El 20 de junio de 1996, los medios reportaban que el gobierno de Ernesto Pérez Balladares había adjudicado la concesión para la administración, desarrollo y operación de los puertos de Balboa y Cristóbal al consorcio integrado por la japonesa Kawasaky y la estadounidense Cooper T. Smith. El factor clave, según detallaba la agencia IPS, era la anualidad fija pactada: el consorcio pagaría al Estado una anualidad de $10 millones, más el 9% de los ingresos por manejo de la carga contenerizada y el 7.5% de la carga a granel. Además, el Estado tendría una participación de 10% del capital accionario, y la empresa destinaría $75 millones para liquidar a los obreros portuarios.
Para entonces, la industria marítima ya visualizaba a Panamá como hub logístico regional, sustentado en la conectividad del Canal con más de 140 puertos en todo el mundo. Al conocer la adjudicación, Hutchison Port Holdings hizo una propuesta mucho mejor. El 29 de julio la ministra de Comercio e Industrias, Nitzia de Villarreal, anunció que “definitivamente” el gobierno había decidido otorgar la concesión a HPH por haber propuesto pagar una anualidad fija de $22.2 millones, más el 10% de los ingresos brutos. “Si usted multiplica esa cantidad por 25 años, que es el término de la concesión, va a ver que estamos hablando de billones de dólares que hubiésemos podido perder si no tomamos esta decisión”, justificó la ministra.
Fue esa oferta lo que determinó que se otorgase el contrato a PPC, subsidiaria de HPH. La concesión fue aprobada por la Asamblea mediante la Ley 5 de enero de 1997, por un periodo de 25 años que vence en enero de 2022. Pero en acto reprochable, PPC aprovechó la “equiparación portuaria” dictada en 2002 para los puertos de Manzanillo y Colon Container Terminal, para exigir que se le aplicara igual trato, a pesar de que las condiciones en que recibió los puertos eran muy diferentes a las de MIT y CCT. En efecto, PPC recibió activos por más de $1,000 millones en plena generación de ingresos, mientras que MIT y CCT recibieron terrenos baldíos.
Actuando de forma inconstitucional, el gobierno de Mireya Moscoso modificó el contrato ley de PPC mediante Resolución Ejecutiva, relevando a PPC de la anualidad fija de $22.2 millones y del pago del 10% de los ingresos brutos. En este caso, a mi juicio, se violó flagrantemente la seguridad jurídica del Estado panameño, en complicidad con el gobierno de turno, privando al Estado de cerca de $1,000 millones durante el resto de la concesión.
La propia PPC reconoció que la equiparación violó la Constitución cuando suscribió en 2005 la Addenda No. 1. Tras aceptar la derogatoria de la Resolución, la empresa reconoció que “el Estado tiene derecho a una contraprestación adecuada por haber entregado a la empresa puertos en operación y por las infraestructuras otorgadas en concesión”. La contraprestación pactada, por un monto de $102 millones, fue muy inferior a los $1,000 millones que el Estado hubiese recibido vía la concesión original.
Pero era apenas el comienzo de una injusta relación. A diferencia de las demás empresas mixtas, PPC se reservó el derecho a retener los dividendos sobre las ganancias (10%) que le correspondían al Estado, bajo el pretexto de “reinvertirlos”. Y a pesar de su alta rentabilidad (39%), no fue hasta 2015 – 18 años después de iniciar operaciones – que pagó un exiguo dividendo de $1 millón. En 23 años, PPC apenas ha pagado al Estado $8 millones de una ganancia declarada de $909.9 millones. En conclusión, la multinacional ha explotado nuestra posición geográfica, entregando a cambio migajas al soberano; práctica que los expertos denominan “abuso de mayoría”.
Pero la historia de esa desleal relación no termina allí. Aunque en su costosa publicidad, PPC afirma impulsar el desarrollo del país como hub logístico, lo cierto es que ha hecho justamente lo contrario. En efecto, se ha ocupado de bloquear los proyectos portuarios del gobierno como parte de su Estrategia Logística, a fin de mantener el monopolio en el litoral Pacífico. Cuando en 2008, el gobierno impulsó el megapuerto de Farfán, PPC interpuso demandas legales que detuvieron el proyecto. Y cuando en 2015 la Autoridad del Canal propuso el desarrollo del puerto de Corozal, interpuso un rosario de demandas que dieron al traste con el proyecto.
Al respecto, el prestigioso economista Guillermo Chapman comentaría en TVN (Radar, 7 de febrero de 2021) que la actitud de PPC hacia Panamá “no ha sido muy amistosa”, señalando que ella se ha opuesto a la estrategia marítima nacional. Citó como ejemplo, las 19 demandas interpuestas contra el proyecto portuario de Corozal, y añadió: “en estas condiciones, ningún operador portuario va a atreverse a desarrollar proyectos en el lado Pacífico del Canal”.
Por eso sorprende que el Contralor haya afirmado que PPC pasó la auditoría de cumplimiento que le hizo su despachoacto que el expresidente Pérez Balladares calificó de “vergonzoso”. Ante la exigencia de la empresa de que se respete la seguridad jurídica, extendiéndole el contrato por 25 años más, el gobierno debe asesorarse con expertos en derecho internacional para establecer si, con semejantes antecedentes, la empresa puede exigir la extensión automática del contrato. Recordemos que esa extensión está subordinada al cumplimiento de “todas sus obligaciones básicas” del contrato”, cosa que – como hemos visto -- no ha ocurrido.
El autor es periodista
