La libertad económica de Panamá se está haciendo más estrecha. Los resultados del Informe de Libertad Económica realizado por el Instituto Fraser han sido publicados y la línea de evolución de las calificaciones panameñas está mostrando lo que estamos viendo en la calle: un deterioro constante a fuego lento. De 165 países calificados, donde el puesto 1 es el más libre y el 165 el menos libre, nos encontramos en la posición número 33 para el 2019 (después de haber estado en la 25 en el 2015), por debajo de Chile que se ubica en la posición 29, que de primera vista pareciese satisfactorio para ser tercermundistas, pero que es un planteamiento mediocre y conformista, y más, entendiendo que ocupamos esta posición con una calificación de 7.79 de 10, donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta.
En este índice se evalúan cinco indicadores principales, donde destacamos en dos: acceso a una moneda estable y libertad para el comercio internacional. La administración gubernamental a los aranceles, a las barreras no arancelarias y el control de movimiento de capitales son la razón del segundo y el convenio monetario nos ha salvado en el primero y muchas otras calificaciones ajenas a este índice (ejemplo: calificaciones de riesgo). Los otros tres indicadores son “Regulaciones”, “Tamaño del Gobierno” y “Sistema Legal y Derechos de Propiedad”. Las dos primeras son igual de mediocres a nuestra calificación total y la última es el colmo de la corrupción descarada.
Y me quedo con la calificación que se nos confiere por nuestro sistema legal y los derechos de propiedad, porque no hay país que pueda desarrollarse sin reglas del juego claras, que me permitan a mí, como individuo, saber que mi propiedad privada es mía y no me será arrebatada y que mis contratos serán cumplidos, y si no, la ley se encargue de hacerlos cumplir. Nuestra calificación en los últimos 30 años no ha llegado ni siquiera al 6, ni el 3.0 pela’o por así decirlo. Nuestra ley protege con una mediocridad endémica todo lo mencionado.
El tener reglas claras y un sistema judicial fuerte atrae inversión extranjera íntegra, optimiza la productividad de la mano de obra, mejora la confianza en el consumo de bienes y servicios, aumenta el bienestar y la seguridad individual y social del país; ergo, permitiría también el desarrollo económico de Panamá.
Ni siquiera tengo que mencionar al juega vivo, que es una consecuencia del débil poder judicial panameño. Para manifestar las falencias producto de estas deficiencias, me bastaría con mostrar los indicadores macroeconómicos de Panamá que tienen relación directa (que son casi todos), los cuales fueron unos de los más afectados en toda la región y el mundo. Indicadores que nuestro mandatario aún vende como culpa del gobierno anterior, tres años después de estar en el poder.
Al Estado: Dejen de meter mano en la economía y concéntrense en la seguridad jurídica de nuestro país. Dejen de regular rigurosamente a los emprendedores de pequeños negocios y enfóquense en hacer caer a los corruptos. Protejan la propiedad privada y el trabajo honesto, no les pongan impuestos innecesarios. ¡Disminuyan el uso de la política fiscal, no saben hacerla! Lo que necesitamos es libertad en nuestros bolsillos, no más impuestos por culpa de su intento de estimular la demanda mediante deuda.
Que la oferta y demanda subirá solita si se encargan de garantizar la seguridad física y de propiedad de los agentes. Hacer menos nunca ha sido tan fácil.
El autor es coordinador académico de la Fundación Libertad
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