Una madre peruana escucha una advertencia del juez de familia que atiende su caso: o se acuesta con él o pierde la custodia de sus hijos. Una mujer intenta sobrevivir tras el paso de un ciclón en Mozambique, pero como no tiene dinero para obtener comida, paga con sexo. Tres hombres que buscan asilo, temen ser deportados a menos que permitan que un funcionario noruego los explote sexualmente. Un estudiante en una universidad de Estados Unidos, recibe de su profesor una propuesta de mejorar sus notas a cambio de sexo.
En tiempos de pandemias, miedos e histerias, conviene no olvidar que en el mundo existen miles de personas que siguen sufriendo otros dolores y otras angustias, como consecuencia del abuso de poder y de una forma muy específica de corrupción que ha sido denominada “sextorsión”.
Se trata de un tema que Transparencia Internacional (TI) -la organización que combate de forma global la corrupción desde 1993- ha querido visibilizar mediante un informe llamado Rompiendo el silencio sobre el fenómeno de sextorsión, hecho público recientemente (transparency.org).
La “sextorsión” -unión de las palabras sexo y extorsión- sucede cuando una persona utiliza su poder derivado de su cargo o posición, para explotar sexualmente a quienes dependen de sus decisiones.
Esta forma de corrupción ocurre tanto en países desarrollados como en aquellos que tienen mucho camino por andar en la senda del desarrollo, afectando niños y adultos, así como grupos vulnerables (como migrantes indocumentados). Los datos obtenidos por la investigación de TI revelan que las mujeres -por supuesto- son especialmente vulnerables a esta forma de corrupción, así como los miembros de la comunidad LGBT.
Por mucho tiempo la “sextorsión” permaneció como una forma silenciosa de corrupción, alejada de las discusiones internacionales sobre el fenómeno. Afortunadamente, eso ha cambiado. Esta clase de abusos empiezan a ser estudiados e identificados como otra forma de violencia de género, que deja en evidencia la relación entre poder, sexo y corrupción.
A diferencia del impacto y el costo de la corrupción que ha sido objeto de muchos estudios y análisis, el efecto y las consecuencias que tienen los casos de “sextorsión” necesitan aún mayor investigación y análisis. Por el momento, sin embargo, los relatos que sustentan la investigación de TI dan cuenta de enormes efectos negativos en las víctimas, incluyendo embarazos, abandono de estudios, pérdida de trabajos, efectos sicológicos o pérdida de acceso a los servicios públicos para evitar mayores abusos. Es una verdadera tragedia para quien lo padece.
En el caso de Panamá, el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe, publicado en septiembre de 2019 por la Fundación Libertad Ciudadana (capítulo panameño de TI), reveló importantes datos. Por ejemplo, el 61% de los encuestados consideran que los casos de “sextorsión” se producen ocasionalmente (25%) o con frecuencia (36%). Es decir, se trata de situaciones que forman parte de la cotidianeidad de muchos en este país. (Ver libertadciudadana.org).
A pesar de todos los efectos negativos, las normas que combaten la corrupción – allí donde existen- no suelen incluir de forma explícita la criminalización de la coerción en temas sexuales como una forma de soborno, abuso de autoridad y corrupción en general.
La corrupción suele ser analizada como parte de delitos financieros o apropiación de recursos públicos, y no existen fórmulas que la vinculen con los sobornos mediante extorción sexual. Se trata de un nuevo reto en el necesario proceso de modernización del marco legal para enfrentar las múltiples formas de corrupción.
En Panamá, ya lo sabemos, la lista de pendientes en ese campo es enorme. Aún no llegan a la Asamblea Nacional las prometidas reformas legales en materia de conflictos de intereses, la actualización de la legislación sobre declaración de bienes -para detectar los tan comunes enriquecimientos no justificados de funcionarios-, la protección de denunciantes, la revisión del Código Penal para aumentar las penas de los delitos relacionados con corrupción, entre otras reformas que esperan mejores días.
Ahora, a esos pendientes se suma la necesidad de crear y aprobar un marco regulatorio que identifique y castigue esta forma de violencia sexual que está generalmente vinculada a la obtención de un servicio público y al poder. Es otra forma de corrupción que urge identificar y castigar.
La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos
