No hay plata para la carrera judicial, pero siempre hay para los viajes de los magistrados.
No pocas veces hemos escuchado esta frase, que parece haber caído en oídos sordos dentro de la Corte Suprema de Justicia. Mientras solicitan más presupuesto para el Órgano Judicial, mientras acumulan deudas con algunos proveedores, mientras dejan de implementar la Carrera Judicial, los magistrados siguen viajando alrededor del mundo. Sabemos que aun cuando los magistrados decidieran eliminar todos los viajes, seguramente seguirían teniendo grandes necesidades en el presupuesto, pero el mensaje de austeridad tendría mayor credibilidad. La pregunta es si la falta de implementación de la Carrera Judicial es el resultado de la falta de presupuesto o de la falta de voluntad.
La Carrera Judicial es una ley que fue sancionada en el año 2015 y que a la fecha no ha sido implementada en su totalidad. La excusa ha sido siempre la falta de presupuesto. Cada año, los magistrados se quejan de que no les asignan suficiente presupuesto. En el año 2017, solicitaron $274 millones y el MEF recomendó $160 millones. Para el año 2018, solicitaron $332 millones y el MEF recomendó $160 millones. Para el año 2019, solicitaron $325 millones y el MEF recomendó $176 millones. Para el año 2020, solicitaron $250 millones y les aprobaron $166 millones. Sin embargo, también es cierto que el presupuesto del Órgano Judicial ha venido aumentando de unos $40 millones en el año 2000, a casi $100 millones en el 2013. Hoy estamos arriba de $160 millones y todavía nos dicen que no tienen suficiente presupuesto.
Producto de estos recortes sobre los presupuestos presentados, la directiva de la Corte cada año suspende la implementación de la Carrera Judicial. Lo que llama la atención es que el grueso del gasto está en los nombramientos y estos se siguen dando. En 2016, con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio ,se nombraron, sin cumplir la Carrera Judicial, más de 700 funcionarios judiciales, que entraron a trabajar de manera interina, es decir, mientras nombran por carrera a los que deben estar permanentes en esos puestos.
Tampoco existe el Tribunal de Integridad y Transparencia, en el que se investigue, juzgue, defienda y aplique sanciones a las faltas cometidas por los servidores judiciales. Quizás lo más grave es que los jueces interinos saben que su puesto depende de una decisión que puede tomar su superior en cualquier momento. Estas personas son las que hoy están administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. ¿Cómo podemos confiar en los fallos de un juez cuya estabilidad en el puesto depende discrecionalmente de sus superiores?.
Seguramente, la mayoría de esos jueces son profesionales íntegros y capacitados. No es justo con ellos y con los usuarios del sistema que su estabilidad dependa de personas que no han tenido la responsabilidad de implementar la ley que juraron defender. No es justo que sean nombrados arbitrariamente sin un concurso abierto y profesional, liderado por un grupo de personas que cuenten con la credibilidad para tan importante función.
Por esto, es tan importante la escogencia del próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Laurentino Cortizo y su Consejo de Gabinete han liderado un proceso ejemplar en la selección de los próximos magistrados y del Procurador General de la Nación. Este esfuerzo se ha visto recompensado por un optimismo colectivo que no veíamos hace mucho tiempo, pero debemos ser realistas. Entran tres nuevos magistrados y son cinco los que se necesitan para empezar a transformar la justicia. El 2 de enero sabremos qué magistrados están comprometidos con una verdadera transformación de la justicia y cuáles magistrados se encuentran cómodos con un sistema judicial que ha sido calificado como regular y una justicia penal que está calificada entre las peores de Latinoamérica. No podemos pretender resultados distintos si escogemos a los mismos para seguir liderando la justicia.
La autora es miembro de Movin y conductora del programa Sal y Pimienta
