Otra oportunidad para la transparencia

Que las palabras se las lleva el viento, ya lo sabemos. Que ser consecuente no es tarea fácil -especialmente en el complejo mundo de la política-, es evidente. Sin embargo, el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, se lleva la palma en aquello de decir una cosa y hacer otra.

En aquel emotivo discurso de toma de posesión el 1 de julio de 2019 -cuando hizo alusión con orgullo a su origen “forjado en el barro y el sudor del hombre de la campiña”-, prometió empeñarse en “la defensa de la institucionalidad, la transparencia y la modernización de esta corporación…”, refiriéndose, por supuesto, a la Asamblea Nacional.

En lo que parecía un sincero compromiso del novato diputado, Castillero convocó a sus colegas de todas la bancadas, “…a asumir una conducta honorable y transparente…”. Los invitó, dijo entonces frente a reyes, mandatarios, monseñores, invitados especiales y autoridades electas, “a hacer los cambios necesarios al Reglamento Interno para hacer transparentes las votaciones en el pleno, y que la sociedad se entere de cómo hemos votado en cada decisión que se adopte”.

Con voz firme y decidida, el recién estrenado presidente del Órgano Legislativo hizo público entonces un importante compromiso. “… una de las primeras tareas que emprenderemos en los primeros 100 días de esta legislatura, será la reforma del Reglamento Interno, incorporándole todo los procedimientos y las normas de una Asamblea transparente, moderna y eficiente…”. Su propuesta, explicó, estaba en sintonía “con quienes reclaman mayor transparencia…”.

Bueno, siete meses más tarde, los hechos hablan por sí solos. Ni nuevo Reglamento Interno con los “procedimientos y las normas de una Asamblea transparente, moderna y eficiente”, ni ocho cuartos. Por el contrario, hace apenas unos días inició el debate sobre el tema, con el lamentable espectáculo de siempre.

Aquel 1 de julio de 2019, el diputado Castillero también prometió que la Asamblea Nacional recuperaría “la función de mediación entre la sociedad y el Estado, para que los grupos vulnerables de la sociedad sepan que tienen en el Parlamento un escenario donde, además de expresarse, serán escuchados”.

Y como todos sabemos, si no interviene el presidente Laurentino Cortizo y sus ministras mediadoras, quién sabe cómo habría terminado la batalla campal en que se convirtió el fallido debate de las reformas constitucionales. La “función de mediación” prometida, también se la llevó el viento.

Si el señor presidente de la Asamblea ha intentado cumplir su promesa y no ha logrado el apoyo de sus camaradas de partido, es algo que no sabemos. Lo que sí hemos visto es su cara burlona y complaciente, mientras sus colegas se burlan de otros ciudadanos y otros colegas. Lo vimos poner restricciones al ingreso a la Asamblea y utilizar a la fuerza pública para alejar a los jóvenes que dieron una lección de dignidad al país. Lo que hemos visto, es la acción lamentable de otro diputado.

Por todo ello, no resulta nada extraño que en el Boletín de Diputados lanzado esta semana por la Fundación Espacio Cívico –con el apoyo de una serie de organizaciones que trabajan para fortalecer la democracia– el señor presidente de la Asamblea saque un bochornoso 1.9 como nota, donde 1 es la peor calificación, y 5 la mejor.

No se trata de una apreciación subjetiva de nadie. El boletín –como los que reciben los estudiantes– recoge datos objetivos de los 71 diputados, de fuentes oficiales como el Tribunal Electoral, la Contraloría General, la Asamblea Nacional y las páginas de los propios diputados. Los datos incluyen la asistencia al Pleno y las Comisiones, los gastos de Planilla, viajes y viáticos, la Declaración de Patrimonio y de intereses, los donantes de campaña y la gestión legislativa. Si no hay información, se obtiene mala nota. Simple.

Ahora, con esta nueva herramienta (ver www.espaciocivico.org), el presidente de la Asamblea tiene una nueva oportunidad de enmendar la plana y tomar la senda de la transparencia que prometió en julio de 2019. ¿Será que la aprovecha? ¿Será que todos los diputados que reprobaron la aprovechan?

La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos