Los nudos estructurales de la desigualdad

Panamá es un país de lacerantes desigualdades, ya lo sabemos. Pero que la Corte Suprema de Justicia le ponga su sello de aprobado a uno de los muchos ejemplos de esa desigualdad, resulta repulsivo. Y justamente eso es lo que han hecho los magistrados, José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Secundino Mendieta, Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez en su aberrante fallo sobre el derecho de las mujeres pobres a decidir el momento en que quieran dejar de tener hijos. Que quede claro, se trata de un fallo que profundiza las desigualdades, que quedará registrado en la historia local de la infamia.

La inexplicable decisión se produce, además, en medio de una pandemia que ha tenido un especial impacto negativo en las mujeres más pobres. Por ello, resulta doblemente insultante que cinco hombres hayan decidido mantener vigente una injustificable situación de desigualdad entre hombres y mujeres.

Tal como se destaca en el informe Los riesgos de la pandemia de Covid-19 para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la CEPAL y UNFPA, la pandemia ha provocado “la profundización de las brechas existentes entre hombres y mujeres en diversas dimensiones”, en especial “en la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas”. Justamente lo que hace el lamentable fallo.

Pero no solo sorprende la decisión final, sino también los argumentos utilizados para sustentarla. En lugar de contrastar los artículos 3 y 4 de la Ley 7 de 2013, con las normas constitucionales y las convenciones internacionales pertinentes, Ayu Prado, ponente del fallo, decidió contar la historia de la Ley 48 de 1941 que regulaba previamente la esterilización voluntaria. Después de insulsos e irrelevantes párrafos sobre una ley que ni está vigente ni era objeto de examen, llega a la ofensiva conclusión de que la Ley 7 de 2013 “evidentemente representa un avance”, ya que antes se exigía que la mujer que solicitara la esterilización tuviera 33 años, en lugar de los 23 actuales. El irrespeto a las luchas de las mujeres por alcanzar la igualdad y el completo control de su cuerpo es mayúsculo.

En un ejercicio de asombrosa transformación del significado de las palabras, el fallo asegura que los artículos 3 y 4 de la Ley 7, cumplen “con los tratados internacionales que, respecto a la esterilización, han sido ratificados por Panamá”, logrando además “la reducción de la pobreza…”. Por lo visto, los famosos “hechos alternativos” de la era Trump llegaron a la Corte Suprema de Justicia.

Pero las afirmaciones ofensivas continúan. Primero se asegura que nada en las normas demandadas “impide a las mujeres ejercer libremente su sexualidad”, para rematar con aquello de que “… la mujer por sus características físicas y biológicas, específicamente la maternidad, dista mucho de ser semejante al hombre en términos reproductivos…”. Asombrosa afirmación que evidencia un preocupante apego a concepciones y creencias reaccionarias, de parte de esa mayoría que está en la Corte Suprema de Justicia. Confieso mi asombro y gran decepción de que los magistrados Arrocha y Vásquez formen parte de ese horror.

Es realmente penoso que los cinco magistrados que impusieron un fallo de vergüenza ignoren que el ejercicio libre de la sexualidad incluye la esterilización como método anticonceptivo, y que, como señala la magistrada Angela Russo en su salvamento de voto, esos métodos anticonceptivos “…son parte de los derechos reproductivos que le asiste a toda persona…”. Y toda persona incluye a esas mujeres que solo pueden acudir al sistema público de salud.

Afortunadamente, la magistrada Russo no estuvo sola en su oposición a la decisión de la mayoría. La acompañaron las magistradas María Eugenia López, Maribel Cornejo y el magistrado Luis Ramón Fábrega. Todos llegaron a la lógica conclusión de que los artículos 3 y 4 de la Ley 7 de 2013 son inconstitucionales al establecer trato discriminatorio, violar el principio de igualdad ante la ley y desconocer las convenciones internacionales sobre derechos de la mujer y derechos humanos ratificados por Panamá. Algo muy obvio que se negaron a ver cinco magistrados, dejando en indefensión a las mujeres más pobres del país.

Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Cepal, comentaba recientemente que la pandemia profundizaría los llamados nudos estructurales de la desigualdad de género en la región, y que aluden a la carga de cuidado en los hogares, la concentración del poder con participación minoritaria de las mujeres en la toma de decisiones, la brecha digital y financiera, así como mayor exposición a situaciones de violencia.

Bueno, en Panamá, cinco hombres sentados en sus cómodas oficinas decidieron amarrar con fuerza esos nudos. Todo indica que les da miedo la igualdad.

La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos