A esta altura de la evolución, control y administración en Panamá de la pandemia de la Covid-19, es oportuno dilucidar -para beneficio general- algunos elementos que no deben permanecer confusos o controvertidos.
Es evidente la interconexión de la crisis sanitaria con todos los demás órdenes de la sociedad y vale la pena exponer de manera especial el papel que en esto ha jugado la industria aseguradora del país. He escuchado excelentes comentarios sobre las empresas aseguradoras que no vacilaron en indemnizar más de $100 millones de hospitalizaciones y decesos atribuibles a la Covid-19. Es una cantidad impactante y debo suponer que no habrá sido la única inesperada alteración registrada en sus operaciones: como efecto dominó, la pandemia seguramente afectó negativamente el valor de sus activos, el flujo de efectivo y el rendimiento de inversiones. Todo esto y más, debido al cese de la actividad económica en el país y a la caducidad de pólizas por pérdida de ingresos de asegurados particulares y clientes potenciales.
¿Qué espera a las aseguradoras en el futuro? Los seguros funcionan con base en la ley de los grandes números y el cálculo de las probabilidades. Para que estos principios sean representativos actuarialmente, los riesgos deben ser previamente identificables, homogéneos, evaluables, segmentados e independientes entre sí, y tienen que conformarse con factores de tiempo, geografía y prevención, entre otros. Está claro, entonces, que una pandemia (de naturaleza desconocida previamente, extendida mundialmente y afectando a poblaciones en forma diversa y simultánea), será siempre una grave desviación estadística para cualquiera aseguradora por carecer de estas características. Se trata, ni más ni menos, de un evento fuera del ámbito de las expectativas.
Por ser tema peligrosamente especulativo, ni ha sido ni será viable convertirla en riesgo autónomo asegurable; la pandemia de la Covid-19 es una manifestación compleja de los riesgos sistémicos e incluye nocivos elementos de sorpresa y de ausencia de iguales cuantías para todos los afectados. Que una aseguradora, debido a elementos impulsores subyacentes desconocidos o subestimados, no pueda cumplir sus obligaciones, podría dar lugar a que otros participantes del sistema tampoco lo puedan hacer, poniendo en peligro la estabilidad del sistema financiero y exponiéndose a la pérdida de las vitales calificaciones de riesgo de entidades internacionales como AM Best, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings.
Lo que parece quedar en el horizonte para las empresas aseguradoras es harto complejo, por cuanto tiene implicaciones importantes para sus condiciones financieras. Vale la pena adelantarse no solo a analizar riesgos y gestión de crisis, sino también a examinar estructuras de costos, rendimiento de activos y revisión de negocios débiles que deben reforzarse o eliminarse. Es obvio que la pandemia, que hasta hoy ha sido manejable en este sector, habrá de modificar sustancialmente el comportamiento tanto de los consumidores como de los proveedores que se sirven de esta industria. Específicamente, en el campo de los seguros de salud, debemos prepararnos para la posible emergencia de futuras pandemias y para los nuevos efectos imputables a la Covid-19, y, tal vez, pensar en la posibilidad de apoyar coberturas de salud -en caso de epidemia o pandemia- con exoneración de copagos y deducibles durante un tiempo costeable debidamente calculado.
Recibir atención del sistema público de salud sin límites ni discriminaciones es uno de los derechos fundamentales insustituibles consagrados en la Constitución. También es responsabilidad del Estado garantizar una adecuada vigilancia, control, gestión y respuesta a los riesgos para la salud, incluyendo los brotes de enfermedades transmisibles, no importa su origen o extensión, y de la ciudadanía, cumplir rigurosamente las medidas dictadas para no contagiar a los demás. El seguro privado, con su función complementaria, ha sido sin duda un apoyo invaluable para la gestión oficial en esta grave emergencia sanitaria, al igual que lo han sido numerosos grupos empresariales, profesionales y sociales organizados.
Transitando un camino harto difícil y a pesar de muchas reclamaciones sin respuestas, estimo que el Estado ha asegurado la atención sanitaria requerida para hacerle frente a la Covid-19. Está cumpliendo y seguirá siendo su obligación ineludible combatir las enfermedades epidémicas como también anticiparse a sus consecuencias negativas y a la degradación del entorno social. Visto así, los aplausos van para los que personalmente cumplen con su deber de hacer frente a la crisis y a los que responsablemente evitan la propagación del contagio.
El autor es expresidente de la Asociación Panameña de Aseguradores
