéndole su existencia a las que ya existen) y libera el sistema de ese yugo, para que los verdaderos taxistas no tengan que pagar por cupos que son gratis y para que realmente se proteja al usuario con normas de calidad.
El autor es vicepresidente de la Asociación de Consumidores Libres
