Semana tras semana, en los programas de televisión y medios de comunicación escritos y radiales siguen los grupos izquierdistas amenazando con: “acciones articuladas y movilizaciones sociales para auto convocar una Constitución originaria, que solo es posible a través de una asamblea constituyente originaria con ilimitados poderes, que le permitirá al pueblo refundar el país”. Este procedimiento no se halla en la actual Carta Magna y, por lo tanto, sería inconstitucional. Pretenden suplantar los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– por una supuesta “asamblea nacional de constituyentes”, cuya legalidad y conformación se desconoce, y cuya legitimidad recae en el imaginario hecho de que sus integrantes serían “verdaderos representantes del pueblo, quienes ostentarán total autoridad para que barran la institucionalidad podrida y funden una nueva República” , y añado: para crear un nuevo modelo económico que suplante el de libre empresa por uno de corte socialista y populista, similar al de Cuba y Venezuela (En mi concepto, sería un vulgar golpe de Estado).
Confío en que mis conciudadanos estén bien conscientes de que los extremos son siempre sumamente peligrosos, por tal razón, la autoridad de los gobiernos, al igual que la soberanía de los pueblos, no puede ser ilimitada. Por lo tanto, el poder del Gobierno y los derechos individuales de los ciudadanos tienen que ser debidamente restringidos o tendríamos una dictadura o una total anarquía. He allí la importancia de hacer algunos ajustes cada tantos años y actualizar nuestra Constitución democrática, para que le otorgue legitimidad al gobierno electo por mayoría de votos y garantice un Estado de derecho a sus ciudadanos.
Pero también resulta fundamental reforzar el principio de la separación de los poderes, tal como destaca el catedrático Harley Mitchell en su obra “Instituciones del Estado Democrático de Derecho”. El doctor Mitchell establece la importancia de una real separación de los tres poderes del Estado, independientes uno del otro, y sometidos al juego de pesos y contrapesos, para evitar arbitrariedades y garantizar las libertades individuales de los gobernados.
Lastimosamente, en la actualidad no tenemos debidamente establecidos en nuestra Carta Magna dichos pesos y contrapesos ni una clara división del poder público; tampoco limita con precisión las importantes funciones que le corresponden desempeñar a cada una de nuestras autoridades ni se esclarecen los términos de los derechos individuales de los ciudadanos; sino observemos la actual desvergüenza y cinismo que ostentan en las cortes los supuestos derechos de los victimarios sobre el derecho de sus víctimas.
Por otra parte, debemos también estar claros y tener mucho cuidado de no aspirar a tener una democracia demasiado pura ni otorgarle al Tribunal Electoral demasiada independencia, ya que existe el peligro de que la voluntad de una supuesta mayoría proyecte hacer justo lo que es a todas luces injusto.
Una democracia sustentada en buenas instituciones públicas, un gobierno representativo democráticamente electo, honesto, transparente y un sistema jurídico que sea capaz de aplicar bien la ley y de castigar la corrupción, la impunidad y la anarquía existente es básicamente lo que la gran mayoría de los panameños deseamos.
Hoy estamos repletos de leyes y decretos que no se cumplen o que se cumplen selectivamente, rectificar estos entuertos es el verdadero reto que tenemos los panameños por delante. Propongamos y discutamos los cambios constitucionales mediante la fórmula legítima, rápida y menos traumática que nos permite la actual Carta Magna y que el gobierno en los próximos meses llevará a consulta popular.
Escuchemos opiniones de personas idóneas, leamos y analicemos los cambios sugeridos, opinemos y votemos en el referéndum con discernimiento propio, no por una dádiva pasajera. Esta gran nación, nuestros hijos y nietos merecen un futuro mejor, ameritan que usted y yo le heredemos unas buenas bases normativas para gobernar un país democrático, libre, justo y solidario.
El autor es empresario