Miscelánea del Istmo…. año 2021

El 24 de febrero pasado, en su carta de renuncia, el hoy ex procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, le confiaba al presidente Laurentino Cortizo y, de paso, a todo el país, que tuvo que trabajar, “con un sistema incapaz de dar soluciones a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez…”. Habló de una responsabilidad i nstitucional –que no personal–, “…. por los últimos hechos que han conmocionado a la Nación panameña, lo que obliga a adoptar decisiones que evidencien esta realidad y que nos lleven, como país, de una manera seria y responsable a la búsqueda de la transformación del sistema, de tal manera que el mismo responda al clamor de justicia de nuestro país”.

Es decir, uno de los funcionarios con más poder en la estructura del Estado decide renunciar a la tarea que prometió cumplir, esperando que su salida del Ministerio Público logre “evidenciar” los graves problemas de la administración de justicia del país. Sorprendentes declaraciones que ameritaban claras explicaciones; pero Eduardo Ulloa nunca las dio.

Solo un día después, también en medio de la misma crisis, la exdirectora de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Mayra Silvera, presentaba igualmente una carta de renuncia que, si bien no le aceptaron en Presidencia –probablemente por ser demasiado explícita–, fue conocida por todos.

La carta de renuncia que no fue es también una descripción del descalabro institucional que estamos enfrentando: “lamentablemente no cuento con la infraestructura, el equipo, ni el apoyo para hacer frente a los problemas que han conmocionado a toda la Nación…”.

La nota debió causar una revolución en Presidencia, para que la funcionara que había identificado el camino a seguir, lograra los apoyos necesarios. Era lo lógico, pero no fue así.

Por el contrario, Presidencia produjo otra carta de renuncia, de esas que no explican nada, y que la exfuncionaria tuvo que firmar el 3 de marzo. ¿Qué está pasando estos días en la Senniaf?

Nadie sabe a ciencia cierta.

Ese mismo día, 3 de marzo, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, acudía a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar un traslado de partidas, haciendo evidente su frustración. “… Muchos jueces se rehúsan a migrar al sistema penal acusatorio porque prefieren quedarse en sus reinos: los juzgados….”.

Los relatos del magistrado presidente de la más alta corporación de justicia del país son francamente de espanto: jueces que no realizan las notificaciones que permitan avanzar en los procesos, provocando que se acumulen los casos paralizados; supuestos procesos de “descongestión” que se han convertido en otro “anquilosado fenómeno del sistema”; depósitos de expedientes desatendidos, y un largo etcétera. “Gracias a Dios voy de salida…. cuento los días”, remató el magistrado Fábrega.

El fin de semana pasado, Panamá entero escuchó un audio del decano de la Facultad de Medicina, Enrique Mendoza, en el que narraba cómo la institución académica que dirige, así como las comisiones de Certificación Básica en Medicina y Nacional de Docencia habían sido objeto de presiones y represalias por parte de funcionarios del Ministerio de Salud.

Ya sabemos que el objetivo era rebajar el puntaje requerido para la aprobación del examen de certificación que da paso al internado de los graduados. Ya sabemos que las presiones denunciadas por el decano tienen conexión directa con la Asamblea Nacional.

Ya sabemos que, para algunos diputados, los altos estándares que ha establecido la Facultad de Medicina de la universidad pública del país, son “privilegios”. La crisis aquí no puede ser más gráfica.

Pero no se trata solo del grave deterioro de las instituciones del Estado; el descalabro parece estar tocándolo todo, como lo evidencia lo sucedido hace unos días con algunos miembros de clubes cívicos en el proceso de vacunación.

Afortunadamente aquí, la reacción y el rechazo fue inmediato desde las mismas organizaciones.

Al respecto, la Comisión Nacional Pro Valores emitió un comunicado que, entre otras cosas, señala que “lo que procede con estos malos miembros de Clubes Cívicos es procesarlos y sancionarlos de acuerdo con lo que establezca el estatuto de cada Club…”.

Y así estamos en esta versión actualizada de la Miscelánea del Istmo, en este año dos de una pandemia que ha desnudado completamente nuestras miserias.

Y aunque sin duda son muchos lo que cada mañana se levantan a dar lo mejor de sí en estos tiempos difíciles –las enfermeras que nos están vacunando, por ejemplo–, cada vez parece más cerca y más grande el pozo de fango maloliente que amenaza con tragarnos a todos. Empezar el proceso de saneamiento será complicado, pero no podemos seguir hundidos en él.

La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos