Recientemente ha sido publicado por el International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), los denominados “Pandora Papers”, una masiva filtración de documentación de despachos de abogados que relaciona a políticos, empresarios, artistas y deportistas con sociedades o fideicomisos en jurisdicciones “opacas” o usualmente denominadas “Paraisos fiscales”.
Este artículo lejos de defender nuestro anticuado sistema societario, que desde hace años ha perdido competitividad frente a las ventajas de arquitecturización societaria y los servicios conexos integrados que se ofrecen en Estados Unidos y en jurisdicciones de la Unión Europea. Mi objetivo es plantear una propuesta de enfoque nacional frente a un objetivo más común: como logramos salir de listas que nos categorizan como “jurisdicción no cooperadora” y crean un lastre reputacional que aleja a la inversión de nuestro territorio.
En primer lugar, sin tratar de criticar la publicación de ICIJ por la forma en cómo obtuvieron sus datos, pues ello poco le importa al lector. Sí puedo concluir que la publicación con un tinte sensacionalista carece de un análisis contextual, con bases cronológicas y quizás con un componente aspiracional, típico del periodismo investigativo de querer revelar las artimañas y escándalos, pero desde la completa ignorancia legal y tributaria.
La evasión fiscal es un problema global con efectos colaterales que obligan su persecución. El blanqueo de capitales es el medio para introducir dichos fondos ilícitos a sistemas financieros formales creando ventajas y en peores circunstancias apoyando a la industria del crimen organizado en sus actividades. Con fin ilustrativo, es desde 1998, con el reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), denominado “Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue”, que se fueron dando bases al desarrollo de sistemas de control y monitoreo para ambos temas con un enfoque global basado en la cooperación no sólo entre Estados, sino que amplificaran la intercomunicación entre actores privados y públicos.
Desde aquellos años, más de una decena de jurisdicciones se mostraron como objetores persistentes defendiendo sus modelos de sistemas legales y financieros basados en la confidencialidad, otras gradualmente empezaron a comprometerse y otras no dudaron en aplicar el esquema de buenas prácticas propuesto. Las listas de jurisdicciones “no cooperadoras” surgen como un instrumento de presión para que las jurisdicciones que defienden sus sistemas legales y financieros iniciaran a adquirir compromisos de recaudación de información, reporte y fiscalización a sujetos obligados financieros y no financieros para facilitar la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
Ahora, ¿cuál es el problema con los “pandora papers”? Estos no toman en cuenta ninguno de los cambios legislativos ni en la jurisdicción opaca ni tampoco determinan la categorización jurídica en la jurisdicción del nacional acusado de poseer compañías offshore, denuncia la constitución de sociedades en 1996 o los 2000, sin tener en cuenta que en aquellos años no teníamos las herramientas para verificación de antecedentes, que no había esquemas de cooperación interinstitucional e intersectorial que permitiera comparar datos o emitir alertas de sospechas, ni advierte de la inexistencia de registros de beneficiarios finales ni de otro centenar de medidas que gracias a la tecnología se han podido incluir en normas regulatorias y se ha permitido el acceso común a empresas de todos los tamaños a dichos servicios sin que ello implicare las inversiones enormes que se requerían previamente. Es quizás la mención excesiva de cómo se permitía aquello en 1996, pero casi ocultan cómo después de 2010 con esquemas de cooperación, reportería como CRS o FACTA, uso de herramientas de cumplimiento se empezaron a cerrar cuentas, hacer reportes de actividad sospechosa (ROS), disolver sociedades y renunciar como agente residente.
Hoy por hoy, gracias a la apertura de datos de instituciones públicas a través del open data, puedo consultar vía API datos sobre una persona en segundos durante un proceso de Conoce a tu Cliente (KYC) cuando antes eso duraba meses o era casi imposible que entregaran la información, con las bases de datos cooperativas donde otros actores empresariales advierten de estrategias de fraude o blanqueo es posible desarrollar mejores estrategias de identificación, prevención y mitigación. Esos avances son fundamentales para la persecución efectiva de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
Como país tenemos un reto de salir de la lista de jurisdicciones “no cooperadoras” y la respuesta no está en seguir creyendo un número indeterminado de normas, pues las normas ya están. Empezar por crear una cultura nacional de cumplimiento es un paso inicial para reforzar bases de la relación de “sujetos obligados” y reguladores, en donde los primeros usualmente se encuentran a diferencias agigantadas de los segundos. Lo segundo es implementar -adecuadamente- las normas hasta ahora aprobadas y asegurar su eficacia, dado que mientras los costos de cumplir y los costos de fiscalizar sean excesivamente altos por las deficiencias de recurso humano, tecnológico y organizacionales seguiremos teniendo normas de adorno.
Creo yo que los Pandora Papers son la menor de las preocupaciones reputacionales, pues reflejan una vieja práctica con normas aún más débiles o inexistentes no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. No podemos juzgar con el conocimiento de hoy, las acciones de hace dos décadas. Me preocuparía si la investigación demostrara que la mayoría de los sujetos regulados estuvieran incumpliendo hoy día con los reportes CRS/FACTA, que no reportaran actividades sospechosas a la UAF o se negaran a cooperar con autoridades extranjeras ante la solicitud de información que por ley deben recabar y suministrar. Como país debemos focalizar esfuerzos y recursos contra la corrupción que mantiene secuestrando a las autoridades judiciales que ponen en duda nuestra capacidad de cumplir o de cooperar, sin ello, cualquier esfuerzo para salir de las listas será fútil sin menoscabar el nombre “Panamá” seguirá oliendo “mal” para muchos inversionistas que temen a la mancha reputacional.
El autor es director de Cumplimiento Corporativo.
