Desde marzo de 2020, organismos internacionales emitieron informes de alerta sobre los riesgos que vivían las mujeres debido a las medidas sanitarias para contrarrestar la pandemia por la Covid-19. Esto incluía el riesgo de incremento de la violencia de género, con énfasis en la violencia doméstica, la explotación y el abuso sexual. Otras investigaciones también reseñaban que en el pasado estos riesgos se habían materializado en menoscabo de la vida e integridad de niñas, adolescentes y mujeres, ante las epidemias del zika y el ébola.
Un monitoreo realizado desde el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales permitió observar que, de los doce tipos de medidas anunciadas por los Estados, las tres primeras estaban vinculadas a violencia de género. Esto coincidía con el rastreador Global de Respuestas de Género a Covid-19 del PNUD y ONU Mujeres, que destacaba que hubo 277 medidas de este tipo adoptadas por los gobiernos del continente americano.
Las medidas más comunes guardaban relación con campañas de prevención de la violencia de género y con información sobre qué hacer en caso de ser víctima de ésta. En su mayoría, estas campañas se difundieron mediante redes sociales, sin considerar las barreras socioeconómicas y las brechas digitales que limitaban una difusión más amplia en la población.
Esto podría contribuir a explicar por qué, pese a los esfuerzos estatales, los resultados de investigaciones cualitativas emergentes y los que proporcionan algunas herramientas, sugieren que ha habido un incremento de la violencia hacia las mujeres durante y después del confinamiento en la región.
La herramienta #GraphForThought del PNUD, que registra la cantidad de llamadas de auxilio realizadas en 8 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y República Dominicana), indica que -salvo en República Dominicana- el volumen de las llamadas aumentó entre 32% y 127%, a partir de marzo de 2020, cuando iniciaron los confinamientos, y se mantuvieron altas después de que fue cancelado. El caso de Panamá no fue distinto, según reportes del Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio Público.
Esta situación demanda que los Estados redoblen los esfuerzos necesarios para evitar que sean las mujeres quienes carguen con el peso de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Su vida, seguridad e integridad deben ser protegidas ahora y siempre.
La autora es investigadora del CIEPS e integrante de Ciencia en Panamá
